Trevor Mark Sanders

Expediente 891/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
891/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Trevor Mark Sanders

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta con la que **a nombre de ***, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20, y demás relativos de la ley de la materia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 891/2019-V Luego, los actos reclamados se hacen consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: 1. La inminente deportación del quejoso 2. La detención del quejoso 3. El impedimento de las autoridades de la estación migratoria para que el quejoso pueda solicitar el reconocimiento dela condición de refugio. De lo expuesto, se advierte que reclama la detención y/o incomunicación y/o DEPORTACIÓN del cual, aduce el promovente, está siendo objeto el directo quejoso. ? Incomunicación. Acto concerniente a la incomunicación, que constituye actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la incomunicación, para el efecto de que de inmediato cese el mismo. ? Ilegal DEPORTACIÓN. Dicho esto, dado que del análisis integral de la demanda se desprende que **se duele de una orden de deportación de las que refiere puede dar lugar a un acto privativo de su libertad -retención- por parte de las autoridades migratorias, cabe referir que en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, la deportación constituye un acto respecto del cual procede conceder la suspensión de plano. Por lo que, en forma previa a emitir el pronunciamiento correspondiente a la suspensión de plano y las condiciones que deberán regirla, resulta conveniente citar el contenido del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones." Esta norma constitucional, contiene el derecho fundamental concebido en relación con el artículo 1° de la propia Carta Magna, que instituye la garantía de igualdad, referido a la libertad de tránsito, también conocida como libertad de movimiento o locomoción, y que incluye, además, otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia. Conforme lo ha sostenido el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, la libertad de tránsito se concreta, en los términos del citado precepto, en la facultad de que disfruta todo individuo para desplazarse por el territorio del país sin necesidad de autorización o permiso previo de la autoridad, pasaporte o salvoconducto, carta de seguridad o cualquier otro requisito de este tipo (libertad interna), así como la libertad para entrar y salir del país sin autorización o permiso previo (libertad externa). La libertad de residencia se refiere a la facultad de todo individuo para establecer su residencia o morada, permanente o transitoria, en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto, están sujetas a límites, específicamente los emanados de las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad penal o civil y las de la autoridad administrativa respecto a los límites que establezcan las leyes sobre migración o inmigración, salubridad general y respecto a los extranjeros residentes considerados como perniciosos. Por su parte, la deportación, conforme lo ha definido el Máximo Tribunal de la Nación se hace consistir en el acto jurídico administrativo de la autoridad para hacer abandonar del territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en México. Así, dada la naturaleza especial y trascendente que tiene en la esfera jurídica del individuo la figura de la deportación, el legislador federal previó que contra dicho acto procede la suspensión de plano, con lo que se permite la posibilidad de que tal determinación administrativa sea sometida al control constitucional en forma previa a su ejecución. En el caso, la parte quejosa pretende que con motivo de la suspensión no se atente contra su libertad personal por parte de la autoridad migratoria que señala como responsable; a ese respecto, no resulta procedente conceder la suspensión en los términos solicitados toda vez que de concederla para tales efectos se contravendrían disposiciones de orden público, como lo son, las disposiciones contenidas en los artículos 1º, 3º, fracción XXVIII, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley de Migración, mismas que, en concordancia con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 11 constitucional constituyen disposiciones que establecen límites a la libertad de tránsito en el territorio nacional respecto de los extranjeros. En efecto, la Ley Migratoria constituye el ordenamiento de observancia general que tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales . De igual modo, dicho ordenamiento legal regula las cuestiones relativas a la situación migratoria de toda persona, entendiéndose por situación migratoria a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, en la inteligencia de que se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas . Por su parte, el título sexto de la Ley de Migración establece diversas disposiciones comunes en materia de verificación y regulación migratoria, entre las que se encuentra el deber de los extranjeros -cuando sean requeridos por las autoridades del instituto- de comprobar su situación migratoria regular en el país, en los términos de la ley aludida y su reglamento . Asimismo, en términos del artículo 95 de la Ley de Migración , si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición del Instituto para que resuelva su situación migratoria en términos de lo dispuesto por el capítulo V del Título Sexto de la Ley de Migración, quien deberá determinar -previo procedimiento- sobre su permanencia, deportación o, en su caso, el retorno asistido. De este modo, mediante las medidas establecidas en la Ley de Migración relativas a la revisión y vigilancia de la situación migratoria de las personas que cuentan con la calidad de extranjeros, así como su presentación ante las autoridades migratorias, se asegura por una parte, el control sobre las personas extranjeras que transiten en el territorio nacional a fin de salvaguardar la soberanía o la seguridad nacional, y, por otra, se asegura el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas que por su condición especial no cuenten con una situación migratoria regular en el país. Por tal motivo no resulta procedente conceder la suspensión para el efecto de que el quejoso no sea detenido o, en su caso, no sea asegurada o retenida por las autoridades migratorias por su condición de extranjero con situación migratoria irregular, pues proceder de ese modo se contravendrían disposiciones de orden público que tutelan un valor de orden superior, a saber, la protección de la soberanía y seguridad nacional. De ahí que de conceder la suspensión para los efectos solicitados se impediría que las autoridades administrativas cumplan con sus funciones de verificación y regulación migratoria, lo cual contravendría disposiciones de orden público pues -se insiste- acorde al texto constitucional, la libertad de tránsito en el territorio nacional se encuentra sujeta a los límites establecidos -entre otras disposiciones- en las leyes sobre migración como ocurre en el presente caso. Sin embargo, con fundamento en los artículos 15 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que, para el caso de que sea detenido el quejoso Trevor Mark Sanders con motivo de la orden de deportación que reclama, no se ejecute la misma y el interesado, en el lugar donde se encuentre, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, lo anterior hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido que la demanda se recibió en línea sin contar con la firma electrónica correspondiente, toda vez que, de conformidad con el último párrafo del artículo 109 de la Ley de Amparo, cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de la propia legislación, como en el caso, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos, sin que en este último caso se requiera de firma electrónica. ? Requerimiento de informes en relación a la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a la autoridad responsable a quien reclama la incomunicación y deportación; quien deberá informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 en relación con el diverso 236 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, en los términos del artículo 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Además, cabe destacar conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa al formular su demanda de amparo tiene la obligación de señalar a las autoridades responsables, lo que en el caso particular se cumplió en el escrito inicial; sin embargo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al hoy quejoso, en cuanto a la posible denominación imprecisa de la autoridad responsable que lo tenga a su disposición, el Actuario judicial adscrito, al tener conocimiento de la denominación correcta de la misma o, bien, al percatarse en la búsqueda del directo quejoso respecto de la autoridad que en realidad lo tenga a su disposición, en el acto deberá asentar su denominación y entregarle oficio para que rinda el informe referido en el párrafo que antecede. En la Inteligencia de que se hacen extensivos a dicha autoridad los apercibimientos decretados en el presente acuerdo. ? Ratificación de la demanda por conducto del Actuario adscrito. Se faculta al actuario judicial de este Juzgado para que se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, a efecto de que localice a Trevor Mark Sanders, y, previo a asentar razón de las condiciones físicas en que lo encontrare, en el acto de la notificación del presente auto deberá requerirlo para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor por Daniela Reyes Rodríguez, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, ésta se tendrá por no presentada. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por el último párrafo de la primera fracción del numeral 28 de la ley de la materia. Atento a lo anterior, y vista la certificación secretarial de cuenta, se accede a la solicitud realizada en el escrito inicial de demanda de amparo, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente por parte nombre de usuario "DanielaRRod"; en consecuencia se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema; asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales sean vía electrónica. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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