Trinidad Torres Prado

Expediente 491/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Trinidad Torres Prado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, se hace la observación que el cuaderno principal es depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Y ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva, únicamente el original del incidente es susceptible de depuración, por lo cual se conservarán en este caso, todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, por lo que su duplicado es susceptible de destrucción. Al resultar innecesaria la conservación de las constancias remitidas por la autoridad responsable, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, el juicio de amparo número 491/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda amparo promovida por .., por conducto de su defensor particular, tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia inicial de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, relativo a la causa penal 107/2021, así como su ejecución, que se atribuyó a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Sur, en funciones de juez de control, quien al rendir su informe justificado los aceptó, lo que se acredita con constancias de la aludida causa y disco compacto que exhibió, que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tiene probado. TERCERO. No existe causa de improcedencia alegada por las partes ni este juzgador advierte alguna de oficio. CUARTO. De un examen oficioso de las constancias remitidas por la responsable, no se advierte violación a los derechos fundamentales del quejoso; por lo que no hay materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) y penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, y los conceptos de violación vertidos resultan infundados e inoperantes, como se explica. Los requisitos que debe contener el auto de vinculación a proceso están previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son: Entre los requisitos de forma tenemos que el imputado debe estar asistido de defensor; que se dictará dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que fue puesto a disposición de la autoridad judicial o ciento cuarenta y cuatro, si es que solicita la duplicidad; que en él tendrán que expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución, además de que será emitido de manera oral, debiendo obrar constancia por escrito de su emisión. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia en la que se formuló imputación en contra de ., ante la presencia de su defensor particular, quien se identificó plenamente y se acreditó ser licenciado en derecho; haciendo de su conocimiento que el hecho delictivo que se le atribuye es el de uso de documento falso (bajo la modalidad de copia), previsto en el artículo 246, fracción VIII, con relación con el 243, ambos del Código Penal Federal. Además, se precisó el hecho delictivo narrado por la fiscalía, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar; consiste en que, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a la diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos, en las oficinas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con motivo de las evaluaciones de control y confianza, así como de permanencia del quejoso en el puesto que desempeñaba y con la finalidad de acreditar que contaba con bachillerato concluido, exhibió ante esa institución, en específico ante el suboficial de la entonces Policía Federal, Daniel Alberto Ramírez Camacho, copia de un certificado de bachillerato con especialidad en ciencias y humanidades con folio J0257935, supuestamente expedido por la Dirección General de Bachillerato, en el que rellenó un sello que contenía la leyenda "bajo protesta de decir verdad declaro que esta es copia simple de original de mi comprobante de estudios" plasmando de puño y letra su nombre, firma y huella, documento respecto del que se inició un proceso de validación, en el que la Directora de Preparatoria Abierta, Servicios Educativos Integrados al Estado de México, informó que con base en el programa de informática del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a Distancia, no se encontró registro alguno de que . hubiera cursado la preparatoria abierta y por lo tanto el documento presentado carece de validez oficial al no haber sido emitido por esa institución. Como se constata de la videograbación de la audiencia, y el acta mínima que consta por escrito, el auto de vinculación se emitió oralmente dentro del término constitucional ampliado, en vitud de la prorroga solicitada por el hoy quejoso. Sobre este tópico, el quejoso señaló que la juez de la causa incorrectamente dejó de observar el artículo 316, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sostiene que debió emitir una versión escrita y al no hacerlo le impide consultar puntualmente los fundamentos y motivos de su dictado. Al respecto se debe señalar que artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido, de aquí que en el caso particular este juzgador estime cumplida esa exigencia constitucional a partir de la videograbación que acompañó la responsable a su informe justificado como soporte de la citada audiencia habida cuenta que esta le brinda fiel conocimiento, certeza y seguridad jurídica al aquí quejoso en cuanto a los fundamentos y motivos que sustentaron la emisión del auto de vinculación reclamado. Ahora, el hecho de que no exista transcripción textual de dicha audiencia, no violenta derecho alguno en perjuicio del imputado pues, como se há expuesto, interpretando dicha norma a la luz de la Constitución, basta la emisión de un acta mínima que deje constancia por escrito de su emisión, con los datos indispensables, para cumplir con el requisito previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No pasa inadvertida la jurisprudencia, con número de registro 2023192, del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE EMITIRSE DE MANERA ORAL Y POSTERIORMENTE POR ESCRITO (PIEZA PAPEL)."; no obstante, no es de aplicación obligatoria para este juzgador; además, como ya se dijo, se considera que basta la emisión del acta mínima para que se cumpla el requisito previsto en la norma adjetiva. Por otro lado, en cuanto al requisito de fondo relativo a que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito, no se requiere realizar un juicio de tipicidad, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal -mediante un ejercicio argumentativo simple-, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. En ese tenor, la juzgadora atendiendo a la imputación ministerial y a los datos de prueba expuestos, después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar aspectos que la llevaron a considerar con un grado de aproximación, que los hechos narrados incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia del delito de uso de documento falso (bajo la modalidad de copia), previsto en el artículo 246, fracción VIII, con relación con el 243, ambos del Código Penal Federal, al señalarse que se presentó copia de un certificado de bachillerato presumiblemente falso, ante la denunciante, ello con la finalidad de acreditar que se contaba con bachillerato concluido. Luego, es inoperante el señalamiento del quejoso consistente en que la juez de origen tuvo erróneamente acreditado el elemento subjetivo especifico "a sabiendas", pues dicha cuestión no puede ser analizada en el momento procesal en que se emite el auto de vinculación, dado que como se explicó en párrafos anteriores, éste tiene como única finalidad determinar preliminarmente si los datos de prueba justifican la continuación del proceso por establecer que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado, lo cometió o participó en su comisión, lo que en la especie aconteció, sin que se pueda realizar un juicio de tipicidad en este momento procesal. Entonces, a partir de la relatoría de los hechos y datos de prueba, la juez determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; y, que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con lo que se colma otro de los requisitos de fondo, pues se advierte la probabilidad de que fue el quejoso quien presentó el referido documento en las circunstancias narradas; sin que se deba realizar juicio de valor en relación con el alcance y eficacia demostrativa de los datos de prueba expresados, pues de hacerlo rebasaría las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, pues en esta etapa no tienen aún la calidad de pruebas y el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación. Por otra parte, la juzgadora determinó que no advierte actualizada alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Entonces, contrario a lo expuesto en la demanda de amparo, la resolución reclamada no resulta violatoria de los derechos humanos, en tanto satisface las exigencias constitucionales y legales para su emisión. Por lo anterior, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó ., por conducto de su defensor particular. QUINTO. El quejoso no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la partes se impongan de las constancias referidas en auto de uno de julio del año en curso; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las doce HORAS CON treinta MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de veinticinco de junio del año en curso. En relación con las constancias que anexa, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas como pruebas de su parte, sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento de la materia, pónganse a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.

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