Trinidad Arenas Piedra
Expediente 1859/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1859/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Trinidad Arenas Piedra
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual remite copia certificada del laudo de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral J.29/1552/2020. Vista con cumplimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con los anexos que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. .. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como defensor particular de ********************, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1859/2023-I. Admisión de la demanda. De conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de mérito. Incidente de Suspensión. De conformidad con el artículo 125 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, por separado fórmese el incidente de suspensión por así haberse solicitado. En el entendido que se substituye la formación del duplicado físico de dicho cuaderno, con el electrónico que se forme a partir de las constancias digitalizadas que obren en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Intervención al ministerio público. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde por lista el presente acuerdo. Señalamiento de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro. Requerimiento de informe justificado. ... Notifíquese.
- Incidental
... FECHA DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las nueve horas con treinta y siete minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en: La resolución de uno de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, México, dentro de la causa 94/2023, por la que se determinó imponer prisión preventiva justificada. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. En los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo se precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado las cuales son: a) Que lo solicite el quejoso; b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios para la quejosa; y d) La apariencia del buen derecho. Ahora, al interpretar la fracción I del numeral 128 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el juzgado de Distrito, sólo puede pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando la parte agraviada precise cuál es el acto y los efectos que pretende se paralicen. Se estima aplicable la jurisprudencia publicada con el número P./J. 4/2019 (10a.), en la página 14, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Número de Registro 2019200, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Es menester destacar que el once de agosto de dos mil veintitrés, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, el criterio sustentado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad De México, al resolver la Contradicción de Tesis 36/2023, que dio origen a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), Undécima Época, Materias común y penal, con registro digital 2026999, de rubro y texto "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." Jurisprudencia que es de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En ese orden, atendiendo a que en el citado criterio, entre otras cuestiones, se determinó que los órganos de amparo para conceder la suspensión provisional del acto reclamado, tratándose de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no debemos limitarnos a los efectos establecidos en el numeral 166 de la ley de la materia, sino que podemos dar efectos restitutorios, conforme lo dispone el diverso 147 de la Ley de Amparo, empero, atendiendo a cada caso en particular, así como a la naturaleza del acto, el interés social, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En esa línea argumentativa, este órgano jurisdiccional, procede a realizar el análisis del caso concreto. Asimismo, en la narrativa fáctica de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expuso la parte quejosa, en lo conducente se desprenden los datos siguientes: "El 23 de marzo de 2023, en la audiencia inicial se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a J. TRINIDAD ARENAS PIEDRA. *El 7 de junio del año en curso, se solicitó la revisión de medida cautelar, con apoyo en la resolución de los casos Tzompaxtle Tecpille y otro VS. México; el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar VS. México; así como el Acuerdo 10/2022 del Fiscal General de Justicia del Estado de México. *El 9 de junio se celebró la audiencia respectiva, en la que se decidió que en ese momento no era procedente porque la solicitud de revisión, conforme al Acuerdo 10/2022 del Fiscal General de Justicia del Estado de México, era facultad exclusiva del Ministerio Público; por lo tanto, se le exhortaba para que verificara la viabilidad de su revisión, y una vez que lo verificara, solicitara la revisión. *El 15 de junio de esta anualidad, el Agente del Ministerio Público, solicitó al Juez de Control que se girara oficio al Centro de Medidas Cautelares, para que remitiera el informe de riesgos procesales. *Mediante acuerdo de 15 de junio, el Juez de Control, determinó que esa gestión le correspondía al Agente del Ministerio Público y lo conminó para que realizara todas y cada una de las gestiones, trámites y oficios que considerara pertinentes para solicitar la audiencia de revisión de medida. *En fecha 14 de julio del año en curso, esta defensa nuevamente solicitó la celebración de la medida cautelar, el Juez de Control decidió otorgar 5 días hábiles al Ministerio Público para que hiciera un pronunciamiento respecto al cambio de la medida, plazo que fenecería el 21 de ese mismo mes, aun cuando se estuviera en período vacacional. *Transcurrido dicho plazo, esta defensa nuevamente solicitó la revisión de la medida cautelar. *A