Transportes Unidos de Manzanillo, Colima

Expediente 801/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
801/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Transportes Unidos de Manzanillo, Colima

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual solicita la devolución de los documentos referidos en el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 280del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase previo recibo y constancia que deje en autos quien se encuentre legalmente facultado para ello.

  2. Principal

    Colima, Colima, dos de octubre de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Vladimir Véjar Gómez, quien actúa asistido del [la] Secretario[a] Alejandra Navarro Moctezuma, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de Transportes Unidos de Manzanillo, Colima, contra actos del agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Hechos de Tránsito del Nuevo sistema de Justicia Penal de Manzanillo, Colima, y otra[s] autoridad[es], personalidad que se le reconoce en términos de la escritura pública veintisiete mil seiscientos once pasada ante la fe del Notario Público uno de Manzanillo, Colima; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 801/2018-I. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La omisión de la autoridad responsable a emitir los dictámenes de identificación vehicular y causalidad dentro de la carpeta de investigación 349/2018. Desechamiento. Al respecto debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a este tribunal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora bien, en el caso particular este órgano jurisdiccional considera que la demanda es improcedente al actualizarse en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Al respecto, es necesario precisar que los actos aquí reclamados, se rigen por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en su artículo 258, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad que es la facultada para para vencer la omisión que se atribuye a la autoridad ministerial; aspecto que se robustece con lo manifestado por la quejosa en su escrito de demanda, en el sentido de que la autoridad responsable es omisa en emitir los dictámenes de identificación vehicular y causalidad dentro de la carpeta de investigación 349/2018; por tanto, es claro con ello, que los actos que emanan de la carpeta de investigación señalada, se rigen bajo el nuevo paradigma constitucional. En principio, conviene establecer para el estudio de la causal de improcedencia, el contenido el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: [A]rtículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. El artículo constitucional antes citado establece que la víctima o el ofendido pueden impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala lo siguiente: [A]rtículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De este numeral, se advierte que la abstención del Ministerio Público de seguir investigando, es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde el instruir a la autoridad ministerial a realizar los actos de investigación, o a que se emitan las determinaciones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Al respecto, el artículo invocado con antelación dispone el trámite que se sigue ante la autoridad judicial, el cual, consiste en que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado y a su defensor; y, será en esta audiencia en la cual, con la comparecencia de las partes, y en debido respeto a la audiencia de las partes, el Juez de Control determinará si es o no justificada la abstención de la autoridad ministerial de proseguir en la investigación. Asimismo, establece, que en el caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que uno de los derechos de la víctima u ofendido consiste en la facultad de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define que la autoridad judicial a quien le corresponde el vigilar el actuar o las omisiones que se atribuyan al Ministerio Publico, lo es el Juez de Control; por lo que es claro, que bajo el nuevo paradigma Constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la víctima o el ofendido, que reclame la inacción del órgano ministerial para seguir investigado los delitos, deberá acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para vencer con ello, la actitud asumida por el Ministerio Publico, o bien, para impugnar lo relativo a la determinación de no ejercicio de la acción penal. Aunado a que de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio Constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que una omisión del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las abstenciones de la autoridad ministerial. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ocasionen una afectación en la esfera patrimonial de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Daniel Vázquez Elizarraras, Natalia Ruiz Sumano y Luis Castañeda Rivas; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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