Trinidad Ernesto Jorge Sanchez Alonso

Expediente 2056/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2056/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
31/05/2016

Partes del expediente

  • Trinidad Ernesto Jorge Sanchez Alonso
  • Junta Especial Numero Treinta Y Tres de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la sentencia protectora de garantías, se advierte que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: ".1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el juicio laboral ***** . Con libertad de jurisdicción, pronuncie una nueva interlocutoria, en la que de manera fundada y motivada resuelva el incidente de liquidación de laudo, indicando en forma clara, precisa y expresa las operaciones aritméticas (sumas, restas, multiplicaciones o divisiones) que la conduzcan a formarse convicción respecto de las cantidades que refiera como totales por cada concepto cuantificado en la planilla de liquidación, conforme a lo fallado en el laudo ejecutoriado, valorando las pruebas existentes en autos a fin de determinar la base pensionaria, exponiendo los motivos por los cuales establezca determinada fecha final para la cuantificación correspondiente. fojas 66 vuelta y 67. Por auto de siete de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 76 y 77). Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio número ****** de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, recibido en la oficialía de éste juzgado federal el veintiséis del mismo mes y año, registrado con el número 10209, remitió copia certificada de la resolución emitida el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente laboral número **** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil quince y, dictó otra, en la que con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determinó que con base en la copia de la resolución de diecisiete de julio de dos mil trece, emitida por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advertía que se otorgó al actor aquí quejoso la jubilación por años de servicio reconociéndole veintinueve años catorce quincenas y dos días de antigüedad y, el beneficio del 100% de la pensión, la cual surtió efectos a partir del uno de septiembre de dos mil trece, fecha partir de la cual se le paga la pensión y ostentaba el carácter de jubilado, por tanto, la Junta responsable consideró que el actor laboró para el Instituto demandado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil trece, fecha en la cual también causó baja del régimen obligatorio de la seguridad social, de manera que esa fue la fecha que consideró como aquélla en la que el actor dejó de ser trabajador al servicio del instituto demandado (foja 123 vuelta). Asimismo, determinó que el actor había tenido como último sueldo percibido la cantidad mensual de $ 19, 537.19 (diecinueve mil quinientos treinta y siete 19/100 Moneda Nacional) y precisó los conceptos que lo integraban, monto que tomó como base para el cálculo de la pensión obtenida en términos del artículo 4° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones aplicable y estableció que debido a la antigüedad del actor aquí quejoso le correspondía el 100% de su pensión (foja 124 frente y vuelta); además, determinó que su derecho al pago de la pensión por riesgo de trabajo comprendía del veinte de enero de dos mil quince, fecha en que se le reconoció el grado de riesgo de trabajo, al treinta de abril de dos mil quince, como se había estipulado en el laudo (foja 124 vuelta). Así una vez que realizó la deducciones que procedían en términos del artículo 5° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones aplicable y, después de haber realizado las operaciones aritméticas correspondientes como se precisaron en la ejecutoria, resolvió aprobar el monto de la pensión mensual por la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis 98/100 moneda nacional), que dividió entre treinta días que tiene el mes, arrojó una pensión diaria de $764.89 (setecientos sesenta y cuatro pesos 89/100 moneda nacional); cantidad que tomó en consideración para cuantificar el laudo que comprendía la condena, del veinte de enero al treinta de abril de dos mil quince, para lo cual multiplicó once días del mes de enero por la pensión diaria que resultó en $8,413.79 más la cantidad correspondiente de la pensión mensual determinada en la cantidad de $22,946.98 por dos meses marzo y abril de 2015, arrojó la cantidad de $45,893.96 a la que le sumó los $8,413.79, resultando un total de $54,307.75 cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional foja 125 frente y vuelta. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con las constancias de que se trata para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 128). Es así que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al dejar sin efectos la resolución de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el expediente laboral número 593/2011 de su índice, y dictar otra en la que con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo resolvió el incidente de liquidación de laudo, en el que determinó la fecha final para la cuantificación correspondiente como la base pensionaria, en el sentido de que el actor había laborado para el Instituto demandado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil trece, fecha en la que consideró había dejado de ser trabajador activo; del mismo modo, precisó que había tenido como último sueldo percibido la cantidad mensual de $ 19, 537.19 (diecinueve mil quinientos treinta y siete 19/100 moneda nacional) y, en