dicha promoción, le recayó un acuerdo fechado el 25 de julio de este año, en el que ahora, el Juez de Control le dio 24 horas al Ministerio Público para que se pronunciara respecto al cambio de la medida cautelar. *El 31 de julio de esta anualidad, nuevamente esta defensa solicitó la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, a la que le recayó un proveído de la misma fecha, en el que se ordenó estarse a lo dictado en un diverso proveído en el cual se le dieron 3 días al Agente del ministerio Público para que informara si contaba con la evaluación de riesgo. *El 7 de agosto, el Ministerio Público informó que el informe le fue remitido el 31 de julio del año que corre. *El 8 de agosto, el Juez de Control le requiere nuevamente al Agente del Ministerio Público para que, en 48 horas acreditara si contaba con la evaluación de riesgos. *En audiencia intermedia del 9 de agosto de este año, el Juez de Control ahora le da 5 días al Ministerio Público para informar si contaba con ese informe. *El día 22 de agosto del año en curso, al acudir a revisar el expediente electrónico, me enteré que el 17 de agosto del año en curso, el Juez de Control, le dio 3 días para exhibir la evaluación de riesgos. *Contra esa determinación que evadía celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar, interpuse juicio de Amparo Indirecto, del cual conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, bajo el Juicio de Amparo 1285/2023-IV, en el cual se dictó una resolución amparando y protegiendo a . TRINIDAD ARENAS PIEDRA, para los siguientes efectos: a) Dejar insubsistente la resolución de nueve de agosto de 2023, en lo relativo a la revisión de medidas cautelares, emitido en la causa penal 94/2023; y b) Citar a las partes a una audiencia, en la que previo debate, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, determinara lo conducente respecto a la revocación, sustitución, modificación o prevalencia de la medida cautelar impuesta al quejoso. *En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez de Control, en fecha 1 de noviembre del año en curso, convocó a una audiencia en la que resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta resolución constituye el acto reclamado, misma que fue notificada en esa misma fecha 1 de noviembre de 2023." De los datos anteriores, se desprende que en la audiencia de revisión de la medida cautelar, después de escuchar el debate de las partes, resolvió imponer la prisión preventiva justificada. En consecuencia, es evidente que no resulta procedente conceder la suspensión provisional en los términos que solicita, efectos restitutorios. Lo anterior, en razón de que, al concederse la suspensión en los términos que solicita, este órgano jurisdiccional estaría trastocando el procedimiento en el que se llevó a cabo la misma, otorgándole a la suspensión provisional efectos que son propios de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo, en el que se analizará el acto reclamado, y se determinará lo conducente, ya sea por una violación procesal o en fondo. De modo que, de conceder la suspensión como lo pretende la parte quejosa, este juzgado vulneraria dos principios de la suspensión en el juicio de amparo, a saber: 1) la autoridad constitucional se sustituiría en funciones que corresponden a órganos de justicia ordinaria; y, 2) la suspensión agotaría la materia del juicio principal. Además que, de conceder la suspensión en los términos solicitados por el quejoso, conllevaría necesariamente la cesación de efectos del acto reclamado; porque existiría una sustitución procesal del acto reclamado, implicando el sobreseimiento en el juicio. Sin que, por el momento exista certeza sobre la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, ya que no es posible anticipar que el acto reclamado pudiera ser inconstitucional, porque con los datos objetivos que en este momento cuenta este órgano jurisdiccional (demanda), no se evidencian mayores datos que permitan advertir tales cuestiones. Aspectos que, hasta este momento, no se advierten inconstitucionales, precisamente porque no se aportaron mayores elementos para estimar que las condiciones que motivaron su imposición hubiesen variado; por lo que, no hay fundamentos para pensar que en favor del quejoso exista la apariencia del buen derecho; pues no debe soslayarse que la constitucionalidad del acto debe analizarse a la fecha en que se emitió. Además, al ser el acto reclamado de carácter jurisdiccional, para que el órgano esté en aptitud legal de emitir pronunciamiento de la apariencia del buen derecho, se considera indispensable conocer las razones y motivos precisos que condujeron a la autoridad responsable a decidir en el sentido que lo hizo (tener a la vista la audiencia en que se emitió el acto reclamado), porque sólo de esa forma podría examinarse si el acto es inconstitucional y/o inconvencional o no. Ello es así, dado que, se insiste, el acto reclamado no se aprecia de inicio inconstitucional; ya que, formalmente, no es violatorio de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Federal; en tanto no corresponde a los expresamente prohibidos en el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal. En efecto, al ser un acto emitido en un procedimiento jurisdiccional, no es posible establecer, en este momento que sea inconstitucional o inconvencional "per se" o de forma automática. Además, es importante mencionar que, si bien, la modificación en la medida cautelar de prisión preventiva, se encuentra contemplada en los numerales 154, 161 a 163, 165, 167, párrafo primero, y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, la actividad jurisdiccional es propia de la autoridad de instancia y no de un órgano de amparo. En lo conducente, apoya lo anterior la tesis II.3o.P.53 P (11a.), con