Trinidad Modesta Herrera Salazar
Expediente 547/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Trinidad Modesta Herrera Salazar
- Congreso del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito presentado por la quejosa TRINIDAD MODESTA HERRERA SALAZAR, mediante el cual revoca el domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones señalados en su escrito inicial de demanda; el que se agrega a los autos para que obre como corresponde. En atención a su contenido, se tiene revocado el domicilio y autorizados señalados en autos y, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pinos, número 5-A, colonia Lomas de San Antón, Cuernavaca, Morelos, asimismo, se tiene como autorizado para los efectos de oír y recibir notificaciones a Giovana Araceli Estudillo Silva y, con las facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista Iche Nallely Naranjo Jardón. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de seis de abril de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por TRINIDAD MODESTA HERRERA SALAZAR, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa TRINIDAD MODESTA HERRERA SALAZAR, el acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación del acuerdo de mérito a la parte quejosa, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo....AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve ********************, por su propio derecho, contra actos del CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 547/2017-II que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 17 y 61, fracción XIII, del ordenamiento antes invocado. Los citados preceptos legales de la Ley de la Materia disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad." De los preceptos transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate. En el segundo supuesto, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la legislación en consulta. Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia número P. /J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Bajo este punto de vista, se obtiene sin lugar a dudas que la demanda de garantías que dio origen a este juicio de amparo se promueve contra normas de carácter heteroaplicativas con motivo del primer acto de aplicación de los artículos 77, fracciones II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 94 ter, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos. Luego entonces, debe decirse que el asunto de que se trata, resulta improcedente en términos de la fracción XIII del numeral 61 de la citada legislación, toda vez que, en relación con el acto reclamado la quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del término de que quince días que para tal efecto establece la Ley de la Materia. Pues, conviene señalar que la interpretación del citado precepto legal, debe complementarse con lo señalado por los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento, que fijan los plazos o "términos" para la promoción de la demanda de garantías. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto por los mencionados preceptos legales, debe decirse que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra, la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por ende, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Bajo ese tenor, se tiene que los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan que la demanda de amparo deberá presentarse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, o dentro de los quince días siguientes al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado, la agraviada sabedora de los mismos. Lo anterior, se apoya en lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 207, visible en la página 200, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma Ley) y c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada)." Luego, de la demanda de amparo la parte peticionaria de garantías manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veintiuno y veintidós de octubre de dos mil de dos mil catorce, tuvo conocimiento de la existencia de los actos cuya inconstitucionalidad se reclama, como lo precisó la directa quejosa en la hoja cuatro del escrito de cuenta, en forma concreta en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, en el cual precisó: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTO LOS SIGUIENTES HECHOS QUE ME CONSTAN Y QUE CONSTITUYEN ANTECEDENTE DEL ACTO RECLAMADO, DE LOS CUALES FUI ENTERADO EL PASADO 21 DE OCTUBRE 2014. ANTECEDENTESDELACTO RECLAMADO: En fecha 22 de Octubre del 2014 tengo conocimiento del acto reclamado, toda vez que desde la fecha en que recibí mis escrituras públicas el día 13 de Mayo del 2014, el notario público Lic. GREGORIOALEJANDRO GOMEZ MALDONADO, NO ME HABÍA ENTREGADOMI RECIBODE PAGO, NI POR PARTE DE LA NOTARIA, NI POR PARTEDE LA SECRETARIADE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, SI NO QUE HASTA HACE APENAS EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO ME ENTREGO MI RECIBO DE PAGO, PERO ME LO ENTREGA FECHADO EN FECHA 13 DE MAYO DEL 2014, SIN ENTREGARME EL RECIBODE PAGO QUE DEBIÓ EFECTUARANTE LA SECRETARIADE HACIENDA POR LOS DERECHOSCORRESPONDIENTESPORCONCEPTODE RETENCIÓN DE IMPUESTOS. ." (Lo subrayado es propio) De lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad se desprende que por lo menos a partir del veintidós de octubre de dos mil catorce, la impetrante de amparo se enteró fehacientemente