Transliquid Guadalajara S.A.
Expediente 347/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/10/2020
Partes del expediente
- Transliquid Guadalajara S.A.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio signado por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de Jalisco "2", de la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco "2", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "2", antes Administración Local de Recaudación de Guadalajara Sur Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual, solicita: Se le informe del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y, de ser el caso, copias certificadas de la sentencia de amparo. De encontrarse firme la sentencia, copia certificada del acuerdo que así la declare. O, en su caso, la interposición de algún recurso. Al respecto se informa que: La sentencia de autos fue recurrida. La ejecutoria del Colegiado que resolvió lo correspondiente fue recibida en este juzgado federal, por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, bajo cuyos lineamientos se requirió por el cumplimento del fallo protector. La sentencia fue declarada propiamente cumplida en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho. El dos de febrero de dos mil diecinueve, e ordenó el archivo del presente asunto, como totalmente concluido. En esas condiciones, remítase copia certificada de los documentos referidos bajos los incisos b) y c) que anteceden, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto por una parte se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual expresó diversas manifestaciones relacionadas con el pretendido cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. Con el citado oficio, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de nueve de julio de dos mil quince, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la actual Ciudad de México, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Transliquid Guadalajara, Sociedad Anónima, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, respecto de los artículos 27, fracción XI, y 28, fracciones I y XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables, Presidente de la República y Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, interpusieron recurso de revisión, que por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registró con el número 27/2016 y, previos los trámites de ley, el diez de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia, en la que modificó la resolución recurrida, de cuyos puntos resolutivos se advierte que negó el amparo solicitado por lo que ve a los artículos 28, fracciones I y XXX; y concedió la tutela constitucional respecto del numeral 27, fracción XI, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, para los efectos siguientes: "Así, la concesión del amparo será para el efecto de que las deducciones que realice la quejosa por los gastos de previsión social de los trabajadores no sindicalizados, no estén sujetas al límite previsto por el artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, concretamente los párrafos cuarto y octavo (último) de dicha porción normativa". Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, en suplencia y por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informando que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, el contenido del artículo 27, fracción XI, párrafos cuarto y octavo (último), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en dos mil catorce. - En el diverso auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Subadministrador de Amparos e Instancias Judiciales, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual informa que la porción normativa declarada inconstitucional no se aplicó ni individualizó en la esfera jurídica de la quejosa. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 09 de noviembre de 2018, el cual dice: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual expresó diversas manifestaciones relacionadas con el pretendido cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. Con el citado oficio, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de nueve de julio de dos mil quince, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la actual Ciudad de México, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Transliquid Guadalajara, Sociedad Anónima, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, respecto de los artículos 27, fracción XI, y 28, fracciones I y XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables, Presidente de la República y Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, interpusieron recurso de revisión, que por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registró con el número 27/2016 y, previos los trámites de ley, el diez de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia, en la que modificó la resolución recurrida, de cuyos puntos resolutivos se advierte que negó el amparo solicitado por lo que ve a los artículos 28, fracciones I y XXX; y concedió la tutela constitucional respecto del numeral 27, fracción XI, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, para los efectos siguientes: "Así, la concesión del amparo será para el efecto de que las deducciones que realice la quejosa por los gastos de previsión social de los trabajadores no sindicalizados, no estén sujetas al límite previsto por el artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, concretamente los párrafos cuarto y octavo (último) de dicha porción normativa". Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, en suplencia y por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informando que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, el contenido del artículo 27, fracción XI, párrafos cuarto y octavo (último), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en dos mil catorce. - En el diverso auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Subadministrador de Amparos e Instancias Judiciales, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual informa que la porción normativa declarada inconstitucional no se aplicó ni individualizó en la esfera jurídica de la quejosa. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.
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