Tranquilino Flores Padilla
Expediente 1571/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1571/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2022
Partes del expediente
- Tranquilino Flores Padilla
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de los expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, rinde informe justificado, designa delegados, y remite un tomo de copias certificadas del juicio administrativo 262/2020, de su estadística como complemento a su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que refiere la oficiante. Por lo anterior, respecto al contenido del informe justificado y el anexo que se acompaña como complemento, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó del Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la omisión de proveer respecto de la promoción presentada el quince de agosto de dos mil veintidós, con número 246951, folio electrónico TE-220815-NDS0 y con ello emitir una cuantificación líquida en la etapa de ejecución de sentencia en el expediente 262/2020, de su índice. Ahora bien, se aprecia que los efectos del citado acto reclamado cesaron, en virtud de que, del contenido de las constancias que adjuntó la autoridad oficiante, en auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, ordenó la regularización del expediente citado, vinculó como autoridad para efectos de ese juicio a la Directora de Remuneraciones al Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, y ordenó el pago al quejoso Tranquilino Flores Padilla, tomando en consideración la cuantificación expuesta en dicho auto, por la cantidad de $302,746.77 (trescientos dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 77/100 moneda nacional). De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se estima innecesario el estudio de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, hecha valer por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, se deja sin efectos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta a través del cual, el apoderado Legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se apersona al presente sumario en su calidad de tercero interesado, designa delegados, señala domicilio físico y señala correo electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por apersonado como tercero interesado al promovente; de igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala, a fin de privilegiar los medios electrónicos. En términos del numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados a quienes indica la oficiante y se toma conocimiento del domicilio físico. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para su celebración el día de la fecha; no obstante de las constancias que integran el presente sumario se desprende que se encuentra en transcurso el termino de quince días otorgado a la autoridad responsable Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en auto de trece de octubre del año en curso, tal y como se desprende del acuse de la misiva 33246/2022 de la estadística por el cual se le hizo del conocimiento el referido auto. En ese sentido, a fin de dar oportunidad a que obre el informe justificado de mérito, se difiere la audiencia programada para el día de la fecha, y en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, señala domicilio, designa delegados, solicita la obtención de copias mediante los medios tecnológicos correspondientes; asimismo, informa que dentro de los archivos de esa Oficina del Abogado General, se desprende la existencia del juicio de amparo 478/2022, promovido por Catalina Portuguez Mendoza, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en donde también se reclama el corte del servicio de suministro de energía eléctrica; además, dentro de los autos de dicho juicio de amparo, se advierte que el Juzgado de Distrito en comento, sobreseyó en el aludido juicio de amparo, por las razones y motivos que expuso en su sentencia; y, rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su oficio; además, por lo dispuesto en el artículo 9 de la ley en cita, se tienen como delegados a las personas que refiere. Asimismo, a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública de la secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por la autoridad responsable clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora, por cuanto hace a lo informado por la autoridad responsable, respecto de la existencia del juicio de amparo 478/2022, promovido por Catalina Portuguez Mendoza, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en donde también se reclama el corte del servicio de suministro de energía eléctrica; en consecuencia, a efecto de indagar respecto de una posible causa de sobreseimiento, mediante oficio que derive de este acuerdo, solicítese atentamente al citado órgano jurisdiccional que de no tener inconveniente alguno informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo indirecto número 478/2022, promovido por Catalina Portuguez Mendoza, y vincule el expediente electrónico al presente expediente a través de la opción "Relacionar Expediente de Origen" con el fin de que esté disponible la consulta, por lo que una vez que éste disponible dicha información se acordará lo conducente. Por otro lado, respecto de lo que comunica la autoridad responsable en el sentido de que los actos reclamados por la quejosa son parte de las actividades que realiza la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos; en consecuencia, en relación al acto aquí reclamado, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si la señala como autoridad responsable; además, el acto que en concreto le atribuye, en caso afirmativo, deberá exhibir una copia más de su escrito inicial y del ocurso por el que desahogue el presente requerimiento; apercibida que de no hacerlo se continuará el procedimiento con la autoridad y acto señalado de manera inicial. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Finalmente, respecto de su informe, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Laura Guadalupe López Quezada, secretaria con quien actúa. Doy fe.
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