Trujeque Moro Y Asociados, Sociedad Civil

Expediente 891/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
891/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2020

Partes del expediente

  • Trujeque Moro Y Asociados, Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio electrónico signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual solicita copia certificada de diversas constancias que integran el presente juicio de amparo y se informe el estado procesal del mismo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, respecto a las constancias que solicita y atendiendo las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado federal, debido a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), para que vincule el expediente electrónico por medio de la citada plataforma, a efecto de que el juzgado oficiante este en aptitud de consultar todas las constancias y actuaciones que integran este sumario. Asimismo, hágase del conocimiento del órgano Jurisdiccional que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Trujeque Moro y Asociados, sociedad civil, por conducto de su representante legal Sergio Trujeque Rodríguez, contra actos del Magistrado Instructor de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 891/2020-VIII. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Son aplicables en la parte conducente, por analogía las jurisprudencias I.13o.A. J/6 y I.1o.A. J/4, de rubros y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 180,663, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página: 1631) DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página: 890) De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, el quejoso señaló como acto reclamado, el siguiente: Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías y anexos, se advierte que el promovente señaló como acto reclamado el acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 22375/19-17-01-7, por el Magistrado de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual se acordó que respecto de dictamen rendido por el perito de la parte demanda, aquí quejoso, debía estarse a lo acordado en auto de dos de marzo se dos mil veinte, por el cual se hizo efectivo el apercibimiento de tres de enero del presente año, en el sentido de que únicamente se tomaría en consideración el dictamen pericial rendido por el perito de la autoridad demandada. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, y con el diverso 172, fracción III, de la citada ley, que en lo que interesa, textualmente disponen: Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechan las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; Dichos numerales ponen de manifiesto que tratándose de actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la procedencia del juicio de amparo se condiciona a que el acto reclamado sea de ejecución irreparable, cuya característica ha sido definida en diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las que se encuentra la emitida por el Pleno de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. (Registro 207343, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página: 291). Asimismo, el citado numeral 172, fracción III de la Ley de Amparo, dispone específicamente que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desahoguen pruebas en forma contraria a la ley. Para mejor comprensión del asunto, se citan los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el aquí quejoso, que consisten en los siguientes: El dos de octubre de dos mil diecinueve, el aquí quejoso promovió demanda de nulidad en contra de la negativa ficta recaída en el recurso de revocación interpuesto con fecha tres de octubre de dos mil catorce, en contra de la resolución contenida en el oficio número SF/TDF/SF/1625/2014, por el que se determinó un crédito fiscal por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado y como retenedor en materia del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. El tres de enero de dos mil veinte, en el juicio contencioso administrativo 22375/19-17-01-7, se requirió al perito de la demandante, aquí quejosa, aceptara el cargo conferido, apercibido que de no comparecer para tal efecto, únicamente se consideraría el peritaje de quien cumpliera dicho requerimiento. El veinticuatro de enero de dos mil veinte, el citado perito aceptó el cargo y se apercibio en el acta de dicha diligencia que en caso de no ratificarlo dentro del plazo de tres días después de haberlo rendido, se tendría por no rendido el dictamen. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, el referido perito presentó un escrito de ampliación del plazo para rendir el dictamen correspondiente. En atención a la ampliación del plazo citado, el dos de marzo del presente año, se acordó tener por precluido el derecho del perito para rendir su dictamen, e hizo efectivo el apercimiento contenido en el auto de tres de enero del año que transcurre, por lo que únicamente se tomaría en consideración el dictamen rendido por el perito de la autoridad, el cual a decir de la quejosa no fue legalmente notificado. El tres de agosto de dos mil veinte, el perito de la demandante, presentó su dictamen. El cuatro de agosto de dos mil veinte, la demandante presentó ante la citada sala la regularización del procedimiento, a efecto de que se tomara en consideración el dictamen precisado. En contra del auto de dos de marzo citado, la demandante interpuso recurso de reclamación el cinco de agosto del año que transcurre. