Tuffic Esma Xacur
Expediente 4231/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 4231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2022
Partes del expediente
- Tuffic Esma Xacur
- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión . .
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
EN NUEVE DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:" Ciudad de México, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la última sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia por la que se sobreseyó, negó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el juicio, ha causado ejecutoria. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que este juzgado concedió el amparo y protección y que del análisis del décimo primero considerando de la misma se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO PRIMERO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y en razón de que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten: a) Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince: ************ Lo anterior, en razón de que el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince; y, c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Todo lo anterior, en el entendido de que: Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese; personalmente a la quejosa. ", DICTADA EN EL JUCIO EN QUE SE ACTÚA A LA QUEJOSA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado vía juicio en línea por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo del oficio por el que este juzgado le remitió el original y copia del oficio de agravios, así como el juicio de amparo en que se actúa, e informa que lo registró con el número 1537/2022. De igual forma, hace del conocimiento su determinación en el sentido de declararse legalmente incompetente para conocer del asunto por las razones que expone; de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos las razones signadas por las actuarias judiciales adscritas a este órgano jurisdiccional, mediante las cuales manifiestan la imposibilidad que tuvieron para notificar personalmente a la empresa quejosa del juicio de ampro 761/2015, **********, promovente del juicio de amparo 757/2015 y **********, quejosa en el amparo indirecto 764/2015, respectivamente el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, así como la resolución emitida por la Superioridad, por los motivos que en ellas se exponen. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación antes mencionada así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, situación que prevalecerá hasta en tanto se señale nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese; por lista a las quejosas **********, respectivamente el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, así como la resolución emitida por la Superioridad y en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
EN DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LA EJECUTORIA DICTADA EN EL TOCA 904/2017 DICTADA POR EL PLENO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON SEDE EN CULIACÁN DE ROSALES, SINALOA, ASÍ COMO EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 1642/2015 Y ACUMULADOS, A LA PARTE QUEJOSA (3866/2015), QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto; y que por Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se está en condiciones de reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. En consecuencia, se tiene por recibido el oficio número 162/2022 proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán Rosales, Sinaloa, adjunto al cual se devuelven en un tomo los autos originales del juicio de amparo indirecto 1642/2015 del índice de este juzgado auxiliar, así como también los del toca relativo al amparo en revisión 390/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora del que deriva el Expediente Auxiliar 904/2017 Materia Administrativa del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán Rosales, Sinaloa. Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente al Tribunal Colegiado oficiante, en razón de que expresamente no solicitó el mismo. Asimismo, dado que en los autos del toca relativo al amparo en revisión 390/2017 del índice del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora del que deriva el Expediente Auxiliar 904/2017 Materia Administrativa del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán Rosales, Sinaloa, se encuentra glosada la ejecutoria, por tanto, de conformidad con el punto nueve de la Circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de dicho fallo para dejarse agregada en el sumario constitucional en que se actúa. Hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán Rosales, Sinaloa, en la ejecutoria la cual se encuentra glosada en el toca relativo al Expediente Auxiliar 904/2017 Materia Administrativa, resolvió: "Primero. Se revoca la sentencia impugnada. Segundo. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1642/2015 y sus acumulados promovidos por ********, en términos del último considerando de la presente ejecutoria." Ahora bien, en los fundamentos y motivos expuestos en la parte final del último considerando de la ejecutoria de que se trata, el Tribunal Colegiado, puntualizó: "[.] II. Reposición del procedimiento No es necesario el análisis de la sentencia impugnada ni de los agravios formulados en su contra, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte la existencia de una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que conduce a revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento. [.] En ese sentido, los aspectos descritos denotan que la resolución no puede considerarse como una sentencia, que satisfaga las formalidades necesarias para considerarla legalmente válida, puesto que no refleja la decisión del juzgador para este asunto de manera concreta o individualizada, por el contrario, solo constituye un documento que refleja una incongruencia mayúscula, en virtud de que incumple por completo con los requisitos de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a estimar vulneradas las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, dado que con ello no se verificó la legal culminación de la audiencia constitucional celebrada en el juicio de aparo de origen. III. Decisión Ante las condiciones apuntadas, a fin de que las transgresiones procesales advertidas sean reparadas, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que el juez de distrito emita la sentencia que en derecho corresponda, conforme a la litis planteada en el juicio de amparo indirecto que se revisa, acatando los requisitos de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo y la firme de manera física o electrónica, en el entendido que si se efectúa de esta última forma, deberá agregarse la evidencia criptográfica que de manera específica le corresponde a dicho acto. [.]." En esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, lo anterior, comuníquese a las partes, para su conocimiento para los efectos legales conducentes; glósense al cuaderno principal en que se actúa únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión de referencia, dado que se trata de constancias que obran en original en el cuaderno principal. En ese contexto, en estricto cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, quedan subsistentes las etapas de 1) pruebas y 2) de alegatos del acta de la audiencia constitucional celebrada el quince de noviembre de dos mil dieciséis y se deja insubsistente la etapa 3) de sentencia emitida en esa misma fecha -quince de noviembre de dos mil dieciséis-. En consecuencia, atento a que la etapa relativa al dictado de la sentencia se ha dejado insubsistente, por lo que, una vez que obren en autos las constancias de notificación de la presente determinación judicial, previo acuerdo de turno, pásense las presentes actuaciones al área de proyecto, a efecto de que se proceda a formular el proyecto de la sentencia que en derecho proceda. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www.firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la quejosa ********* y por medio de lista a las restantes quejosas en cumplimento a lo ordenado en la etapa correspondiente del acta de la audiencia constitucional que se llevó a cabo su celebración el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por oficio a las autoridades responsables, así como al Tribunal Colegiado oficiante.". NOTIFÍQUESE.
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