Trinidad Hernández Leonardo

Expediente 90/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
90/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Trinidad Hernández Leonardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Devolución de billete. Respecto del billete de depósito N924079, expedido por el Banco del Bienestar, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional), se deberá estar a lo acordado en auto de nueve de febrero del año en curso. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, copias certificadas del expediente 211/2016, de su índice remitidas como apoyo a su informe justificado. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 90/2022-II, promovido por Trinidad Hernández Leonardo, contra los actos reclamados precisados en el considerando Segundo, en términos del diversos Cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Parte quejosa pretende ampliar demanda de amparo. Agréguese el escrito signado por el quejoso Trinidad Hernández Leonardo, mediante el cual en atención a la vista otorgada en proveído de veintitrés de febrero del año que transcurre, pretende ampliar su demanda de amparo. Ahora bien, de un análisis a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses ampliara su demanda de amparo atento al contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez y Diligenciaria, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, y con ello señalar a nuevas autoridades responsables, actos reclamados o en su defecto ampliar los conceptos de violación que formuló en su escrito inicial de demanda Además, se hizo del conocimiento del peticionario de amparo que de considerar favorable a sus intereses desahogar la vista otorgada, el cumplimiento respectivo debería ser por escrito colmando los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, con las copias suficientes del escrito de ampliación para correr traslado a las partes de este juicio; y atendiendo lo dispuesto por el numeral 111 de la Ley de la materia. Sentado lo anterior, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación.". Ahora, de un análisis al escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa omitió atender todos los requisitos previstos en el precepto legal antes transcrito, pues únicamente señaló como terceros interesados a los señores Alberto Contreras Hernández y María de Jesús García Navarrete, asimismo se limita a realizar manifestaciones en torno a los alegatos formulados por la tercera interesada precisada en segundo término. Por tanto a fin de proveer lo que corresponda, es necesario que el quejoso formule su escrito de ampliación de demanda atendiendo todos y cada uno de los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, es decir, precise el nombre del quejoso, tercero interesado, los actos reclamados, las autoridades responsables a quienes les atribuye los mismos, los preceptos constitucionales cuya violación reclame y manifestara bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado así como los conceptos de violación correspondientes. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto al escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para formule el escrito de ampliación de demanda colmando todos los requisitos previstos en el artículo 108 y 111 de la Ley de Amparo. En el entendido que el plazo concedido en el referido acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós -quince días- para que el quejoso de cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, se interrumpe por una sola vez, reanudándose al día siguiente en que surta efectos la notificación practicada del presente acuerdo. En consecuencia, toda vez que la promoción fue recibida el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, tal y como lo revela el sello de la Oficialía de Partes Común, siendo que el auto de prevención le fue notificado el veinticinco de febrero del presente año, por lo que dicha notificación surtió efectos el veintiocho siguiente y el plazo concedido transcurre del uno al veintidós de marzo del año que transcurre; por lo que todavía contará con un día hábil para desahogar dicha prevención. Se le apercibe al promovente que en caso de no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado para ello (un día), se tendrá por no presentado el escrito de ampliación de demanda, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 106/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, que señala: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." De igual forma, es aplicable la tesis número III.2o.A.38 K, visible en la página 1323, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, que a la letra señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." No ha lugar a acordar de conformidad. Por otra parte, respecto a su petición de que este Juzgado de Distrito requiera al Notario Público número Uno de la Demarcación de Zaragoza, para que remita copia certificada de su protocolo, el testimonio de la escritura número 73755 volumen 825 relativa al contrato de compraventa que otorgó la señora Emilia Suárez Torres en favor del señor Bonifacio Suárez Díaz, para que sean agregadas a los presentes autos como pruebas supervinientes, en consecuencia, dígasele que, no es procedente proveer de conformidad su petición, toda vez que el artículo 121 de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. (.)" En tal sentido, del numeral antes transcrito se advierte que para que este Órgano Jurisdiccional se encuentre en aptitud de requerir a la autoridad responsable las constancias que solicita la parte quejosa, deben de cumplirse dos requisitos: Que las partes exhiban la solicitud realizada a las autoridades responsables; y, Que dicho requerimiento, se realice cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la audiencia. Bajo ese contexto, del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso solicita se requiera a las autoridad antes señalada, a efecto que remitan copia certificada de su protocolo, el testimonio de la escritura número 73755 volumen 825 relativa al contrato de compraventa que otorgó la señora Emilia Suárez Torres en favor del señor Bonifacio Suárez Díaz; sin embargo, resulta evidente que no cumple con requisitos que alude el artículo 121 de la Ley de Amparo; por tanto, no procede requerir los documentos solicitados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de marzo de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintitrés de febrero del año que transcurre, para que amplíe su escrito demanda de amparo inicialmente formulado. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Se apersona tercero interesado. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por María de Jesús García Navarrete; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo , se tiene por apersonada al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada. Formula alegatos. Asimismo, realiza diversas manifestaciones, en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que expresa, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Se admiten pruebas documentales. De igual manera, téngase a la tercera interesada remitiendo las documentales que anexa a su escrito de cuenta, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. . Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados Por otro lado, como lo solicita expresamente, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales al tercero interesado por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Autorizados. Finalmente, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adrián Peña Ibañez, toda vez que sí cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones, a Elizabeth Peña López y María Fernanda Peña López, por no contar con dicho registro. Comunicación no procesal. De igual manera, se tiene a las autoridades oficiantes, señalando como medios de comunicación consistente en correo electrónico, en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngaseles señalando los correos electrónicos que refieren y el número de teléfono que señalan, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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