Trinidad Ramírez Martínez

Expediente 1436/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1436/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Trinidad Ramírez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o, glósese a los autos el escrito de cuenta. Respecto al punto II, relacionado con el I; dígasele al promovente, que tocante a lo peticionado a este Juzgado Federal, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en cuenta al momento de proveer lo conducente una vez que fenezca el término otorgado a la responsable en proveído de trece de octubre del presente año, o bien ésta informe lo conducente, toda vez que a través del mismo se le solicitaron informes a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Visto, el escrito firmado por *****, autorizado en términos amplios del quejoso ****, mediante el cual, en representación del directo quejoso -****-, desahoga el requerimiento decretado en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, relativo a la prevención efectuada en diverso de catorce del propio mes y año, y al efecto refiere: a) Señala como acto reclamado de las autoridades denominadas, Director del Centro de Readaptación Social de Sentenciados 16 "El Encino", y Alcaide habilitado de dicho centro penitenciario, ambos con sede en Ocosingo, Chiapas, "la orden verbal de traslado del área de setenta y dos horas (preventiva), al de población general, dentro del Centro de Readaptación Social de Sentenciados Número 16 "El Encino", con sede en Ocosingo, Chiapas". b) Aclara que *****, no tiene injerencia jurídica en el presente juicio y señala como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Alejandro Cruz Islas. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención y la vista formuladas a la parte quejosa en los proveídos de referencia, en el entendido que únicamente se tendrá como autoridades responsables en el presente asunto al Director del Centro de Readaptación Social de Sentenciados 16 "El Encino", y Alcaide habilitado de dicho centro penitenciario, ambos con sede en Ocosingo, Chiapas; no así al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, y Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, pues la parte quejosa no hizo pronunciamiento alguno respecto de estas últimas. Por lo que, se procede a analizar el escrito de demanda y su aclaración: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."2 Analizada la demanda de amparo, la suscrita advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano respecto del acto reclamado consistente en la orden verbal de traslado del área de setenta y dos horas (preventiva) al de población general, dentro del Centro de Readaptación Social de Sentenciados Número 16 "El Encino", con sede en Ocosingo, Chiapas, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las, mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo Mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)". La disposición legal en cita, establece el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le genera afectación antes de solicitar la protección de la justicia federal. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), intitulada. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo."3 Por otra parte, los artículos 49, 50, 51, 52, y 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan la figura jurídica de traslado de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios; también contemplan tal supuesto de forma voluntaria o involuntaria; es decir, el traslado voluntario opera cuando existe un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En cambio, el traslado involuntario, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Como caso de excepción del supuesto contenido en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se faculta a la autoridad penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, en casos de: I. Delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad. II. Riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad. III. Riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. Luego, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en la citada norma. También, se contempla como uno de los derechos de las personas privadas de la libertad, impugnar ante la autoridad judicial una orden de traslado, la cual podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo el peticionario tiene la obligación procesal de agotar el medio de defensa ordinario descrito, ante la autoridad judicial, en observancia del principio de definitividad que rige a esta sede constitucional. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la que esencialmente falló bajo las siguientes consideraciones: ? Cuando se presenten casos como los que se analizaron en los criterios contendientes, en que la persona privada de su libertad reclama una posible orden de traslado administrativo, pero no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez respectivo, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ? Agregó, que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado; ? Añadió, que el traslado urgente o excepcional, en los supuestos descritos en la ley, se le debe considerar como un acto dictado dentro del procedimiento, ya que su emisión a cargo de las autoridades administrativas se encuentra regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al efecto, también se prevé a la controversia judicial como medio de defensa específico para impugnarlo, de manera que en los casos indicados, ya no se actualiza una afectación adicional a la libertad personal del interno fuera del procedimiento; ? Luego, a cualquier orden de traslado que se emita sin control judicial previo, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, y porque la persona privada de la libertad ya no se queda sin defensa, al disponer de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado. ? Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. ? Precisó, que de resultar que la decisión judicial indicada no es acorde a sus intereses, se podrá interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Consideraciones que se encuentran en la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, con registro digital 2023736, intitulada: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." En la especie, el quejoso reclama la orden verbal de traslado del área de setenta y dos horas (preventiva) al de población general, dentro del Centro de Readaptación Social de Sentenciados Número 16 "El Encino", con sede en Ocosingo, Chiapas; por tanto, es en contra de dicha determinación que el quejoso debió agotar el medio de control judicial previsto en el numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en caso de no resultar beneficiado con lo resuelto por el juez de control o de ejecución, según correspondiera, debió impugnar dicha determinación mediante el recurso de apelación contemplado en el artículo 132, fracción VII, de dicho cuerpo normativo; porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado, sin que lo haya hecho. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en proveído de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, se haya pronunciado sobre la calificación de la urgencia de la demanda, respecto de la tortura psicológica y/o física, así como a las posibles violaciones a su dignidad humana; toda vez que, tales extremos, se advirtieron del capítulo antecedentes del escrito inicial de demanda como acto reclamado. Es así, toda vez que, en el mismo auto, se realizó la prevención que desahogó la parte quejosa y se precisó al inicio de la presente determinación. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En tal virtud, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ****, POR NOTORIA y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA, en términos del diverso numeral 113, del mencionado ordenamiento. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara e procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se toma conocimiento de la precisión realizada por el ocursante respecto del autorizado en términos amplios, y se tiene como tal a *****, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud que tiene inscrita su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. En tal virtud, se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de tal situación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el 3. Director de Asesoría Jurídica Estatal y en representación de 1. Directora General; 2. Titular de la Unidad; y 4. Directora de Atención Inmediata y Primer Contacto, todos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en auto de trece de septiembre de este año, remite las constancias del resultado de la atención médica especializada brindada al quejoso, remitiendo constancias en su apoyo, de las cuales destacan las siguientes: 1. Reporte de informe médico de veintiuno actual donde se advierte lo siguiente: "Masculino de 44 años de edad quien acude para revisión de estudios de gabinete solicitados en consulta previa. 1) El estudio de neurofisiología con normalidad, y 2) el estudio de resonancia sólo tiene como hallazgo atrofia cerebral, es decir, sin relación a la multitud de síntomas señalados con anterioridad. En conclusión, paciente con sintomatología del área de psiquiatría, quien deberá dar continuidad al caso, se resuelven dudas acerca de los resultados. ALTA DE NEUROLOGÍA. ADD: NO TIENE BORRAMIENTO DE SURCOS COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE." 2. Oficio de esa misma data, emitido por el Encargado de la Coordinación de Traslados y Subrogados del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del que se observa: "Referente al C. Trinidad Hernández Eliseo con expediente TIHE 790327-1, quien cuenta con cita al servicio de neurología el día 12 de septiembre del 2023, quien acude a revaloración con estudios solicitados con anterioridad. Estudio de Neurofisiología con relación a la multitud de síntomas señalados con anterioridad. En conclusión, paciente con sintomatología del área de psiquiatría, quien deberá dar continuidad al caso; alta del servicio de neurología." Al efecto se acuerda: Con base en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos los oficios recibidos y anexos. Esta autoridad toma nota de las gestiones realizadas por las autoridades responsables para la materialización de la atención médica del quejoso, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto de treinta y uno de agosto de este año como en acatamiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, resulta preciso recordar que los efectos concesorios de la ejecutoria de amparo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de derechos fundamentales son: "(.) a. Realizar las gestiones necesarias para que inmediato se practique al quejoso el estudio de tomografía de cráneo simple y contrastada requerida. b. Hecho lo anterior, y si persiste la imposibilidad de llevar a cabo el estudio de tomografía de cráneo simple y contrastada requerida por el quejoso en la institución de salud a la que es derecho habiente; o, de no poderse materializarse en diversa institución pública de salud; DE INMEDIATO, deberán ordenar se realice en una institución privada, debiendo las autoridades responsables realizar los trámites administrativos correspondientes, para la erogación de los gastos para la realización del mencionado estudio c. Realizado el estudio referido, ordene que el quejoso reciba la atención médica en la especialidad que requiere, derivado de los padecimientos que aduce se le diagnosticó con motivo del hecho victimizante y de las medidas de ayuda y asistencia dentro del expediente CEEAV/CIE/0017/2021, en el que se le reconoció la calidad de víctima, con lo que se tendrá por cumplida la presente ejecutoria. (.)" (SIC) En esa medida y atendiendo el reporte de alta que obra en la conclusión de la atención médica en neurología brindada al quejoso, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, con estudio de tomografía de cráneo simple y contrastada que fue exhibido en autos y la aclaración a éste, DÉSE VISTA y CÓRRASE TRASLADO a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta signado por el Jefe de Grupo adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Dirección General de la Policía de Investigación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector pronunciado en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. En tal virtud, resérvese proveer respecto a su contenido, hasta en tanto la totalidad de las autoridades responsables informen al respecto. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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