Trinidad Celis Rodríguez

Expediente 1168/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1168/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Trinidad Celis Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, once de marzo de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de ocho de febrero del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se notifica por lista de estrados a la parte quejosa; el auto ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense los informes justificados rendidos por tanto por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, como por el Actuario adscrito a dicha Junta, en los que señalan, los primeros, niegan los actos reclamados y el segundo los acepta. Con fundamento en el arábigo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas documentales las que se acompañan los integrantes de la junta responsable al referido informe; constancias que por ser públicas, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a quien reclamó el haber señalado las diez horas treinta minutos del veintiocho de junio del año en curso para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera de los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo; en autos del expediente laboral 10-1952/2020. Empero, de las constancias remitidas por la junta responsable en apoyo de su informe con justificación, se observa en proveído de veinticinco de enero de la anualidad en curso reprogramó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las ocho horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en autos del juicio de origen y ordenó realizar la notificación correspondiente a las partes. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en haber señalado data para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del expediente laboral 10-1894/2018, fuera de los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, y de las documentales allegadas por la responsable se advierte dejó sin efecto la hora y día señalados en primer término y fijó la celebración dentro de plazo más razonable (ocho horas cuarenta y cinco minutos del cuatro marzo del año en curso), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto indicado. La parte quejosa también señaló diversos actos reclamados, consistentes en: Las omisiones subsecuentes que se generen el juicio señalado; La omisión de la Junta responsable de cuidar los términos en tal juicio laboral; y La omisión de practicar a las partes del juicio de origen. Sin embargo, respecto a dichos actos se actualiza la diversa causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página nueve, registro 197245 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a las responsables, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a la responsable no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los referidos actos reclamados. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas cincuenta minutos del veintitrés de febrero del año en curso. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, trece de enero de dos mil veintiuno. I. Quejoso. Trinidad Celis Rodríguez. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario.

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