apego al artículo 4° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, resolvió que le correspondía el 100% de su pensión por riesgo de trabajo; y una vez que realizó la deducciones que procedían, después de haber realizado las operaciones aritméticas correspondientes como se requirió en la ejecutoria, determinó aprobar el monto de la pensión mensual por la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional) y la liquidación del laudo por la cantidad de $54,307.75 (cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional), que comprendía del veinte de enero al treinta de abril de dos mil quince; por lo anterior se llega a la conclusión de que en el caso, la Junta responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, considerándose cumplida en sus términos la misma. Lo anterior sin perjuicio del contenido del escrito signado por el quejoso Trinidad Ernesto Jorge Sánchez Alonso, registrado con el número 10956, por el cual realiza diversas manifestaciones en el sentido de que en términos del principio de mayor beneficio en el amparo, la Junta responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de garantías; pues cuantificó el importe de las diferencias que se le adeudan en una cantidad inferior a la que se había señalado en la resolución materia del presente juicio de amparo; además adujo que la Junta responsable no se había pronunciado en relación con la fecha en que debía comenzar a calcularse la pensión de incapacidad permanente parcial, como se le indicó en la ejecutoria de amparo (fojas 135 y 136). Ahora bien, contrariamente a lo manifestado por el quejoso, en la interlocutoria que se analiza la Junta responsable sí precisó la fecha en que se debía comenzar a calcular la pensión de incapacidad permanente parcial; pues al respecto determinó que la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó al actor, aquí quejoso, el 100% de la pensión jubilatoria por años de servicio, la cual surtió efectos a partir del uno de septiembre de dos mil trece, fecha a partir de la cual se le pagaba la pensión y tenía el carácter de jubilado, además determinó que el actor había laborado para el Instituto demandado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil trece, fecha en la cual también causó baja del régimen obligatorio de la seguridad social, de manera que esa fue la fecha que consideró como aquélla en la que dejó de ser trabajador al servicio del instituto demandado (foja 123 vuelta). Ahora bien, por cuanto hace a la manifestación de que en términos del principio de mayor beneficio en el amparo, la Junta responsable no debió cuantificar el importe de las diferencias que se le adeudan en una cantidad inferior a la que se había señalado en la resolución materia del presente juicio de amparo, debe decirse que si bien es cierto que en la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se aprecia que se tomó la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional), como monto de la pensión mensual, mientras que para la liquidación del laudo la cantidad de $54,307.75 (cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional); también lo es, que la Junta concluyó que la primera cantidad resultó de considerar como último sueldo percibido por el quejoso la cantidad mensual de $19,537.19 (diecinueve mil quinientos treinta y siete 19/100 moneda nacional), pero al tomar en consideración que al aquí quejoso le correspondía el 100% de su pensión por riesgo de trabajo en términos del artículo 4° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, resolvió una vez realizadas las deducciones que procedían, que le resultaba la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis pesos con noventa y ocho centavos). Del mismo modo, respecto de la liquidación del laudo la Junta determinó que comprendía del veinte de enero al treinta de abril de dos mil quince y tomando como base la citada pensión mensual que dividió entre treinta días que tiene el mes, le resultó a la cantidad de $764.89 la cual multiplicó por once días correspondientes al mes de enero obteniendo como resultando $8,413.79 más $22,946.98 por dos meses (marzo y abril de 2015), lo que le arrojó la cantidad de $45,893.96 a la que se le sumó los anteriores $8,413.79 dieron la cantidad total de $54,307.75 (cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional); cuantificación que resulta acorde con los lineamientos establecidos en la ejecutoria visibles a fojas 66 y 67, pues cuantificó el monto de la pensión por incapacidad parcial permanente, indicó las deducciones que aplicó conforme a lo dispuesto por el artículo 5° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto demandado, para así determinar la cuantificación y sus incrementos, y tomó en cuenta las constancias para arribar a la convicción de que era el correcto, y además precisó las operaciones aritméticas correspondientes a fin de evidenciar que el resultado es acorde con la condena impuesta en el laudo, en términos de los artículos 4° y 5° del Régimen de Pensiones y Jubilaciones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo y, en esas condiciones, la resolución combatida se ajusta a los lineamientos establecidos en la ejecutoria; en consecuencia, dígase al quejoso, que deberá estarse a lo acordado en el presente auto, quedando expedito su derecho, para hacerlo valer conforme a sus intereses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA TRINIDAD ERNESTO JORGE SÁNCHEZ ALONSO EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la sentencia protectora de garantías, se advierte