Trinidad Delgado Pérez
Expediente 403/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Trinidad Delgado Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, once de julio de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hubiese realizado manifestación alguna respecto a la vista otorgada en proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. II. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a las partes quejosa y tercera interesada por conformes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de diez de junio de dos mil diecinueve, y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, remítase físicamente el presente expediente, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO DINORA ESMERALDA MOLINA ARAGÓN, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, diez de junio de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a las partes en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, para que desahogaran la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. Efectos del fallo protector. El nueve de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad, revocó la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida por este órgano jurisdiccional, concediendo el amparo solicitado, para los siguientes efectos: "a) Emita otra resolución en la que conforme a los lineamientos establecidos en esta resolución: Funde y motive el tema de la perspectiva de género y bajo los parámetros de los criterios del protocolo para juzgar con perspectiva de género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá estudiar su impacto sobre la retratación efectuada por las ofendidas, y en relación con la existencia de otros medios de prueba que la corroboren o no. b) Hecho lo anterior, se pronuncie conforme a derecho corresponda." Así mismo, a fojas 19 a 22 de la determinación del tribunal de alzada, se advierten los lineamientos a considerar por la autoridad responsable, a fin de dar debido cumplimiento a lo resuelto, los cuales establecen: "a) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; e) Debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, f) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. De ahí que, la Sala responsable al atender el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, resolviendo aún bajo la perspectiva de género, debió emitir su resolución de manera fundada y motivada, de confirmar con los parámetros establecidos en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para evidencia lo anterior, es necesario hacer algunas acotaciones en relación al deber que tienen los operadores jurídicos de juzgar con perspectiva de género, cuyos lineamientos están contenidos en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se obtiene: * Todos los juzgadores están obligados a juzgar con perspectiva de género, lo que implica hacer realidad el derecho a la igualdad, a fin de combatir la discriminación por medio del que hacer jurisdiccional, para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. * La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de quienes imparten justicia, es una forma de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se manifieste como un principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. * Para juzgar con perspectiva de género, es necesario establecer si en el caso concreto existe alguna categoría sospechosa de discriminación, las cuales son: sexo, género, preferencias/orientaciones sexuales, edad, discapacidades, antecedentes de discapacidad, consecuencias de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. * Para establecer si en un asunto se actualizó una situación discriminatoria y con ello se ocasionó una situación de desventaja para alguna de las partes involucradas, es necesario: I) Analizar el contexto en el que se desarrollan los hechos: II) Detectar si la parte afectada se encuentra en alguna de las categorías sospechosas (por ejemplo, ser mujer implica una categoría sospechosa, pues pertenece a un grupo históricamente desventajado); III) Establecer si en el caso subyace una relación asimétrica de poder; IV) Determinar si la reacción esperada de la víctima cambiaría si se suplanta por un varón. ." Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio S-SC-173/2019 la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de mayo del presente año, donde dejó insubsistente la resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el tribunal de alzada, estableció lo siguiente: Respecto a la obligación de los juzgadores a juzgar con perspectiva de género, estableció que en virtud a que de las constancias que integran el toca de apelación 38/2018, emanaba una clara situación de violencia o vulnerabilidad suscitada por cuestión de género y derivada de una manifiesta actitud de dominación, sometimiento, controladora y agresiva, en perjuicio de la víctima, correspondía pronunciarse con perspectiva de género. En lo concerniente a la aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de quienes imparten justicia, analizó las condiciones socioculturales de la víctima a fin de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se manifieste como un principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas, pues tomó en consideración que al día del evento, la víctima contaba con dieciséis años de edad, estado civil soltera, de ocupación jornalera, con instrucción escolar primaria (incompleta), residía en casa de sus padres, en el Poblado Cacalotán, Rosario, Sinaloa, así como que según lo referido por la madre, contaba con un problema de lento aprendizaje, estrabismo y sordera, quien nació y se desarrolló en un nivel socio-cultural bajo. Con base en ello, estableció que la víctima se situó en una categoría sospechosa respecto a la desigualdad de género, al considerar que toda mujer se sitúa en ésta, en virtud del rol que le ha tocado desempeñar en la sociedad mexicana, más aun tratándose de mujeres que se desarrollan en pequeñas rancherías o poblaciones, en que su instrucción es escasa o alguna veces nula, lugares donde el hombre juega un rol preponderante, superior a la mujer, con mayor libertad de hecho. También advirtió que se actualizó una situación discriminatoria, ocasionándose con ello una situación de desventaja para la víctima, toda vez que del contenido de las declaraciones expuestas en averiguación previa, se advertía una discapacidad en ella, así como también emanaba el sometimiento que sufría en un medio donde era socavada por los propios padres y la comunidad, en temas que se consideran preponderantes como viene a ser la libertad sexual de cada individuo (influyendo la minoría de edad), donde incluso se hace un marcado rechazo a determinadas conductas asumidas por una mujer, discriminándosele así con respecto al hombre, quienes por su parte gozan de un rol distinto, matizado de superioridad sobre aquéllas, determinando así que la reacción esperada de la víctima cambiaría si se suplanta por un varón. Analizó el contexto donde se desarrollaron los hechos, las características personales (física y socio económicas) pues resaltó que la víctima nació y se desarrolló en un nivel socio-cultural bajo, donde había una relación de un poder a otro (entre los padres y el imputado) en quienes estaba la decisión de su destino, pues resalto que de las constancias se advierte que ante la insistencia de la menor víctima de llegar como destino final a casa de sus padres, éstos no la recibieron en el seno familiar, hasta que el imputado y su señora madre les aseguraron que "no había pasado nada" (refiriéndose así a la cópula sexual) y no fue hasta que ésta expresó a su hermana mayor que había sido abusada sexualmente por el imputado que acudió a interponer la denuncia de los hechos. De lo que se advierte que la autoridad responsable analizó todo el contexto donde se desarrollaron los hechos y con base en una perspectiva de género valoró las pruebas existente en el juicio natural y determinó revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado en los autos del toca penal 38/2018, y en su lugar dictó auto de formal prisión en contra del quejoso Trinidad Delgado Pérez, por ser probable responsable en la comisión del delito de violación, cometido en contra de la libertad sexual y su normal desarrollo de Dinora Esmeralda Molina Aragón. Además, ordenó tomar las medidas de protección especiales a favor de la ofendida, para garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, tomando en consideración el riesgo o peligro existente que emanan de los elementos de loe elementos que conforman la resolución emitida, conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, valoró los medios de pruebas existentes en el toca penal 38/2018 y emitió con libertad de jurisdicción la determinación correspondiente; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Informa cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio S-SC-173/2019, signado por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el toca de apelación 38/2018 de su índice, el veintitrés de mayo del presente año. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, se da vista a la parte quejosa, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. En vías de cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio S-SC-161/2019, firmado por la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al oficio 1759/2019 que le fue enviado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, informa las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, agréguese en autos el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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