Trinidad Cruz López
Expediente 300/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Trinidad Cruz López
- Comisariado de Bienes Ejidales de esta Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 12-14), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo general citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciocho. Vista la diligencia de fecha dos de agosto de esta anualidad, por la que Trinidad Cruz López, ratificó el contenido del escrito de demanda presentada ante este juzgado el veinticinco del mes próximo pasado, así como las huelas dactilares que calzan en ella, se provee: Antes de admitir la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, la quejosa Trinidad Cruz López, señala como autoridad responsable al Comisariado de Bienes Ejidales de esta ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca, de quien reclama: "4.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad citada como ordenadora LA VIOLACIÓN DE EJERCICIO DE LA GARANTÍA DE PETICIÓN Y AUDIENCIA. Dictada en mi contra y de las segundas autoridades señaladas como ejecutoras, el cabal cumplimiento de la misma orden por conducto de las personas a su mando." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 5, fracción II, 61, fracción XXIII, 113 y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establecen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: FRACCIÓN I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;" "LEY DE AMPARO. "ARTÍCULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De conformidad con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente procede contra leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción II, señala que autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada número P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V (Febrero de 1997), visible a fojas 118, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Sostuvo que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del gobernado, en donde esos actos pudieran exigirse su cumplimiento mediante el uso de la fuerza pública. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, fijó las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo. Notas distintivas que se contienen en la tesis aislada número 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV (Noviembre de 2001), Página 39, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Al tenor de las anteriores premisas, este juzgador considera que el Comisariado de Bienes Ejidales de esta ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca (sic), no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no es funcionario de organismo público que con base en una ley emite actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, que puedan exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades, de donde se sigue, que los actos que realizan se equiparen a los de un particular. Al caso, es exactamente aplicable la tesis aislada que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216 Tercera Parte, visible a fojas 17, correspondiente a la Séptima Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." Asimismo, es aplicable la tesis aislada que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, visible a fojas 841, relativa a la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con la voz: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, de conformidad con lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. En ese tenor, si para la procedencia del juicio de amparo se requiere que el acto reclamado provenga de una autoridad, y si de acuerdo a las consideraciones vertidas se determinó que el Comisariado de Bienes Ejidales de esta ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca (sic), no participa de esa característica, debe entonces estimarse que no se cumple con el requisito exigido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio".
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve Trinidad Cruz López, contra actos del Comisariado de Bienes Ejidales de Salina Cruz, Oaxaca; por consiguiente, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, tomando en consideración que en la parte final de la demanda de garantías obran huellas dactilares; por seguridad jurídica y atendiendo al principio de instancia de parte agraviada establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a Trinidad Cruz López, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes a su legal notificación, se presente ante la Secretaría de este Juzgado, con identificación oficial reciente que acredite su identidad, y manifieste si ratifica el contenido del escrito de demanda presentada ante este Juzgado el veinticinco del mes en curso; asimismo, para que manifieste si reconoce como suya las huellas dactilares estampadas en la parte final de dicho escrito. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del plazo concedido con lo requerido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el ocurso de cuenta, y por autorizados para tales efectos, a las personas que nombra, porque en esos términos lo solicita.
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