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acordó que respecto de dictamen rendido por el perito de la parte demanda, aquí quejoso, debía estarse a lo acordado en auto de dos de marzo se dos mil veinte, por le que se hizo efectivo el apercibimiento de tres de enero del año que transcurre, en el sentido de que únicamente se tomaría en consideración el dictamen pericial rendido por el perito de la autoridad demandada. El cual es materia de litis en el presente asunto. Conforme a lo anterior, es posible afirmar que el acto reclamado en la presente vía consistente en el acuerdo de seis de agosto referido en el párrafo que antecede, a juicio de éste órgano judicial, constituye un acto que no tiene ejecución de imposible reparación en la medida que, esa decisión, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales pues no tiene por objeto determinar en su contra la privación de sus bienes, posesiones, derechos o su libertad, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos podrán ser extinguidos en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable, por lo que esa afectación quedaría sin efecto alguno y, por el contrario, en el supuesto de que la resolución fuera adversa a sus intereses, podría combatir esa violación a través del juicio de amparo que, en su caso, interponga en contra de la resolución que resuelva el juicio contencioso 22375/19-17-01-7. De ahí que no es dable abordar el estudio de las cuestiones planteadas en el juicio, ante el supuesto de que las violaciones alegadas no sean de imposible reparación. Lo anterior es así, dado que en el caso específico, el acuerdo de seis de agosto del presenta año, dictado en el juicio contencioso 22375/19-17-01-7, por el cual se hizo efectivo el apercibimiento de tres de enero del año que transcurre, en el sentido de que únicamente se tomaría en consideración el dictamen pericial rendido por el perito de la autoridad demandada, no le ocasiona al aquí quejoso, consecuencias de difícil reparación, cuyo análisis y valoración podría no trascender en el resultado del juicio de nulidad de que se trata, y en el supuesto de hacerlo, la determinación definitiva que lo resuelva, podrá ser impugnada en vía de amparo directo, en términos de los artículos 34, 170 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Para decir que se está ante actos procesales que tengan una ejecución de imposible reparación, deben encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: Cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, procedimiento administrativo de que se trata y en el supuesto de que sea contrario a sus intereses no exista en ley un medio de defensa que revoque o modifique la resolución definitiva. A contrario sensu, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación los siguientes: Aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable y en el supuesto de que sea contrario a sus intereses no exista en ley un medio de defensa que revoque o modifique la resolución definitiva. En consecuencia, el acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 22375/19-17-01-7, por el Magistrado de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual se acordó que respecto de dictamen rendido por el perito de la parte demanda, aquí quejoso, debía estarse a lo acordado en auto de dos de marzo se dos mil veinte, en el que se hizo efectivo el apercibimiento de tres de enero del año que transcurre, en el sentido de que únicamente se tomaría en consideración el dictamen pericial rendido por el perito de la autoridad demandada, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, dado que se trata de una violación intraprocesal que no tiene sobre las cosas o personas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo requiere el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dado que no priva a la quejosa en sus bienes, propiedades o derechos, por lo que no viola ninguno de sus derechos sustantivos, puesto que la admisión de las documentales citadas no causaron un perjuicio de imposible reparación, puesto que no atentan contra la privacidad personal o el secreto profesional, por citar algunos ejemplos, toda vez que aún estaría pendiente lo que la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resuelva respecto del fondo del asunto en el expediente 22375/19-17-01-7; resolución que podrá, incluso, ser favorable a los intereses jurídicos del quejoso, y en el supuesto caso de que la resolución que se dicte en dicho asunto no le favoreciera, no quedaría en estado de indefensión, toda vez que puede impugnar la resolución que se emita a través del juicio o medio de defensa correspondiente alegando las violaciones procesales que refiere. De ahí que únicamente en el caso de que el acto que por esta vía se reclama trascienda al resultado de la resolución definitiva, podrá reclamarse dicha violación, como se precisó anteriormente, a través del juicio o medio de defensa correspondiente, que se interponga en contra de la misma, esto es, en términos de los artículos 34, 170 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en el caso de que la resolución que resuelva el fondo del procedimiento administrativo de mérito sea desfavorable a los intereses de la impetrante. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10ª.), que a la letra dice: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. (Registro 2006338, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539). Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número I.5o.C. J/29, que es del rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione. (Registro: 218725, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, página: 41). De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia VII.1o.A. J/5 (10a.), de rubro y texto siguientes: RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AL NO PREVER EXPRESAMENTE COMO RECURRIBLE LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE UNA PRUEBA, EN CASO DE RECLAMARSE ÉSTA COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, NO PODRÁ EXIGIRSE AL QUEJOSO QUE, PREVIO A SU PROMOCIÓN, HUBIERE AGOTADO EN SU CONTRA ESE MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA, AL REQUERIRSE DE UNA INTERPRETACIÓN ADICIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, PARA COLEGIR SI ESA HIPÓTESIS SE ADECUA O NO, ANALÓGICAMENTE, A UNA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE PRUEBA. Del referido artículo 59 se advierte que el recurso de reclamación que prevé procede contra resoluciones del Magistrado instructor "que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero", entre las cuales no se señala expresamente la determinación de ese juzgador que omite pronunciarse sobre el ofrecimiento de una prueba, por lo que se requiere de una "interpretación adicional" en términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, para colegir