que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: ".1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el juicio laboral ***** . Con libertad de jurisdicción, pronuncie una nueva interlocutoria, en la que de manera fundada y motivada resuelva el incidente de liquidación de laudo, indicando en forma clara, precisa y expresa las operaciones aritméticas (sumas, restas, multiplicaciones o divisiones) que la conduzcan a formarse convicción respecto de las cantidades que refiera como totales por cada concepto cuantificado en la planilla de liquidación, conforme a lo fallado en el laudo ejecutoriado, valorando las pruebas existentes en autos a fin de determinar la base pensionaria, exponiendo los motivos por los cuales establezca determinada fecha final para la cuantificación correspondiente. fojas 66 vuelta y 67. Por auto de siete de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 76 y 77). Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio número ****** de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, recibido en la oficialía de éste juzgado federal el veintiséis del mismo mes y año, registrado con el número 10209, remitió copia certificada de la resolución emitida el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente laboral número **** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil quince y, dictó otra, en la que con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada determinó que con base en la copia de la resolución de diecisiete de julio de dos mil trece, emitida por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advertía que se otorgó al actor aquí quejoso la jubilación por años de servicio reconociéndole veintinueve años catorce quincenas y dos días de antigüedad y, el beneficio del 100% de la pensión, la cual surtió efectos a partir del uno de septiembre de dos mil trece, fecha partir de la cual se le paga la pensión y ostentaba el carácter de jubilado, por tanto, la Junta responsable consideró que el actor laboró para el Instituto demandado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil trece, fecha en la cual también causó baja del régimen obligatorio de la seguridad social, de manera que esa fue la fecha que consideró como aquélla en la que el actor dejó de ser trabajador al servicio del instituto demandado (foja 123 vuelta). Asimismo, determinó que el actor había tenido como último sueldo percibido la cantidad mensual de $ 19, 537.19 (diecinueve mil quinientos treinta y siete 19/100 Moneda Nacional) y precisó los conceptos que lo integraban, monto que tomó como base para el cálculo de la pensión obtenida en términos del artículo 4° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones aplicable y estableció que debido a la antigüedad del actor aquí quejoso le correspondía el 100% de su pensión (foja 124 frente y vuelta); además, determinó que su derecho al pago de la pensión por riesgo de trabajo comprendía del veinte de enero de dos mil quince, fecha en que se le reconoció el grado de riesgo de trabajo, al treinta de abril de dos mil quince, como se había estipulado en el laudo (foja 124 vuelta). Así una vez que realizó la deducciones que procedían en términos del artículo 5° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones aplicable y, después de haber realizado las operaciones aritméticas correspondientes como se precisaron en la ejecutoria, resolvió aprobar el monto de la pensión mensual por la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis 98/100 moneda nacional), que dividió entre treinta días que tiene el mes, arrojó una pensión diaria de $764.89 (setecientos sesenta y cuatro pesos 89/100 moneda nacional); cantidad que tomó en consideración para cuantificar el laudo que comprendía la condena, del veinte de enero al treinta de abril de dos mil quince, para lo cual multiplicó once días del mes de enero por la pensión diaria que resultó en $8,413.79 más la cantidad correspondiente de la pensión mensual determinada en la cantidad de $22,946.98 por dos meses marzo y abril de 2015, arrojó la cantidad de $45,893.96 a la que le sumó los $8,413.79, resultando un total de $54,307.75 cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional foja 125 frente y vuelta. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes con las constancias de que se trata para que manifestaran lo que a su interés conviniera (foja 128). Es así que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al dejar sin efectos la resolución de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada en el expediente laboral número 593/2011 de su índice, y dictar otra en la que con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo resolvió el incidente de liquidación de laudo, en el que determinó la fecha final para la cuantificación correspondiente como la base pensionaria, en el sentido de que el actor había laborado para el Instituto demandado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil trece, fecha en la que consideró había dejado de ser trabajador activo; del mismo modo, precisó que había tenido como último sueldo percibido la cantidad mensual de $ 19, 537.19 (diecinueve mil quinientos treinta y siete 19/100 moneda nacional) y, en apego al artículo 4° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, resolvió que le correspondía el 100% de su pensión por riesgo de trabajo; y una vez que realizó la deducciones que procedían, después de haber realizado las operaciones aritméticas correspondientes como se requirió en la ejecutoria, determinó aprobar el monto de la pensión mensual por