registro digital 2026870, publicada el siete de julio de dos mil veintitrés en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE NEGARSE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA SOLICITUD DEL IMPUTADO DE REALIZAR UNA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PARA QUE SE LE APLIQUE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RELACIONADA CON LA INCONVENCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA DECLARATIVA, CON EFECTOS NEGATIVOS. Hechos: En un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito negó la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en el acuerdo del Juez de Control que desechó de plano la petición del imputado de realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares para que le fuera aplicada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa (Caso García Rodríguez y otro Vs. México), al considerar que se trata de un acto de naturaleza declarativa, con efectos negativos; inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe negarse la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra el desechamiento de plano de la solicitud del imputado de realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares para que se le aplique la sentencia internacional mencionada, pues ese acto es solamente declarativo, con efectos negativos y, por tanto, no conlleva algún acto de ejecución que amerite ser suspendido. Justificación: El acto reclamado es meramente declarativo, con efectos negativos, ya que únicamente se desechó de plano la solicitud de audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que el imputado pretende que se le aplique la jurisprudencia interamericana relacionada con la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Por tanto, establecer si es procedente o no la aplicación de la jurisprudencia que precisa es un tema a dilucidarse en el juicio de amparo principal, una vez que se cuente con el informe justificado y con las constancias respectivas y no por medio de la suspensión provisional, ya que ello agotaría la materia del juicio de amparo, pues la finalidad de dicha medida cautelar, de carácter instrumental, es que se conserve la materia de la acción constitucional hasta la terminación del juicio, impidiendo que el acto se consume de forma irreparable, y no restituir al quejoso en el derecho que estima vulnerado. Sin que sean aplicables en el caso la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que hasta este momento procesal no es posible anticipar que el acto reclamado sea inconstitucional o inconvencional, toda vez que al ser de carácter jurisdiccional, para que el Juez de Distrito pueda emitir un pronunciamiento de la apariencia del buen derecho, es indispensable conocer las razones y motivos que condujeron a la autoridad responsable a decidir en el sentido que lo hizo. Ello es así, porque formalmente el acto reclamado no es violatorio de los derechos fundamentales que consagra la Constitución General, ya que no corresponde a los expresamente prohibidos en el primer párrafo de su artículo 22. En efecto, al ser un acto emitido en un procedimiento jurisdiccional, no es posible establecer en un primer momento que sea inconstitucional o inconvencional per se o de forma automática. Además, si bien la modificación en la medida cautelar de prisión preventiva se encuentra establecida en los artículos 154, 161 a 163, 165, 167, párrafo primero y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que la actividad jurisdiccional es propia de la autoridad de instancia y no de un órgano de control constitucional; de modo que conceder la suspensión como lo pretende el recurrente, vulneraría dos principios que la rigen, a saber: 1) la autoridad constitucional se sustituiría en funciones que corresponden a órganos de justicia ordinaria; y, 2) la suspensión agotaría la materia del juicio principal." Énfasis propio. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. No obstante el análisis anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a que el acto reclamado deriva de la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, se concede la suspensión provisional solicitada, para el único efecto que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar que se encuentra privado de la libertad, únicamente en lo que se refiera a su libertad; quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En el entendido, que para que surta efectos la medida suspensional decretada, no se fija garantía alguna, dada la forma en que se concede la misma, que no está en los supuestos para ello. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO. Ahora bien, en términos de lo establecido por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, notifíquese al presente incidente de suspensión vía oficio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, que conoce de la causa de control 94/2023 instruida en contra del quejoso, a través de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. APERCIBIMIENTO EN CASO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES. Se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que indica en su demanda, no exista, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrá como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, se harán por oficio el cual podrá enviarse mediante correo electrónico, fax o cualquier otra vía que determine el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de privilegiar el trabajo a distancia, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en el sitio oficial de la página del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, en el entendido que únicamente deberán realizarse personalmente las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal. ... Notifíquese.
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