Trinidad López López

Expediente 657/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
657/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Trinidad López López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Acusa recibo de recurso. Agréguese el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio y anexos, girado por este órgano jurisdiccional, en relación al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia pronunciada por este Juzgado, e informa se admitió el citado recurso al que correspondió el número 520/2023, del índice de ese Tribunal; de lo informado se toma nota de conocimiento correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Agréguese el ocurso de cuenta de *********************, en su carácter de apoderado legal del quejoso *********************, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Oaxaca. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Finalmente, una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 657/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Trinidad López López por conducto de su apoderado legal Ismael Alejandro García González; mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y turnada a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Presidente Municipal, Mesa Directiva del Ayuntamiento, Comité de los representantes de la Exhacienda de Dolores (por medio de su Encabezado), y Comisariado de Bienes Ejidales, todos de San Agustín Yatareni, Oaxaca; que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y que se precisarán en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 657/2023; y en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés (fojas 15 - 21), este órgano jurisdiccional, desechó la demanda por lo que respecta a la autoridad que el quejoso señaló como Comisariado de Bienes Ejidales de San Agustín Yatareni, Oaxaca; por otra parte, admitió la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados a las restantes autoridades responsables, a quienes les fue solicitado su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Del Presidente Municipal; Encabezado de los representantes de la Ex Hacienda de Dolores, y Presidente de la Mesa Directiva del Ayuntamiento de San Agustín Yatareni, Oaxaca. 1. La falta de notificación, emplazamiento, traslado, cita o llamamiento en forma para acudir a la reunión extraordinaria que tuvo lugar en el salón de usos múltiples municipal, el veinticuatro de junio del año dos mil veintitrés. 2. El acuerdo por unanimidad para tomar posesión el dos de junio del año en curso, de un bien inmueble, propiedad del quejoso, sin su consentimiento o sin agotar proceso alguno de expropiación en que se fije una indemnización a favor del quejoso y sus consecuencias. 3. Las consecuencias del daño ecológico que se hagan al suelo, subsuelo y manto freático al autorizar un tiradero de basura en el lugar. 4. La falta de estudio de factibilidad para la construcción de un tiradero de basura a cielo abierto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente Municipal; Encabezado de los representantes de la Ex Hacienda de Dolores, y Presidente de la Mesa Directiva, todos del Ayuntamiento de San Agustín Yatareni, Oaxaca, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos reclamados (fojas 34 - 36); lo que se corrobora con la copia certificada del acta de asamblea extraordinaria verificada el veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, a la que se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de la que se advierte que sin la intervención del quejoso, en la referida asamblea extraordinaria, se autorizó que el predio que el promovente refiere es de su propiedad, sea ocupado como centro de acopio de basura. De ahí la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, de la citada ley, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme con los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5° y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, con número de registro digital 2019456, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En cambio, el interés jurídico, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, visible en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, con número de registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De acuerdo con el criterio anterior, para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, ello debe derivar de un perjuicio directo sobre los intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, conforme a los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones sean susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que se acredite en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona sufra, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad; en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En concordancia con lo expuesto, cuando se defiende la propiedad de un bien inmueble, como en el caso, debe acreditarse que tiene su origen en alguna de las instituciones jurídicas contempladas en las legislaciones relativas. Ahora, en este juicio de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso Trinidad López López, por conducto de su apoderado legal, manifestó que es propietario del bien inmueble que se ubica en el paraje "Cazahuate, de la Ex Hacienda Dolores, en San Agustín Yatareni, Oaxaca, que colinda: al Poniente, con el señor Matías Cruz Martínez; al Norte, con camino vecinal; al Sur, con Crescenciano Martínez Cruz, y por el Oriente, con Guillermo Francisco (actualmente con Isaac Francisco Agustín). Por otra parte, de la copia certificada que remitieron las responsables del acta de asamblea extraordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, se advierte que el Comité de los