si esa hipótesis se adecua o no, analógicamente, a una admisión o desechamiento de prueba, motivo por el cual, en caso de reclamarse ese acto omiso como violación procesal en el juicio de amparo directo, no podrá exigirse al quejoso que, previo a su promoción, hubiere agotado en su contra el referido recurso de reclamación, conforme al artículo 171 de la propia ley, precisamente porque la procedencia de ese medio ordinario de defensa no es absolutamente clara, ni existe jurisprudencia obligatoria que la defina, publicada previamente al agotamiento del plazo legal establecido para su interposición. (Registro: 2013549, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2017, página: 2280) Sin que en el caso se esté en algún supuesto de excepción, puesto que los actos reclamados no importan el peligro de la privación a la vida, deportación o destierro o de aquellos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Federal, como tampoco concurre la circunstancia de que la quejosa acuda con el carácter de tercero extraño al juicio. Así, al quedar acreditado de forma indubitable que el referido acto reclamado, a saber, el acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 22375/19-17-01-7, por el Magistrado de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual se acordó que respecto de dictamen rendido por el perito de la parte demanda, aquí quejoso, debía estarse a lo acordado en auto de dos de marzo se dos mil veinte, en el que se hizo efectivo el apercibimiento de tres de enero del año que transcurre, en el sentido de que únicamente se tomaría en consideración el dictamen pericial rendido por el perito de la autoridad demandada, es un acto dictado dentro del procedimiento que no afecta de manera inmediata derechos sustantivos ni adjetivos y tampoco actualizan esta excepción (afectación en grado predominante o superior), por lo que no es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo indirecto; ya que, el acto mencionado que pretende reclamar, constituye una violación que pueden ser propuesta al promoverse el juicio o medio de defensa correspondiente alegando las violaciones procesales cometidas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, y el diverso 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por Trujeque Moro y Asociados, sociedad civil, por conducto de su representante legal Sergio Trujeque Rodríguez. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO (Registro: 180663, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1631) Lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Es aplicable al presente asunto por analogía, la tesis I.13o.A.4 K, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 180663, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, página 1631) En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Gutiérrez Rodríguez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que precisa en la demanda de cuenta. Se hace del conocimiento del quejoso, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, firmada electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, en atención a la vista que le fue otorgada en proveído de dieciocho del mes y año que transcurre, realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y señala su inconformidad con el cumplimiento dado por las responsables. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior y, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la autoridad responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243) Precisado lo anterior, y toda vez que en la sentencia dictada por este juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, confirmada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de cuatro de marzo del año en curso, en el recurso de revisión R.A. 22/2020, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: ". En ese sentido, como se dijo, la autoridad vulneró el derecho fundamental de seguridad jurídica de la quejosa, tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo que procede otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitados para el efecto de que la autoridad responsable Coordinadora de Servicios Jurídicos y Transparencia, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/439/2019 de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve y con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que atienda las consideraciones de esta sentencia, dando respuesta de manera fundada y motivada a las solicitud que la quejosa elevó el ocho de marzo del presente año, citando los preceptos que le den competencia para dictar el acto." De lo anterior, se tiene que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable se encontraba obligada a 1) dejar insubsistente el oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/439/2019 de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve y 2) emitir uno nuevo con plenitud de jurisdicción que de respuesta de manera fundada y motivada al escrito de petición de la quejosa citando los preceptos que le den competencia para tal efecto. En relación con lo anterior, se impone destacar que los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están sujetos a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto, toda vez que éste deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. En el caso concreto, la restitución en el goce del derecho violado por el oficio de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, declarado inconstitucional en el presente juicio, se logra con su anulación lisa y llana y la de sus consecuencias, sin que sea necesario obligar a la autoridad responsable a emitir un diverso oficio en el que deje insubsistente el referido en primer término. Esto es, al haber adquirido la sentencia dictada en este juicio, la calidad de ejecutoria, es inconcuso que por la sola declaratoria de la inconstitucionalidad del multicitado oficio, dicho acto y sus consecuencias, quedaron insubsistentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.1o.A. J/19 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2360, que establece lo siguiente: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS. Los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Por