Triturados Industriales Monterrey, S.A.

Expediente 125/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
125/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Triturados Industriales Monterrey, S.A.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO.

  2. Principal

    Monterrey, Nuevo León, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Oficio. El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito por oficios 4500/2018 y 4489/2018 remite testimonio de las resoluciones dictadas en los recursos de queja 67/2018 y 29/2018, en los que se resolvió lo siguiente: Queja 67/2018 "ÚNICO.- Se declara sin materia el presente recurso de queja." Queja 29/2018 "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja, por lo que se ordena reponer el procedimiento del incidente de cuantificación de pago de daños y perjuicios, derivado del juicio de amparo indirecto 255/2012, para los efectos precisados en la parte considerativa de esta resolución." Fundamentación. Artículo 24, 117, 124, 237 y 259 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62, 148, párrafo segundo y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. En lo que respecta a la queja 29/2018, el Tribunal Colegiado en comento, fija los siguientes efectos: "1. Deje sin efectos la resolución incidental dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del incidente de cuantificación de pago de daños y perjuicios, correspondiente al juicio de amparo 255/2012. 2. Deje parcialmente insubsistente el proveído emitido el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, por cuanto hace al requerimiento a los peritos valuadores para que formulen su dictamen agregando el factor de actualización. 3. Reponga el procedimiento en el incidente de cuantificación de pago de daños y perjuicios, a efecto de que provea nuevamente sobre el desahogo de las pruebas periciales en materia de valuación; ordenando que el cálculo del avalúo que se practique debe atender al valor comercial que tenían los predios del quejoso al veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, fecha en que fueron afectados, en el entendido de que el monto debe reflejarse en viejos o antiguos pesos atendiendo al sistema monetario nacional vigente en esa época; asimismo, provea sobre el desahogo de las pruebas necesarias a fin de establecer el valor real de la superficie de terreno afectada con motivo del acto reclamado. 4. Hecho lo anterior, y agotado el procedimiento incidental en todas sus etapas, emita una nueva resolución en la cual deberá valorar de manera integral los dictámenes rendidos y, en su caso, establecer de manera fundada y motivada, si estos resultan suficientes para precisar el valor comercial real de los predios a la fecha de la afectación; pues de lo contrario, deberá ordenar el desahogo de nuevas diligencias encaminadas a investigar el valor comercial real de la superficie afectada al momento en que se emitió el acto reclamado; aunado a que debe realizar la actualización del monto determinado por los peritos al sistema monetario vigente "nuevos pesos", más el factor de actualización, previsto en el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que defina hasta la fecha en que se efectúe el pago, atendiendo a los lineamientos del Máximo Tribunal en el incidente de cumplimiento sustituto 11/2016. 5. Resuelva conforme a derecho proceda." En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, este juzgado acuerda lo siguiente: Se deja sin efectos la resolución incidental de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Se deja parcialmente insubsistente el proveído de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, respecto al requerimiento que se les hizo a los peritos valuadores para que formulen su dictamen agregando el factor de actualización. Se repone el procedimiento en el incidente de cuantificación de pago de daños y perjuicios, específicamente en relación con el desahogo de las pruebas periciales en materia de valuación. Requerimiento a los peritos en materia de evaluación. Por ende, con fundamento en el artículo 148, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a los peritos José Urbano Delgado Samaniego [de la intención de este juzgado], Efraín Romero Jasso [de la intención de la parte quejosa] y Tomás Martín Rendón Zertuche [perito de la intención de las autoridades responsables del municipio de Escobedo, Nuevo León, para que en el plazo prudente de diez días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realicen un nuevo avalúo en el que deberán determinar el valor del inmueble, atendiendo al valor comercial que tenía al momento de la afectación [28 de septiembre de 1992], en el entendido que el monto lo deberán reflejar en viejos o antiguos pesos, atendiendo al sistema monetario nacional vigente en esa época, la disposición invocada resulta supletoriamente aplicable, en tanto que en la Ley de Amparo -específicamente en los artículos 119 y 120- no se prevé cuál es el plazo del que disponen los peritos para rendir su dictamen, circunstancia que ha de ser subsanada a través del