Trinidad Celaya Madrigal
Expediente 1119/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Trinidad Celaya Madrigal
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Trinidad Celaya Madrigal, contra actos del 1. Juez Primero de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 1119/2017-IV, en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Al respecto, debe decirse que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) Auto de formal prisión, emitido en los autos de la causa penal 213/2016, del índice del 1. Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; el cual aduce es de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete y dos de octubre del año en curso. b) La omisión o abstención por parte de la citada responsable (1) de decretar de oficio su libertad personal por desvanecimiento de datos. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de diversas causas de improcedencia del presente juicio constitucional, las cuales se analizarán a continuación. Respecto del acto marcado con el inciso a) -auto de formal prisión-: Previo al análisis de la causa de improcedencia, se toma en consideración la certificación secretarial de cuenta, en la que se hace constar que en este Juzgado de Distrito se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto 558/2017-IV, del que se desprenden, en lo que interesan, las siguientes actuaciones: - Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Boca del Río, Veracruz, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete; recibido en este este órgano jurisdiccional el mismo día; Trinidad Celaya Madrigal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ACTOS RECLAMADOS: 1. Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. 2. Director de Prevención y Readaptación Social en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz. 3. Encargada del Módulo Preventivo de 72 Horas dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con sede en Veracruz, Veracruz. 4. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. a) El auto de formal prisión de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictado en su contra por el 1. Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en los autos de la causa penal 213/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia, cometido en agravio de una menor de edad de identidad reservada; y sus consecuencias, como lo es la orden de b) La identificación administrativa, como consecuencia del auto de bien preso antes descrito. c) Orden de traslado. - Por auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 29 a 32), este órgano jurisdiccional ordenó anotar el presente juicio en el libro respectivo bajo el número 558/2017-IV; lo admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; otorgó la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano constitucional (foja 32), así como al Fiscal del juzgado responsable (foja 35); ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada (foja 125); y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se difirió en una ocasión (foja 134), para tener verificativo el veinticinco de agosto del año en curso (fojas 147 y 148). - Así, mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 150 a 175), este Juzgado de Distrito resolvió amparar y proteger al quejoso de referencia para que la responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia residente en Veracruz, Veracruz (foja 174): "Deje insubsistente la resolución de término constitucional de veinte de junio de dos mil diecisiete, en la que dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, en los autos de la causa penal 213/2016, de su índice, así como sus consecuencias; y, Reiterando lo que no fue materia de concesión, esto es, lo relativo a que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de pederastia y la probable responsabilidad del imputado, así como la orden de identificación administrativa, emita una nueva resolución donde establezca el precepto que prevé la conducta delictiva atribuida al procesado, aquí quejoso, es decir, la encuadre en la hipótesis normativa que contempla el delito de pederastia vigente en la época en que ocurrieron los hechos." Concesión que se hizo extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al 2. Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en Xalapa, Veracruz y la 3. Encargada del Módulo Preventivo de setenta y dos horas dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, residente en Veracruz, Veracruz, como lo es la b) identificación administrativa, que se traduce en la toma de la ficha signalética, por ser consecuencia del auto de bien preso (foja 174 vuelta). - Por proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 185 y 186), causó ejecutoria la sentencia protectriz y se requirió a las responsables (1), (2) y (3), contra cuyos actos se concedió la protección federal, para que, en el ámbito de su competencia, dieran cumplimiento a la sentencia amparadora pronunciada en este sumario. - Consecuentemente, por auto de dos de octubre del año en curso, se tuvo a las responsables ejecutoras 2. Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz y 3. Encargada del Módulo Preventivo de Setenta y Dos Horas, dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, residente en Veracruz, Veracruz, informando las gestiones realizadas para cumplir con la ejecutoria protectriz dictada en el presente asunto (foja 207). - De igual forma, mediante oficio sin número, de tres de octubre del presente año, el 1. Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz (autoridad ordenadora), pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora (fojas 213 a 236); sin embargo, mediante auto de cinco de octubre siguiente, dado que no atendió cabalmente los lineamientos de dicha resolución, se requirió nuevamente su cumplimiento (foja 238). - En ese orden, mediante oficio 4633, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, el 1. Juez Primero de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, informó y acreditó que en la causa penal 213/2016, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinte de junio del año en curso y el diverso de dos de octubre citado, dictados contra el aquí quejoso Trinidad Celaya Madrigal, y remitió copia certificada de la resolución emitida el nueve de octubre del año en curso, en acatamiento al fallo protector del presente sumario constitucional (fojas 252 a 275). - Con las citadas constancias, mediante proveído del pasado once de octubre (foja 277) se dio vista a las partes, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Dicha notificación se realizó de manera personal el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, a la autorizada del quejoso, la cual asentó lo siguiente: "Recibí copia autorizada del auto II de octubre 2017, así como de los oficios y anexos rendidos por las responsables" (foja 282 vuelta). - Finalmente, por auto de veintiséis de octubre del año en curso, tomando en consideración las actuaciones realizadas por las autoridades responsables, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo en ese expediente y se ordenó archivar el mismo como asunto concluido. Al respecto, se precisa que las fojas a que se hace referencia en los párrafos anteriores corresponden al juicio de amparo indirecto 558/2017-IV. Asimismo, dichos datos que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2° y de la jurisprudencia 3a./J. 2/93, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, Registro 206740, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO." De ahí que, se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18, 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Del citado artículo 17 de la ley de la materia se aprecia que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual, conforme al diverso 18, debe computarse a partir de: 1. El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; 2. El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; 3. Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos, la notificación, el conocimiento o la confesión, y que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser analizados para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, toda vez que la notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación, y la confesión implica la aceptación de un hecho vertido por los propios promoventes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele del a) auto de formal prisión, emitido en los autos de la causa penal 213/2016, del índice del 1. Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; el cual aduce es de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete y dos de octubre del año en curso. Como se advierte de lo antes narrado, el auto de formal prisión reclamado dentro de la causa penal 213/2016, del índice del 1. Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, fue dictado el nueve de octubre de dos mil diecisiete -el de veinte de junio de dos mil diecisiete, fue motivo de estudio en los autos del juicio de amparo indirecto 558/2017-IV, y el de dos de octubre del año en curso, fue emitido erróneamente por la responsable como supuesto cumplimiento a la sentencia de amparo-; pues de una interpretación de los antecedentes se advierte tal circunstancia. Ahora, si tenemos que esta demanda de amparo se presentó el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete y la resolución de término constitucional reclamada en este sumario constitucional fue notificada de manera personal el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete a la autorizada del aquí quejoso, como se advierte de los autos del juicio de amparo indirecto 558/2017-IV; ello surtió efectos el diecinueve siguiente y el plazo para inconformarse inició el veinte de octubre siguiente. De ahí que los quince días vencieron a más tardar el catorce de noviembre de este año, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil diecisiete; cuatro, cinco, once y