Trinidad Felipe Orozco Navarrete
Expediente 312/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Trinidad Felipe Orozco Navarrete
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito presentado electrónicamente por el quejoso ********************, con evidencia criptográfica de ******************** autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el citado quejoso; con el cual, solicita la devolución de los documentos que exhibió con la demanda de amparo. En tal virtud, al no existir inconveniente legal alguno, devuélvanse los documentos que señala la parte quejosa en su escrito de cuenta, previo recibo, identificación, y copia que de ellos se deje en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
MESA I. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el escrito presentado electrónicamente por el quejoso Trinidad Felipe Orozco Navarrete, con evidencia criptográfica de Abraham Vite Orozco, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el citado quejoso; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y entréguensele previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de la parte solicitante que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico. Sin perjuicio de ello, se hace notar que, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, mismas que tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Trinidad Felipe Orozco Navarrete, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; en consecuencia, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 312/2023-I. En este sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda y a los documentos que se adjuntaron a ella, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA la demanda de amparo que nos atañe, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como a continuación se expone. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que esencialmente reclama la parte quejosa, es la emisión del oficio ISS100.31.300.1.287.02.2023 de siete de febrero de dos mil veintitrés, en el que la responsable dio contestación a su solicitud presentada ante ella el tres de enero del año en curso, a fin de que se le otorgue la pensión a su favor con motivo del fallecimiento de su madre. Ahora, para mayor claridad, se anota que de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: a) El tres de enero de dos mil veintitrés, el quejoso presentó un escrito ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Delegación Yucatán, en el cual solicitó la pensión por fallecimiento de la pensionada Nohemí Navarrete Gutiérrez (o) Flora Noemí Navarrete Gutiérrez (o) Noemí Navarrete Gutiérrez. b) El siete de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió el oficio número ISS100.31.300.1.287.02.2023, a través del cual dio respuesta a la petición aludida, en el sentido de informarle al peticionario los requisitos para otorgar el beneficio de pensionado por orfandad (discapacidad) derivada de la muerte de quien en vida respondió al nombre de Nohemí Navarrete Gutiérrez, señalándole lo anterior, con base en el numeral 53 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 49 de esta última legislación. Este es el acto reclamado en esta instancia constitucional. A fin de dar sustento jurídico a la presente determinación, es necesario precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Además, debe tomarse en cuenta la fracción IV del artículo 107 constitucional, esta consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva; es decir, implica que previo al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para cumplimentar el principio de definitividad del juicio de amparo, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. De modo que el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 61, fracción XX, referido. Ahora, para que se considere que el particular se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad, el medio ordinario de impugnación debe estar contenido en una ley, en sentido formal y material. La ley debe regular por algún título ese acto de manera específica, colmando todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado, es decir, que a través de éste se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. Sobre este punto, es indispensable precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 341/20152 determinó -en lo que interesa- que los institutos aseguradores, de conformidad con la legislación que los rige, están facultados para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. De igual forma, estimó que, cuando se atribuye al instituto asegurador la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. Sin embargo, explicó que respecto de la respuesta que, en su caso formule el instituto, no procederá demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía común. En el caso, se reitera, el acto reclamado de forma destacada es la determinación contenida en el oficio número ISS100.31.300.1.287.02.2023, de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a través del cual dio respuesta a la petición presentada por el quejoso el tres de enero pasado, en el sentido de informarle al peticionario los requisitos para otorgar el beneficio de pensionado por orfandad (discapacidad) derivada de la muerte de quien en vida respondió al nombre de Nohemí Navarrete Gutiérrez, señalándole lo anterior, con base en el numeral 53 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 49 de esta última legislación. Por tanto, resulta patente, que previamente a instar el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción VII , de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita. De estos preceptos legales, se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que se determinen en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, con la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos de la resolución combatida, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, ya que la ley que lo rige prevé esa medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados. En efecto, a través de la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, ya que la ley que lo rige prevé la citada medida cautelar sin exigir mayores requisitos a los regulados por la Ley de Amparo, tal como se establece en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable a los juicios que se siguen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De la interpretación de este precepto, se obtiene que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo. En efecto, del análisis comparativo del mencionado numeral y los diversos 128, 129, 131 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a. Requisito de la solicitud de la suspensión por parte del agraviado. Tanto en el juicio de nulidad como en el de amparo, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados se solicita por el accionante; por lo que su regulación es similar. b. Oportunidad para solicitar la suspensión. