Trinidad Guevara Santos

Expediente 240/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
240/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Trinidad Guevara Santos

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 26, FRACCIÓN III, 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE CITA: Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *******, contra actos del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico de Tlayacapan, Morelos, y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 240/2019-C-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Además, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, como enseguida se expondrá. En el caso, el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico de Tlayacapan, Morelos, y otras autoridades, lo siguiente a saber: "1. DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO EN TLAYACAPAN, MORELOS, LA OMISIÓN Y LA DILACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LESIONES, lo anterior, dentro de la carpeta de investigación identificada con el número *******. 2. DEL MÉDICO LEGISTA EN TURNO DE LA ZONA ORIENTE, SE RECLAMA LAS OMISIONES AL NO RENDIR LOS DICTÁMENES DE CLASIFICACIÓN DE LESIONES Y DE RECLASIFICACIÓN DE LESIONES QUE FUERON SOLICITADOS EN TRES OCASIONES POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TLAYACAPAN, MORELOS; lo anterior dentro de la carpeta de investigación identificada con el numero *******." Sin embargo, tales actos no son susceptibles de combatirse en esta instancia constitucional, ya que previo a su impugnación en esta vía extraordinaria, debe agotarse el recurso que contempla la ley secundaria en observancia al principio de definitividad que rige este procedimiento de amparo. Ello, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, que establece lo siguiente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. --- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. --- Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En el caso que nos ocupa, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que contra las omisiones y/o abstenciones del Agente del Ministerio Público, para investigar en una carpeta de investigación, son impugnables ante al Juez de control, pues al efecto dicho dispositivo legal establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo transcrito se colige que, contra las decisiones del Ministerio Público sobre las omisiones durante la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas ante el juez de control. Luego entonces, si antes de la promoción de este juicio de amparo la parte quejosa no agotó el citado medio de impugnación que se menciona, a través del cual se impulsar la tramitación de la carpeta ******, por lo cual es dable considerar que dichos actos no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues previamente debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación, pero al no actuar así se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 943, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017640, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la omisión y dilación en tramitar la carpeta de investigación *********). De modo que, esos actos no encuadran en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, y por ello, está obligada a agotar los recursos procedentes, como en el caso del recurso de impugnación ya mencionado. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 107 de la ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio de amparo, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso innominado establecido en la legislación general. Tiene aplicación al caso, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se ha visto y contrario a lo expuesto por la quejosa en la demanda, la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, lo que procede es desechar como se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata.

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