Trinidad Pérez Rodríguez

Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 52 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
242/2021
Año
2021
Actuaciones
52
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Trinidad Pérez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Incidental

    "... Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión; y, como consecuencia, con apoyo en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se determina que quedan sin efecto las medidas decretadas en este cuaderno incidental. De autos se advierte que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y posteriormente la suspensión definitiva a la parte quejosa. Por lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena el archivo de este expediente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se clasifica como susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, pues se concedió la medida cautelar provisional respecto de los actos reclamados. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión o su violación, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."

  2. Principal

    "-... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de siete de diciembre del año en curso, por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 194 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196 de la Ley de Amparo, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado ordenamiento, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación..."

  3. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, para que acudiera a recoger los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a los terceros interesados *-*-*-*-*-*-*-*- y *-*-*-*-*-*-*, o en su caso, acreditara carecer de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación. Al respecto, resulta necesario traer a contexto los artículos 5, 26 y 27 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. ." De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; en el entendido que, en el caso de que no conste en autos el domicilio o el señalado resulte inexacto, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Esto es, el juez de distrito debe agotar las medidas de investigación para indagar el domicilio, antes de ordenarlo por edictos a costa del quejoso. Ahora bien, en caso de que la búsqueda oficiosa haya sido infructuosa, y con esta se hayan agotado todas las medidas de investigación para indagar el domicilio de los terceros interesados, el juez ordenará el emplazamiento por medio de edictos, a costa del quejoso. Acorde a eso, el emplazamiento de los terceros interesados se realiza por medio de edictos, cuyo pago correrá a cargo de la parte quejosa, lo cual constituye una obligación para este. Ahora, la importancia del emplazamiento del tercero interesado, resulta ser una formalidad indispensable en el juicio de amparo, en virtud de la posición jurídica que guardan los terceros perjudicados, en relación con la subsistencia del acto reclamado, pues el emplazamiento garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. Es decir, ambos deben estar en igualdad de posibilidades de ser oídos y actuar en el juicio de amparo respectivo, siendo de tal forma, que cualquier determinación que se adopte, pasando por alto dicha formalidad, puede llegar a afectar la esfera jurídica de éste; por lo que su emplazamiento a juicio, y que en el caso, el incumplimiento de la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, si no resulta posible llevar a cabo el emplazamiento por medio de edictos, por cuestiones atribuibles al quejoso, por no comparecer ante el órgano jurisdiccional a recoger los edictos y proceder a su publicación, con ello se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, pues el interés particular del quejoso no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que: El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se determinó que la búsqueda oficiosa realizada por este juzgado con el propósito de saber si ha comparecido alguna persona a denunciar la sucesión de bienes a nombre de los finados Vicente Solís Jarvio y Rodolfo Gaona Gómez, resultó infructuosa; motivo por el cual se ordenó su emplazamiento por edictos y se requirió a la parte quejosa a fin de que, en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, se presentara ante este juzgado a recoger los edictos; o bien, manifestará su insolvencia económica para sufragar los gastos de la publicación. El proveído anterior se notificó por comparecencia a la parte quejosa, por conducto de su autorizado, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, como se advierte de la constancia de notificación que obra en el expediente electrónico de este juicio de amparo. En ese orden, como se advierte de la certificación de cuenta el plazo concedido a la quejosa para tal efecto, transcurrió del dos al seis de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte de la siguiente tabla: DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIENRES SABADO 30 DE NOVIEMBRE NOTIFICACIÓN 1 SURTIÓ EFECTOS 2 DÍA 1 3 4 5 DÍA 2 6 DÍA 3 7 8 9 10 Sin embargo, en el plazo concedido, la parte quejosa o sus autorizados no se presentaron a recoger los edictos de mérito, ni manifestaron la imposibilidad económica para cubrir el costo de su publicación. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber comparecido a este Juzgado a recoger los edictos ordenados, ni aportar los elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo. En efecto, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con saber si ha comparecido alguna persona a denunciar la sucesión de bienes a nombre de los finados Vicente Solís Jarvio y Rodolfo Gaona Gómez, era obligación de la parte quejosa o de sus autorizados, recoger los edictos y efectuar su publicación, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso C), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece y manifiesta que es de escasos recursos, y con ello está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos, empero es el quejoso quien debe manifestar y justificar tal circunstancia. Al haber procedido en tales terminos, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, pues si se actuara de esta manera, se podría ocasionar un daño, incluso irreparable, al tercero interesado. Aunado que hasta el momento, no se advierte que la parte quejosa haya hecho saber a este juzgado, alguna imposibilidad que le haya impedido comparecer a recoger los edictos dentro del término establecido en auto de veintinueve de noviembre del año en curso; además de que nombró autorizados para que le tramitaran el presente juicio de amparo, por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Además, se considera que de sobreseerse este controvertido, la parte quejosa no quedaría en estado de indefensión porque una vez que tengan a su alcance la ubicación del domicilio de la parte tercera interesada o datos certeros en donde localizarla, podría instar un nuevo juicio de amparo indirecto, y entonces una vez emplazada aquélla, el Juez federal podría analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Se considera de esta manera, pues al tratarse de un sobreseimiento del juicio de amparo por no haberse cumplido un requisito procedimental, ello no implica pronunciamiento judicial sobre derecho sustantivo alguno; por tanto, este auto que pone fin a este juicio no constituye cosa juzgada para la promoción de una nueva demanda de amparo indirecto. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción II inciso b), 5, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO...."