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio hasta en tanto no se dicte sentencia firme; mientras que el artículo 130 de la Ley de Amparo prevé que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva al momento de promover el amparo o en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; regulación idéntica en ambos juicios. c. Autoridad que provee respecto de la suspensión. En el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; mientras que en la suspensión en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del juicio de amparo, acorde con lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo; de ahí que deba considerarse que el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la legislación de amparo. d. Requisito relativo al orden público y al interés social. En los artículo 28, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 128 y 131 de la Ley de Amparo se exige, como requisito de procedencia, que la concesión de la medida cautelar no cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; además de que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del interés para obtener la suspensión por parte del solicitante. e. Efecto del otorgamiento de la suspensión. El numeral 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que en los juicios contenciosos administrativos pueden decretarse medidas cautelares para mantener la situación de hecho existente, mientras que el artículo 26 establece medidas cautelares positivas. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo dispone que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la suspensión tendrá como efecto paralizar su ejecución o restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Consecuentemente, ambas legislaciones prevén efectos idénticos para las medidas cautelares. f. Plazo para proveer sobre la medida. Ambos ordenamientos establecen que tanto el magistrado instructor en el juicio de nulidad, como el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo, deben proveer dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de la solicitud de la suspensión, sobre el otorgamiento o negativa de la medida. En esas circunstancias se concluye que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. En ese tenor, como se adelantó, esta juzgadora federal considera que el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, como se expuso, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados, ni contempla un plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar provisional; de ahí que, se considera improcedente el juicio de amparo que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2008807, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 783, que establece: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Además, el quejoso no se ubica en alguna excepción al principio de definitividad, en materia administrativa. Es así, pues, en primer lugar, se advierte que el acto reclamado no carece de absoluta fundamentación y motivación, pues se sustentó, entre otros, en los numeral 53 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 49 de esta última legislación y se explicó los requisitos necesarios para el otorgamiento de la pensión solicitada. En tal virtud, no opera excepción del referido principio de definitividad; y es factible para el quejoso obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, en el que, al interponerlo, puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias; correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juzgado de Distrito. En segundo lugar, el promovente del amparo en su demanda de amparo no plantea solamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino que cuestiona la legalidad del acto administrativo. En efecto, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que combate lo siguiente: De forma genérica sostiene que la autoridad incumplió con sus obligaciones derivadas del artículo 8° constitucional, pues la respuesta que emitió -en atención a su escrito de tres de febrero de dos mil veintitrés- no se pronunció sobre su derecho a la pensión solicitada. Lo anterior pone de manifiesto que el promovente del amparo no solo plantea violaciones directas a la Carta Magna, sino que esos argumentos también se dirigen a combatir cuestiones de legalidad y, por tanto, el quejoso está obligado a agotar el principio de definitividad, pues al fallarse el recurso ordinario, debido a que si la autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido podría quedar sin efecto. Con base en todo lo expuesto, contrario a lo que sostiene el quejoso en su demanda de amparo, en el caso no se actualiza ningún supuesto de excepción de los que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso se encontraba obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Finalmente se destaca que el juicio de nulidad analizado no está previsto en un reglamento, sino en una ley, esto es, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se estableció en párrafos precedentes. Es aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017685, de laDécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 1101, que señala: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado." En consecuencia, la parte quejosa estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto acuerda, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de orientación la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Trinidad Felipe Orozco Navarrete, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Abraham Vite Orozco y con las limitaciones que establece el párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a la restante que menciona en su demanda de amparo. Asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo de la parte quejosa y el número celular de contacto, los que proporciona en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Por otro lado, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio y recibir notificaciones electrónicas, proporcionando para ello su nombre de usuario, que es "VITEJR", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover con su nombre de usuario "VITEJR", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, y para recibir notificaciones vía electrónica, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Tomas de la Cruz Custodio1278/2023
- Tomas Eduardo Duarte Colli1304/2019
- Tomas Garrido Sosa436/2018
- Tomasa Isabel Pat Chuc1002/2021
- Toribio Ruiz Hernandez943/2022
- Toribio Tamay Y Chan372/2016
- Trinidad Guadalupe Solis Lopez1262/2021
- Trinidad López Zavala2009/2022
- Trinidad Lopez Zavala449/2019
- Tuffy Mafud Contreras1510/2017
- Tuffy Mafud Contreras1171/2021
- Tzel-Ha Maria Jose Garcia Cabral Medina414/2022