del agravio sufrido en su esfera jurídica, esto es a partir de esa fecha tuvo conocimiento que el acto de autoridad le causaba perjuicio, pues conoció que con motivo de la compraventa erogó diversas cantidades por concepto de derechos e impuestos; asimismo, de su escrito de demanda la directa quejosa precisa que en fecha dieciocho de octubre del año en curso (dos mil catorce) el Notario le entregó el recibo relativo al pago de impuestos y derechos que realizó, confesión, que fue rendida por una persona capacitada para obligarse, declaró con pleno conocimiento, sin que se desprenda coacción ni violencia y declaró sobre hechos propios. Y en el caso concreto, de la escritura pública cincuenta mil trescientos sesenta y cinco se deprende que la aquí quejosa, a la firma de la escritura estuvo de acuerdo en pagar todos los gastos, impuestos, derechos y honorario que se causen con motivo de la operación de compraventa, hasta su inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio a prudente arbitrio de este Juzgador como indicio al constituir un medio de prueba reconocido por la ley, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se invoca como apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 127 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de dos mil, correspondiente a la Novena Época, cuyos datos se trascriben a continuación: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.". En esa virtud, el hecho de que en la escritura pública, no se desprenda la cita textual del artículo 77, fracciones II y IV y 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, y únicamente el Notario Precise la aplicación de los artículos 94 ter y 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, referente al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional y, no es dable afirmar que la quejosa no tuviera conocimiento de su aplicación desde que firmó la escritura; puesto que, supo los alcances y consecuencias del acto jurídico como era el pago de los gastos correspondientes a la misma. Por lo anterior, este Juzgado estima, que no es la cita del precepto combatido en la escritura pública, el único elemento que sirve para formar convicción respecto al momento en el que la parte quejosa tiene pleno conocimiento de la aplicación de la norma reclamada; además, si de conformidad con lo que la misma recurrente manifiesta, el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales se materializó con el acto jurídico; arribar a diversa conclusión nos llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas. Por tanto, el primer día de los quince a que se refiere el ordinal 17 de la Ley de la Materia, para interponer oportunamente la solicitud de amparo, inició para el inconforme al día hábil siguiente al en tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, el veintitrés de octubre de dos mil catorce, y siendo así, es incuestionable que la demanda de amparo que nos ocupa, se hizo valer de manera extemporánea. En efecto, atendiendo a que conforme a lo anterior, el mencionado plazo de los quince días, inició el veintitrés de octubre de dos mil catorce y concluyó el día doce de noviembre del mismo año, sin contar los días inhábiles que mediaron entre las citadas fechas, de acuerdo con los artículos 19 y 163 de la Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respectivamente. Resulta aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Por lo anterior, se concluye que si el último día para presentar la demanda de amparo fue el doce de noviembre de dos mil catorce, y en el caso, se presentó el cuatro de abril de dos mil diecisiete, resulta evidente y notorio que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado su demanda de garantías dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que, resulta extemporánea la demanda de garantías promovida por el quejoso. Apoya lo anterior, la tesis 2a./J. 47/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1238, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1°, 2°, 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal." En esas condiciones, al quedar acreditada la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por ********************, pues, como ya se dijo, al no haberse promovido la demanda de garantías dentro de los quince días que establece el ordinal 17 de la Ley de la Materia, los artículos impugnados como inconstitucionales deben considerarse tácitamente consentidos. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Prolongación de la Luz, número 4, colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos, asimismo, se tiene por autorizados para tales efectos a las personas propuestas toda vez que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registren su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se les autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones; y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas Alfredo Cortez Lugo y Gerardo Arrieta Fuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Trinidad Hernandez Cortes232/2023
- Trinidad Hernández Lucas2057/2018
- Trinidad Hernández Lucas888/2018
- Trinidad Hernández Lucas1901/2015
- Trinidad Hernández Lucas2834/2014
- Trinidad Maldonado Estrada1184/2016
- Ubaldo Rubio González554/2016
- Uber Torres Mendoza1281/2023
- Ubléster Damián Bermúdez1307/2016
- Ulices Arteaga Delgado802/2020
- Ulices Jonathan Salas Islas1225/2021
- Ulices Rodriguez Tapia357/2021