representantes de la Ex Hacienda de Dolores, San Agustín Yatareni, Centro, Oaxaca, donó el predio que el quejoso asegura es de su propiedad, al Ayuntamiento de San Agustín Yatareni, Centro, Oaxaca, a efecto de que sea utilizado como centro de acopio para la basura de residuos sólidos; lo que el quejoso asegura le perjudica. Ahora bien, para poder analizar la legalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en la demanda de amparo, es necesario verificar que la parte quejosa acredite la afectación a su interés jurídico, esto es, que es propietario del inmueble que asegura le fue desposeído mediante la determinación adoptada en la asamblea extraordinaria, celebrada el veinticuatro de junio del año en curso. Luego, para acreditar la afectación a su interés jurídico, el quejoso exhibió: 1. Copia certificada del acta de traslado de cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis, levantada por el representante de la Pequeña Propiedad de la Ex Hacienda de Dolores, San Agustín Yatareni, Centro, Oaxaca, en la que se hace constar la compraventa realizada entre, por una parte como vendedor Evaristo Pablo Cruz y, por otra, como comprador Trinidad López López, de tres fracciones de terreno de tercera temporal, ubicado en el paraje denominado "Cazahuate", con las siguientes colindancias: Poniente: colinda con el señor Matías Cruz Martínez. Norte: colinda con camino vecinal. Sur: colinda con el señor Crescenciano Martínez Cruz, y Oriente: colinda con el señor Guillermo Francisco. 2. Prueba testimonial 3. Diligencia de inspección judicial desahogada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. En cuanto a la documental que ofreció, no es la idónea para acreditar la propiedad del referido bien, pues para el caso de que el predio pertenezca al régimen de propiedad comunal o ejidal, el documento idóneo para acreditar la titularidad del referido bien, lo es la constancia original o copia certificada expedida por el Comisariado debidamente ratificada por la asamblea de comuneros en términos de los artículos 23, fracción VIII y 107 de la Ley Agraria. En apoyo a lo anterior, por analogía, se invoca la jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), sostenida por el Pleno del Decimotercer Circuito, Décima Época, visible en la página 831 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, con número de registro digital 2005053, que dice: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero." Y en caso de que el bien inmueble pertenezca al régimen de propiedad privada, debió celebrarse mediante escritura pública, conforme a lo dispuesto por los artículos 2190 y 2191 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que dicen: "Artículo 2190.- El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble." "Artículo 2191.- La venta de inmuebles se hará en escritura pública con excepción hecha de aquéllas que celebren los organismos públicos federales o estatales, tendientes a regularizar la tenencia de la tierra, y de las previstas en el artículo 2192 de este Código, las que requerirán para su validez, solamente las firmas de las partes y de los testigos, sin necesidad de que dichas operaciones se eleven a escritura pública." Por lo tanto, toda vez que la documental con que el quejoso pretende acreditar su interés jurídico, no encuentran equiparación con las descritas en párrafos que anteceden, no resulta la prueba idónea para acreditar la afectación a su interés jurídico. A mayor abundamiento, el promovente debió acreditar la identidad del bien que afirma ser propietario, con aquél bien que se determinó usar como centro de acopio para basura de residuos sólidos, en la asamblea extraordinaria de veinticuatro de junio del año en curso; lo que no realizó. En efecto, debió haber demostrado la identidad entre el predio a que alude el citado documento anexo a la demanda de garantías, con el que se determinó usar como centro de acopio para basura de residuos sólidos, en la asamblea extraordinaria de veinticuatro de junio del año en curso. Lo que debió hacer por medio de la prueba pericial, que es la idónea para acreditar la identidad del bien cuya propiedad dice ostentar, con aquél que se dice afectado en virtud de la orden emitida por las responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en la página 53 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 84, Diciembre de 1994, con número de registro digital 209637, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable." Así como la jurisprudencia VI.1o.C. J/13, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en la página 1606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, con número de registro digital 190377, que dice: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Finalmente con la prueba de inspección judicial solamente se comprueba la existencia del bien inmueble ubicado en el paraje "Cazahuate" de la Ex Hacienda de Dolores, San Agustín Yatareni, Oaxaca, y sus características, pero no la propiedad que sobre el mismo asegura tener. Por lo antes expuesto, como ya se indicó, no se acredita la afectación al interés jurídico del quejoso. Luego, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 657/2023, promovido por Trinidad López López, por propio derecho, en términos del último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad exhibe repreguntas. Agréguese el oficio de cuenta del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Yatareni, Centro, Oaxaca; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele exhibiendo pliego de repreguntas que se deberán formular a los testigos ofrecidos por la parte quejosa, al momento de verificarse la audiencia de Ley. NOTIFÍQUESE.

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