Toptal, Sociedad Civil

Expediente 876/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
876/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Toptal, Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de ..., personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura 48,186, otorgada por el Notario Público 224, de esta ciudad, la cual fue exhibida a su escrito inicial de demanda; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y dado que el estado procesal en que se encuentra el presente asunto es totalmente concluido, devuélvanse los documentos que indica, previa toma de razón y recibo que obre en el expediente para debida constancia y a través de las personas autorizadas para tal efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de ..., por medio del cual solicita la devolución de los documentos que ahí indica; en atención a su contenido, dígase a la promovente que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que dicha promovente, como se refirió, únicamente se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones de conformidad con el artículo en cita, lo anterior para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el artículo 20 del acuerdo referido. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el escrito de ********************, apoderado de la moral quejosa ********************,********************, personalidad que tiene reconocida en términos de la copia certificada de la escritura 48,186, otorgada por el Notario Público 224, de esta ciudad, contra actos de la Tercera Sala y Juez Quincuagésimo Tercero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 876/2023. Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El Amparo indirecto procede: (..) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio puedan ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca ********************, por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria, declarando competente para conocer de la demanda de origen al Juez Mercantil de Mérida Yucatán. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa es parte actora en el juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Quincuagésimo Tercero del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que una vez emplazada la parte demandada, al dar contestación a la demanda incoada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria; la cual fue resuelta por la sala responsable mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, declarando competente para conocer de la controversia de origen al Juez Mercantil de Mérida Yucatán, lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.17/2015, que más adelante se trascribirá, al realizar una interpretación del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, estableció que aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. Asimismo, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Bajo esa óptica, la resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emitida por la sala responsable, en la cual resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por la parte demandada, declarando competente al Juez Mercantil de Mérida Yucatán, para conocer del procedimiento de origen, dicha determinación, no trae aparejada en sí un daño que sea de imposible reparación en su persona o en su patrimonio, ni lesiona de alguna forma su derecho o interés jurídico, al no ser la determinación mediante la cual el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, pues al estar en otra jurisdicción distinta a la de la sala responsable no está obligado a acatar la resolución señalada como acto reclamado, pudiendo en su caso negar la competencia planteada, y será la resolución que dicte el juez señalado como competente, en el Estado de Yucatan, que acepte o no la competencia planteada o la del recurso que la confirme, la que causaría perjuicio irreparable en contra de la impetrante de amparo, pudiendo combatir dicha determinación en amparo indirecto, por lo que, el acto que por esta vía combate, no se encuentra en alguno de los supuestos, de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar, lo que conlleva a que la demanda de garantías resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia P./J.17/2015, registro 2009721, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De igual forma, es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis V.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el citado artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento, por lo que en términos del artículo 113, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta; ahora bien, no obstante que la promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones, también lo es que solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en esa virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta y notificaciones del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********************", por tanto, realícense las gestiones necesarias, para los efectos legales a que haya lugar Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales, y por autorizadas en términos del segundo supuesto del artículo en cita, a las demás personas que indica, no así para recoger valores, dado que por seguridad jurídica serán entregados únicamente a la tercera interesada o representante legal con facultades expresas para ello. De igual forma, se autoriza la utilización de aparatos fotográficos, celulares con cámara fotográfica o escáner, para los efectos de que las partes puedan obtener información del presente asunto, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo aplicable, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.

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