Trinidad Correa Broca
Expediente 662/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Trinidad Correa Broca
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco; nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; sin que la parte quejosa hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Juicio 662/2021-VIII-2 folio 6678 veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida Trinidad Correa Broca, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el expediente 662/2021-VIII-2, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido***. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta, completa e imparcial, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, antes de proveer lo conducente es menester señalar de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa se duele de la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada el quince siguiente. En efecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.). Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la interpretación sistemática de las porciones normativas aludidas, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si la demanda de amparo no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo de quince días señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días. Asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el artículo 18 de la Ley de Amparo, previamente transcrito, de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte impetrante de amparo la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y, por ende, no requieren indispensablemente un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. En la especie, este juzgador advierte que se actualiza la segunda hipótesis, tomando en consideración que la parte quejosa expresó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda que fue notificada del acto reclamado el quince de febrero de dos mil veintiuno, lo que constituye una confesión, en términos del artículo 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En consecuencia, si la parte quejosa aduce que el acto impugnado le fue notificado el quince de febrero de dos mil veintiuno, es evidente que se denota la extemporaneidad de la demanda de amparo, ya que el artículo 18 de la Ley de Amparo, expresamente señala que la notificación surtirá sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que se haya practicado o se haya hecho; esto es, si se le notificó el quince de febrero de dos mil veintiuno, el siguiente día hábil fue el dieciséis de febrero del citado año, día en que inició a correr el término conforme a la Ley de Amparo. Por tanto, el cómputo para interponer la demanda de amparo, transcurrió del diecisiete de febrero al nueve de marzo del año en curso, como se corrobora con el siguiente esquema: De ahí que, se concluya que, en el caso concreto, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, de la citada ley, al haberse presentado la demanda que nos ocupa fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia; ya que de la boleta de turno expedida por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, se advierte que fue presentada hasta el veintiuno de junio de dos mil veintiuno; sin que en el caso, la aquí quejosa se encuentre en algunas de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es decir, el acto reclamado no corresponde a una sentencia condenatoria en materia penal, ni tiene que ver con la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios, en los núcleos de población ejidal o comunal; y mucho menos corresponde a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional***. DETERMINACIÓN QUE SE ASUME RESPECTO A LA DEMANDA DE AMPARO. En ese orden de ideas, es evidente que en el caso a estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, relacionado con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Trinidad Correa Broca, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por cuanto hace al acto reclamado en estudio. De igual manera, es menester precisar que a raíz de la pandemia originada por el virus COVID-19, el veinte de diciembre de dos mil veinte, en sesión celebrada de manera extraordinaria, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto para acuerdo denominado: Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Sin embargo, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, informó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, se reanudan los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, desde la fecha en que se reanudaron las labores, hasta la presente data, se encuentran transcurriendo los plazos con normalidad. En otro orden de ideas, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Manuel Herrera Luciano, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que a las demás personas propuestas como autorizadas, ténganseles en términos del segundo párrafo del artículo aludido, por no contar con tal requisito. Asimismo, téngase únicamente como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico que señala la parte quejosa en su libelo de amparo. JUICIO EN LINEA. De conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un Nombre de Usuario y una Contraseña; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. De conformidad, con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes - respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico sera_rivers2007@hotmail.com, así como el número telefónico 9931601651. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la ley federal citada, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
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