Trinidad Ramírez Serrano
Expediente 524/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2016
Partes del expediente
- Trinidad Ramírez Serrano
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo presentada por Trinidad Ramírez Serrano. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, del estado de autos se advierte que no existen documentos originales, por lo que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis que en lo conducente dice: "...Ensenada, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda presentado por el quejoso TRINIDAD RAMÍREZ SERRANO, por derecho propio contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente de amparo, quedando registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 524/2016. Ahora bien, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, como acto reclamado se advierte: "IV.- ACTO RECLAMADO: La abstención y restricción de dictar laudo dentro del juicio laboral 149/2016, conforme a los antecedentes que en el capitulo respectivo señalaré." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama esencialmente el impetrante de amparo consiste en que el doce de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ordenó se remitiera el oficio 1491 al Registro Civil, de esta ciudad, para que informará si existía en sus archivos de registro acta de matrimonio entre el quejoso de mérito y María de Jesús Medina Sandoval, y que hasta la fecha en que se promueve el presente juicio de garantías, no se ha recibido respuesta por parte de dicha autoridad, y por ende, se ha dilatado el procedimiento correspondiente. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquéllos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la omisión de la autoridad responsable de requerir de nueva cuenta el informe requerido al Registro Civil, de esta ciudad; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, en el caso concreto, la parte promovente se duele de la omisión de la autoridad responsable de requerir de nueva cuenta al Registro Civil, de esta municipalidad, el informe respecto si en sus archivos había registro de acta de matrimonio entre el quejoso Trinidad Ramírez Serrano y María de Jesús Medina Sandoval y que con ello la junta no ha dictado el laudo correspondiente, requerimiento formulado desde el doce de agosto de dos mil dieciséis; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, en virtud de dicha omisión. Es así, pues de los antecedentes que plasma el promovente, se advierte que dicho juicio se encuentra en la etapa de admisión y desahogo de pruebas, y por ende, no se ha cerrado la instrucción respectiva, y turnado los autos para el proyecto a que hace mención la Ley Federal del Trabajo; aunado que el quejoso se encuentra en aptitud de solicitarle por los medios legales conducentes a la autoridad responsable, realice las diligencias necesarias a fin de lograr que el Registro Civil, de esta ciudad, remita el informe requerido. Es por lo antes apuntado, que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral, puesto que se insiste el quejoso por ser parte del trámite laboral del que derivan los actos reclamados tiene la posibilidad de solicitar por escrito se concluya con el desahogo de la prueba en comento. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Lo anterior se robustece con lo establecido en la tesis 2ª.J.48/2016 (10ª.) del rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo, hipótesis que a juicio del suscrito no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Finalmente, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados LUIS ÁNGEL MEDINA PÉREZ y EDGAR FERNADO ROMERO ARBALLO, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Alfredo López Lizárraga y Fernando Barredez Cota; igualmente se tiene por señalado como domicilio para esos efectos el ubicado en calle Abelardo L. Rodríguez número 111-C, Altos, del fraccionamiento Nueva Ensenada, en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 17 Constitucional y el numeral 282 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. Finalmente, hágase del conocimiento que el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE..."
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