ende, es innecesario que el juzgador requiera a la autoridad que declare la insubsistencia del acto reclamado, pues esa es una consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo que evidenció su inconstitucionalidad, lo que deben efectuar las responsables en cumplimiento del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la Unión es emitir los actos necesarios para que la anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos y consecuencias." Ahora, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, mediante oficio sin número de diez de septiembre pasado, el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México, en representación de la Titular y en su calidad de presidenta del Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, y del Coordinador de Servicios Jurídicos y de Transparencia, todos de la citada dependencia, remitió copia certificada del oficio del oficio SEDUVI/DGAJ/481/2020 de diez de septiembre pasado, por medio del cual, el Secretario Técnico del Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, en el cual, citó como fundamento los artículos 8 fracciones I, en relación con el último párrafo y X así como el numeral 9 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 8, 9, 13, y 17 del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 155 fracción XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción XXI, 68, 69 y 73 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y en el cual, dio contestación al escrito de petición de la parte quejosa y respecto del cual, solicitó a éste Juzgado la notificara al quejoso, misma que se hizo de su conocimiento el veintitrés de septiembre pasado. Dicha respuesta consistió en esencia en lo siguiente: 1) Informó a la quejosa que no existe dentro del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la figura de invitados permanentes, no obstante, de una búsqueda realizada en los archivos de dicho ente, advirtió que la vigencia de los nombramientos otorgados a los representantes de asociaciones u organizaciones de personas físicas o morales dedicados a la publicidad exterior habían concluido su vigencia (Consejeros invitados permanentes). 2) Informó que el nombramiento de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ha perdido su vigencia, por lo que no cuenta con atribuciones para participar en el referido Consejo y que desconoce la naturaleza del Presidente de la Comisión de Enlace con el Gobierno de la Ciudad de México al ser una comisión ajena al Consejo de Publicidad Exterior de esta Ciudad. 3) Señaló que dicha Unidad Administrativa no cuenta con facultades para realizar la investigación solicitada por la quejosa. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de que se dejó insubsistente el oficio declarado inconstitucional, y la autoridad responsable acreditó cumplir con la obligación prevista por el artículo 8 de la Constitución General de la República, esto es, dio respuesta al escrito de petición de la quejosa de ocho de marzo de dos mil diecinueve, citando diversos preceptos legales en los que fundó su competencia para emitir dicho oficio por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Se impone destacar que si bien es cierto que, la contestación a su petición fue emitida por una autoridad diversa a la directamente requerida en la ejecutoria de amparo, a saber el Secretario Técnico del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), también es cierto que dicha autoridad es subordinada a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y Presidenta del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) a la que originalmente dirigió su petición, por lo que se tiene por cumplido el requisito del artículo 8 de la Constitución Federal, relativo a que la petición debe ser contestada por la autoridad a quien se la dirigió. Apoya la anterior determinación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 103-108 Sexta Parte, página 166, del rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. PLURALIDAD DE FUNCIONARIOS." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 129/2006, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO."· Tampoco es obstáculo a la presente determinación, el hecho de que la autoridad responsable no haya acreditado que notificó, a la parte quejosa, el oficio de diez de septiembre de dos mil veinte, toda vez que dicha notificación se llevó a cabo de manera electrónica, por parte del actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, el veintitrés de septiembre pasado, corriéndole traslado con copia del oficio registrado con número de correspondencia 10170 y su anexo, consistente en el citado oficio. En lo conducente, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 16/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. (Época: Novena Época , Registro: 194481, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 16/99, Página: 122) También es de citarse, en apoyo, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. LA NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON ELLA, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACION FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. (Época: Octava Época, Registro: 206576, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Materia(s): Común, Tesis: 3a. LII/94, Página: 83) Sin que pase desapercibido que la quejosa manifiesta su inconformidad con la respuesta emitida por la autoridad responsable, toda vez que no es jurídicamente posible analizar los argumentos encaminados a controvertir la constitucionalidad de la respuesta emitida en la etapa de cumplimiento del fallo protector, por lo que en todo caso, deberá ser combatida a través de los medios de defensa que estime convenientes. Lo anterior es así, en razón de que la responsable no se encuentra vinculada a dar una respuesta favorable a los intereses del peticionario. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia.(No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Así como en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 por analogía, que es del rubro siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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