Trinidad García Morales

Expediente 1045/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1045/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
01/09/2015

Partes del expediente

  • Trinidad García Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    MESA III B Agréguese a los autos el escrito del quejoso TRINIDAD GARCÍA MORALES; visto su contenido, como lo solicita, previa identificación y toma de razón, devuélvase al impetrante el billete de depósito con número de serie N 182395, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, por la cantidad de dos mil pesos cero centavos, moneda nacional, que exhibió para garantizar la suspensión definitiva concedida en este incidente (foja 45), el cual se encuentra guardado en la caja de valores de este Juzgado. Indicándosele que dicho documento se le entregará únicamente al quejoso TRINIDAD GARCÍA MORALES; quien se deberá presentar ante este Juzgado en días y horas hábiles, con identificación oficial vigente. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8 y 29 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para los fines legales consiguientes, y una vez que se haga entrega del citado billete de depósito, comuníquese a la Secretaría Técnica de dicho Fondo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (SISE).

  2. Principal

    MESA III B Vistos los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de julio de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio (fojas 39 a 41); en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho auto, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Incidental

    MESA III B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veintidós de julio de dos mil quince (fojas 32 a 35), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que en proveído de treinta de julio de dos mil quince (foja 45) se tuvo a la quejosa, exhibiendo el billete de depósito serie N 182395 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, por la suma de dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional, para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida, y que se prorrogó para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida, mismo que se encuentra guardado en la caja de valores de este órgano jurisdiccional bajo el número 156/2015; hágasele de su conocimiento que a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, podrá formular la solicitud de devolución de dicho billete; en la inteligencia de que también a partir de esa fecha empezará a correr el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de la citada garantía en favor del Erario Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA III B Agréguese a los autos el oficio 1172, signado por el Secretario de acuerdos encargado por ministerio de ley del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca y anexo que acompaña, por el que remite copia certificada de la resolución de veintisiete de julio del año en curso, dictada en la causa penal 46/2015 de su índice, relativa al auto de formal prisión dictada en contra de la procesada, aquí quejosa Trinidad García Morales, como probable responsable en la comisión del delito de allanamiento de morada nocturno, previsto y sancionado por el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, cometido en agravio de Rocío García Gaspar. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en el presente asunto, así como las remitidas por la autoridad judicial responsable en el oficio de cuenta, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la quejosa Trinidad García Morales, reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución material de dicho mandamiento de captura, por parte del Procurador General de Justicia del Estado, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de Zaachila, Oaxaca y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca. Po otro lado, se hace constar que por auto de veintiuno del mes y año en curso, se tuvo como autoridad inexistente a la autoridad responsable, que la quejosa señaló como "Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado" (foja 17), por lo que no hará pronunciamiento alguno respecto de la mencionada autoridad. Po su parte, las autoridades responsables, Procurador General de Justicia del Estado y Agente Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia en la Villa de Zaachila, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 11 y 19) convinieron en la existencia del acto que le reclama la quejosa, informando que existía librada una orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, como probable responsable en la comisión del delito de allanamiento de morado nocturno, previsto y sancionado por el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, cometido en agravio de Rocío García Gaspar. Asimismo se aprecia, que la autoridad ordenadora, en el oficio que se agrega, informa que dentro de la causa penal 46/2015, el veintisiete de julio del año en curso, resolvió la situación jurídica de la aquí quejosa Trinidad García Morales, y dictó en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de allanamiento de morado nocturno, previsto y sancionado por el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, cometido en agravio de Rocío García Gaspar. En consecuencia, al haberse dictado auto de formal prisión contra la impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de la presente determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de Zaachila, Oaxaca y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Sin que se óbice a lo anterior, que la diversa autoridad ejecutora, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, no hubiere rendido su respectivo informe justificado, ni existe constancia que haya quedado notificada de su petición, en virtud, que como ya se dijo, el acto de ejecución que se le atribuye no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, que se encontraba señalada para este día (foja 6); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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