Trinidad Montes de Oca Gómez
Expediente 1201/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 28/12/2017
Partes del expediente
- Trinidad Montes de Oca Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
V.- El estado procesal del presente incidente de suspensión evidencia que en esta misma fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del cual derivan los presentes incidentes, el cual a la letra dice: "Toluca, México; veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 93 y 94), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 49 a 60), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión de los actos reclamados. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Marco Antonio Maya García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe." Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes.
- Principal
V.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 93 y 94), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 49 a 60), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión de los actos reclamados. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
V.- La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 86 y 87), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247 con número de registro 917781, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La privación de la pensión del adulto mayor conforme a las reglas de operación del programa de pensión para adultos mayores para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, sin otorgar el derecho fundamental de audiencia." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 49 a 60), este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente en la que resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo contra el acto precisado en el considerando segundo, respecto del Delegado Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México, por los motivos expuestos en el diverso tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Trinidad Montes de Oca Gómez, contra el acto precisado en el considerando segundo de la presente resolución y para los efectos señalados en la parte final de esta sentencia." El diez de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 72 a 75), causó ejecutoria la sentencia de mérito, por lo que se requirió a la autoridad responsable Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal, su cumplimiento, el cual debería ser para el efecto de que realice lo siguiente: "Restituya al quejoso todas las cantidades relativas al programa de pensión para adultos mayores que le fueron retenidas a partir del bimestre mayo-junio de dos mil diecisiete" En atención a ello, mediante oficio presentado el veintidós de noviembre del año en curso (fojas 82 a 85), el Director de Procesos y Amparos, adscrito a la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de delegado autorizado por el Director General de Atención a Grupos Prioritarios, informó que pagó al quejoso Trinidad Montes de Oca Gómez, la cantidad de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los apoyos del Programa Pensión para Adultos Mayores, correspondientes a los bimestres de mayo-junio a septiembre-octubre de dos mil diecisiete y remitió copia certificada del título de crédito que ampara dicha cantidad. En esa tesitura, la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que se restituyera a la quejosa todas las cantidades relativas al programa de pensión para adultos mayores que le fueron retenidas a partir del bimestre mayo-junio de dos mil diecisiete. Por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que emitió título de crédito que amparaba la cantidad de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de las cantidades relativas al programa de pensión para adultos mayores que le fueron retenidas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Finalmente, no obsta el hecho de que la notificación de la presente determinación deba realizarse de manera personal a la parte quejosa; sin embargo, en proveído admisorio de siete de agosto del año en curso (fojas 5 a 8), se ordenó que todas las notificaciones, incluso las que debieran ser personales, se le practicaran por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, por lo que este acuerdo deberá notificarse en tales términos, de conformidad con lo previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.
- Principal
V.- Visto el oficio de cuenta signado por el Director de Procesos y Amparos de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de los actuales (fojas 72 a 75), informa que mediante diverso oficio 510.E.-9624 de dieciséis de noviembre, el Director General de Atención a Grupos Prioritarios de dicha Secretaría, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo, decretados en auto de diez de noviembre anterior.
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