doce de noviembre posteriores; por corresponder a sábados y domingos (inhábiles en atención a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo); así como los días uno, dos y tres de noviembre del año en curso, que fueron declarados como días no laborables por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante circular número 34/2017 de veintiséis de octubre de esta anualidad. Por lo que resulta evidente la extemporaneidad de la demanda de amparo, al presentarse fuera del término que la propia ley marca. Es aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 12/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Registro 2009174, de epígrafe y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De ahí que se encuentre actualizada la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del citado ordenamiento legal. Respecto del acto marcado con el inciso b) -La omisión o abstención por parte de la citada responsable (1) de decretar de oficio su libertad personal por desvanecimiento de datos-: En relación con dicho acto se advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional contenida en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Al respecto es importante precisar lo que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, establece en relación con la libertad por desvanecimiento de datos: "ARTICULO 456. LA LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS PROCEDE EN LOS SIGUIENTES CASOS: I.- CUANDO EN CUALQUIER ESTADO DE LA INSTRUCCION Y DESPUES DE DICTADO EL AUTO DE FORMAL PRISION, APAREZCAN PLENAMENTE DESVANECIDOS LOS DATOS QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL TIPO DEL DELITO. ARTICULO 457. CUANDO EL INCULPADO SOLAMENTE HAYA SIDO DECLARADO SUJETO A PROCESO PODRA SOLICITAR, FUNDANDOSE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO ANTERIOR, QUE SE DECLARE QUE QUEDA SIN EFECTO EL AUTO DE SUJECION A PROCESO. ARTICULO 458. PROMOVIDO EL INCIDENTE, EL TRIBUNAL CITARA A UNA AUDIENCIA DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS A LA QUE EL MINISTERIO PUBLICO DEBERA ASISTIR. LA RESOLUCION QUE PROCEDA SE DICTARA DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS HORAS SIGUIENTES A LA EN QUE SE CELEBRO LA AUDIENCIA. ARTICULO 459. LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLICO PARA QUE SE CONCEDA LA LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS O SE DECLARE SIN EFECTO EL AUTO DE SUJECION A PROCESO, NO IMPLICA EL DESISTIMIENTO DE LA ACCION, PERO EL TRIBUNAL NO PODRA DEJAR DE ACCEDER A ESA SOLICITUD. ARTICULO 460. LA RESOLUCION QUE CONCEDA LA LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS DEJA EXPEDITO EL DERECHO DEL MINISTERIO PUBLICO PARA PEDIR NUEVAMENTE LA APREHENSION DEL INCULPADO Y LA POSIBILIDAD DEL TRIBUNAL PARA DICTAR NUEVO AUTO DE FORMAL PRISION, SI APARECIEREN POSTERIORMENTE DATOS QUE LE SIRVAN DE FUNDAMENTO Y SIEMPRE QUE NO SE VARIE LA NATURALEZA DE LOS HECHOS QUE DIERON MOTIVO AL PROCEDIMIENTO." Como se advierte de los artículos descritos, para que sea posible resolver respecto al desvanecimiento de datos dentro de un expediente, deberá tramitarse el incidente correspondiente, el cual deberá ser solicitado por el inculpado -siempre que éste únicamente haya sido declarado sujeto a proceso-. Apertura y trámite que puede formular en cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, cuando aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el tipo del delito. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta: ".CONSTA EN AUTOS DE LA PRESENTE CAUSA PENAL EN QUE SE ACTÚA QUE SE ACREDITA DE MANERA INDUBITABLE QUE SE ENCUENTRAN DESVANECIDOS LOS DATOS FALSOS QUE SIRVIERON DE BASE Y QUE SE TOMARON EN CONSIDERACIÓN EN EL ACTO (SIC) DE FORMAL PRISIÓN, POR LO QUE PROCEDE QUE POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA SE DECLAREN DESVANECIDOS TALES DATOS PUES APEGADO A LA VERDAD JAMÁS HE COMETIDO EL DELITO DE PEDERASTIA, COMO SE CORROBORA CON LOS DICTÁMENES PERICIALES AGREGADOS, RAZÓN POR LA CUAL PROCEDE SE ORDEN (SIC) LA INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD.". Sin embargo, de la lectura de la misma no se advierte que el quejoso haya formulado la petición correspondiente a la autoridad responsable, o que ésta se haya negado a dar trámite al incidente por desvanecimiento de datos respectivo. De ahí que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto en comento, la parte quejosa debió agotar las instancias ordinarias necesarias; pues la libertad por desvanecimiento de datos no se decreta de oficio como lo manifiesta el quejoso, sino que tiene que ser solicitada por éste y al no haberlo hecho así, se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, el criterio 1a/J. 44/2012 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, registro 2001155, siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por todo lo anterior, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia.
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