método de integración normativa prevista expresamente en el artículo 2 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a los peritos de las partes, que en caso de no rendir el mismo, dentro del término que se le otorga para tal efecto dicha pericial, o manifestar la imposibilidad que tuvieren para ello, la prueba se desahogara únicamente con el dictamen del perito de este juzgado. De igual forma, se apercibe al perito oficial de este Juzgado, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 81/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguientes: PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO. Conforme al tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, una vez anunciada la prueba pericial, el Juez de Distrito debe designar al o a los peritos que estime necesarios para la práctica de la diligencia, independientemente de que cada parte pueda nombrar a un perito para que se asocie al oficial o rinda su dictamen por separado. De lo anterior se sigue que la naturaleza de la pericial en el amparo no es colegiada, porque el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del perito nombrado por el juzgador. En este tenor, la Ley de Amparo es expresa al señalar la manera como debe rendirse la prueba pericial, que no es la fijada por el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni cabe aplicar dicho código adjetivo a fin de que el Juez esté obligado, necesariamente, a nombrar a un tercer perito cuando exista discordancia entre el dictamen oficial y el de los demás, pues de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en amparo, al convertirla en colegiada, siendo incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control constitucional. Requerimiento para obtener pruebas a efecto de establecer el valor real de la superficie del terreno afectado. En la ejecutoria del Tribunal Colegiado, como ya quedó plasmado, se ordenó a este Juzgado de Distrito que se proveyera sobre el desahogo de las pruebas necesarias a fin de establecer el valor real de la superficie de terreno afectada con motivo del acto reclamado. Por tanto, en cumplimiento a dicha resolución requiérase al Director del Instituto Registral Catastral en el Estado de Nuevo León; Director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Colegio de Valuadores de Nuevo León; Asociación de Valuadores de Nuevo León; Dirección de Catastro; Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, para que en el término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, informen en auxilio de este Juzgado cuál era el valor comercial real del área afectada de 21,159.63 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado en la entrada de un Parque Industrial, importante en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, en el que deberán tomar como base que el monto debe reflejarse en viejos o antiguos pesos atendiendo al sistema monetario nacional vigente en esa época [28 de septiembre de 1992]. Una vez que se cuente con la debida información requerida y se hayan desahogado las periciales en los términos indicados, este órgano jurisdiccional valorará de manera integral los elementos recabados, a efecto de determinar si resultarían suficientes para precisar el valor comercial de los predios a la fecha de afectación; o bien, se ordenaría el desahogo de nuevas diligencias encaminadas a tal fin; y finalmente llegado el momento, se emitirá la resolución incidental en términos de los lineamientos trazados hasta cierto punto tanto en el incidente de cumplimiento sustituto 11/2016 del Máximo Tribunal, como en la resolución dictada en la queja 29/2018 por el referido Tribunal Colegiado. Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término señalado, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, por desacato a un mandato judicial y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, así como a los peritos de las partes; por oficio a las autoridades responsables. [Se anexa copia simple de la superficie, relativa al área de afectación] Así lo acuerda y firma Édgar Ulises Rentería Cabañez, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante el Secretario Laura Patricia Moreno Hernández, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de quien lo representa realiza lo siguiente: a) Acusa recibo del oficio 90619/2017, en el que se le comunicó el proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, en el que se acordó el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida en este asunto. b) Que el citado oficio lo recibió el quince de agosto de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    se agrego el escrito signado por la parte tercero interesada... desahoga la vista otorgada, ofrece pruebas, téngase por formulando manifestaciones y ofreciendo pruebas de su intención, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva, se autoriza la expedición de las copias peticionadas... respecto a las copias que solicita, se manifiesta que no es posible proveer de conformidad la expedición de éstas...

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