Trinidad Solano Hernández
Expediente 479/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2022
Partes del expediente
- Trinidad Solano Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintidós. INFORME Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través del cual hace del conocimiento la determinación de diecinueve de abril del año en curso, emitida en el juicio administrativo 1295/2019, de su índice, y remite copia certificada del mismo; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto. ACTO RECLAMADO Previo a emitir pronunciamiento alguno, es dable recordar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el doce de enero de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria de Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se realizó la propuesta de liquidación en el expediente 1295/2019. Como se puede ver la quejosa alega violaciones al artículo 8º constitucional, que la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del numeral antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho ocurso, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 126 y registro digital 189914, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. ....De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dar contestación por escrito; y Notificar en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. En ese orden, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior es así, ya que de la documental pública exhibida por la Sala responsable, se advierte que a través del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, atendió la propuesta de liquidación contenida en el escrito presentado en la oficialía de partes de la autoridad responsable el doce de enero de dos mil veintidós, dirigido al expediente 1295/2019, del índice de la responsable, dado que resolvió el cumplimiento de la ejecutoria ahí dictada, requiriendo de pago a la autoridad demandada de acuerdo a la cuantificación y liquidación de las prestaciones ahí reclamadas, la cual notificó al apoderado de la parte actora (aquí quejosa), vía electrónica el veintiuno de abril de dos mil veintidós. Documental a la cual se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de un documento público expedido por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena"." En consecuencia, es inconcuso que se cumplen las exigencias del derecho petición, por lo tanto, se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ... De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. ... Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, se requirió a la Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria de Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para que en el término de veinticuatro horas computadas legalmente, remitiera copia certificada del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1295/2019, de su índice; sin embargo, a pesar de estar debidamente notificada no ha cumplido con lo solicitado. REQUERIMIENTO Por tanto, requiérase nuevamente y por última ocasión a la citada autoridad para que en el término de veinticuatro horas computadas legalmente, remita la documental antes descrita; en el entendido de que se ser omisa a lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte recurrente del amparo, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental; asimismo, de depuración el original del incidente de suspensión, en el que se negó y concedió la suspensión provisional y en su momento en los mismos términos la suspensión definitiva; por ende, glósese al presente el original de dicha cuerda incidental. Una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el artículo 20 fracción II, inciso a), del referido acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente. Se hace hincapié que no es óbice para el suscrito que por auto de catorce de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión de plano contra los actos reclamados; sin embargo, por diverso acuerdo de diecisiete de febrero del año en curso, se tuvo por fundado el recurso de queja interpuesto contra dicha medida cautelar y se ordenó la apertura del incidente de suspensión.
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