la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional) y la liquidación del laudo por la cantidad de $54,307.75 (cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional), que comprendía del veinte de enero al treinta de abril de dos mil quince; por lo anterior se llega a la conclusión de que en el caso, la Junta responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, considerándose cumplida en sus términos la misma. Lo anterior sin perjuicio del contenido del escrito signado por el quejoso Trinidad Ernesto Jorge Sánchez Alonso, registrado con el número 10956, por el cual realiza diversas manifestaciones en el sentido de que en términos del principio de mayor beneficio en el amparo, la Junta responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de garantías; pues cuantificó el importe de las diferencias que se le adeudan en una cantidad inferior a la que se había señalado en la resolución materia del presente juicio de amparo; además adujo que la Junta responsable no se había pronunciado en relación con la fecha en que debía comenzar a calcularse la pensión de incapacidad permanente parcial, como se le indicó en la ejecutoria de amparo (fojas 135 y 136). Ahora bien, contrariamente a lo manifestado por el quejoso, en la interlocutoria que se analiza la Junta responsable sí precisó la fecha en que se debía comenzar a calcular la pensión de incapacidad permanente parcial; pues al respecto determinó que la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó al actor, aquí quejoso, el 100% de la pensión jubilatoria por años de servicio, la cual surtió efectos a partir del uno de septiembre de dos mil trece, fecha a partir de la cual se le pagaba la pensión y tenía el carácter de jubilado, además determinó que el actor había laborado para el Instituto demandado hasta el treinta y uno de agosto de dos mil trece, fecha en la cual también causó baja del régimen obligatorio de la seguridad social, de manera que esa fue la fecha que consideró como aquélla en la que dejó de ser trabajador al servicio del instituto demandado (foja 123 vuelta). Ahora bien, por cuanto hace a la manifestación de que en términos del principio de mayor beneficio en el amparo, la Junta responsable no debió cuantificar el importe de las diferencias que se le adeudan en una cantidad inferior a la que se había señalado en la resolución materia del presente juicio de amparo, debe decirse que si bien es cierto que en la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se aprecia que se tomó la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional), como monto de la pensión mensual, mientras que para la liquidación del laudo la cantidad de $54,307.75 (cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional); también lo es, que la Junta concluyó que la primera cantidad resultó de considerar como último sueldo percibido por el quejoso la cantidad mensual de $19,537.19 (diecinueve mil quinientos treinta y siete 19/100 moneda nacional), pero al tomar en consideración que al aquí quejoso le correspondía el 100% de su pensión por riesgo de trabajo en términos del artículo 4° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, resolvió una vez realizadas las deducciones que procedían, que le resultaba la cantidad de $22,946.98 (veintidós mil novecientos cuarenta y seis pesos con noventa y ocho centavos). Del mismo modo, respecto de la liquidación del laudo la Junta determinó que comprendía del veinte de enero al treinta de abril de dos mil quince y tomando como base la citada pensión mensual que dividió entre treinta días que tiene el mes, le resultó a la cantidad de $764.89 la cual multiplicó por once días correspondientes al mes de enero obteniendo como resultando $8,413.79 más $22,946.98 por dos meses (marzo y abril de 2015), lo que le arrojó la cantidad de $45,893.96 a la que se le sumó los anteriores $8,413.79 dieron la cantidad total de $54,307.75 (cincuenta y cuatro mil trescientos siete pesos 75/100 moneda nacional); cuantificación que resulta acorde con los lineamientos establecidos en la ejecutoria visibles a fojas 66 y 67, pues cuantificó el monto de la pensión por incapacidad parcial permanente, indicó las deducciones que aplicó conforme a lo dispuesto por el artículo 5° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto demandado, para así determinar la cuantificación y sus incrementos, y tomó en cuenta las constancias para arribar a la convicción de que era el correcto, y además precisó las operaciones aritméticas correspondientes a fin de evidenciar que el resultado es acorde con la condena impuesta en el laudo, en términos de los artículos 4° y 5° del Régimen de Pensiones y Jubilaciones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo y, en esas condiciones, la resolución combatida se ajusta a los lineamientos establecidos en la ejecutoria; en consecuencia, dígase al quejoso, que deberá estarse a lo acordado en el presente auto, quedando expedito su derecho, para hacerlo valer conforme a sus intereses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que dio la autoridad responsable; al respecto, se reserva acordar lo conducente hasta que se provea respecto al cumplimiento del fallo protector de garantías.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual remite copia de la notificación de la liquidación del laudo a la parte demandada; para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que por auto de veintisiete de abril del presente año, se dio vista a las partes con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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