  4. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, para que acudiera a recoger los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a los terceros interesados *-*-*-*-*-*-*-*- y *-*-*-*-*-*-*, o en su caso, acreditara carecer de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación. Al respecto, resulta necesario traer a contexto los artículos 5, 26 y 27 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. ." De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; en el entendido que, en el caso de que no conste en autos el domicilio o el señalado resulte inexacto, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Esto es, el juez de distrito debe agotar las medidas de investigación para indagar el domicilio, antes de ordenarlo por edictos a costa del quejoso. Ahora bien, en caso de que la búsqueda oficiosa haya sido infructuosa, y con esta se hayan agotado todas las medidas de investigación para indagar el domicilio de los terceros interesados, el juez ordenará el emplazamiento por medio de edictos, a costa del quejoso. Acorde a eso, el emplazamiento de los terceros interesados se realiza por medio de edictos, cuyo pago correrá a cargo de la parte quejosa, lo cual constituye una obligación para este. Ahora, la importancia del emplazamiento del tercero interesado, resulta ser una formalidad indispensable en el juicio de amparo, en virtud de la posición jurídica que guardan los terceros perjudicados, en relación con la subsistencia del acto reclamado, pues el emplazamiento garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. Es decir, ambos deben estar en igualdad de posibilidades de ser oídos y actuar en el juicio de amparo respectivo, siendo de tal forma, que cualquier determinación que se adopte, pasando por alto dicha formalidad, puede llegar a afectar la esfera jurídica de éste; por lo que su emplazamiento a juicio, y que en el caso, el incumplimiento de la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, si no resulta posible llevar a cabo el emplazamiento por medio de edictos, por cuestiones atribuibles al quejoso, por no comparecer ante el órgano jurisdiccional a recoger los edictos y proceder a su publicación, con ello se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, pues el interés particular del quejoso no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que: El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se determinó que la búsqueda oficiosa realizada por este juzgado con el propósito de saber si ha comparecido alguna persona a denunciar la sucesión de bienes a nombre de los finados Vicente Solís Jarvio y Rodolfo Gaona Gómez, resultó infructuosa; motivo por el cual se ordenó su emplazamiento por edictos y se requirió a la parte quejosa a fin de que, en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, se presentara ante este juzgado a recoger los edictos; o bien, manifestará su insolvencia económica para sufragar los gastos de la publicación. El proveído anterior se notificó por comparecencia a la parte quejosa, por conducto de su autorizado, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, como se advierte de la constancia de notificación que obra en el expediente electrónico de este juicio de amparo. En ese orden, como se advierte de la certificación de cuenta el plazo concedido a la quejosa para tal efecto, transcurrió del dos al seis de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte de la siguiente tabla: DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIENRES SABADO 30 DE NOVIEMBRE NOTIFICACIÓN 1 SURTIÓ EFECTOS 2 DÍA 1 3 4 5 DÍA 2 6 DÍA 3 7 8 9 10 Sin embargo, en el plazo concedido, la parte quejosa o sus autorizados no se presentaron a recoger los edictos de mérito, ni manifestaron la imposibilidad económica para cubrir el costo de su publicación. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber comparecido a este Juzgado a recoger los edictos ordenados, ni aportar los elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo. En efecto, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con saber si ha comparecido alguna persona a denunciar la sucesión de bienes a nombre de los finados Vicente Solís Jarvio y Rodolfo Gaona Gómez, era obligación de la parte quejosa o de sus autorizados, recoger los edictos y efectuar su publicación, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso C), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece y manifiesta que es de escasos recursos, y con ello está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos, empero es el quejoso quien debe manifestar y justificar tal circunstancia. Al haber procedido en tales terminos, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, pues si se actuara de esta manera, se podría ocasionar un daño, incluso irreparable, al tercero interesado. Aunado que hasta el momento, no se advierte que la parte quejosa haya hecho saber a este juzgado, alguna imposibilidad que le haya impedido comparecer a recoger los edictos dentro del término establecido en auto de veintinueve de noviembre del año en curso; además de que nombró autorizados para que le tramitaran el presente juicio de amparo, por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Además, se considera que de sobreseerse este controvertido, la parte quejosa no quedaría en estado de indefensión porque una vez que tengan a su alcance la ubicación del domicilio de la parte tercera interesada o datos certeros en donde localizarla, podría instar un nuevo juicio de amparo indirecto, y entonces una vez emplazada aquélla, el Juez federal podría analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Se considera de esta manera, pues al tratarse de un sobreseimiento del juicio de amparo por no haberse cumplido un requisito procedimental, ello no implica pronunciamiento judicial sobre derecho sustantivo alguno; por tanto, este auto que pone fin a este juicio no constituye cosa juzgada para la promoción de una nueva demanda de amparo indirecto. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción II inciso b), 5, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO...."

Quedan 48 actuaciones en este expediente

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