Tony Laureano Acosta Cámara

Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
663/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Tony Laureano Acosta Cámara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa estado el auto de once veinticuatro de mayo del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, que a la letra dice: Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de catorce de mayo de la presente anualidad, y al efecto manifiesta: "Que ocurro mediante el presente escrito a dar cumplimiento a lo solicitado en el acuerdo de fecha 14 de mayo de los corrientes para proporcionar bajo protesta de decir verdad el número correcto del proceso penal de origen siendo este el *** del JUZGADO DE CONTROL DE JUICIO ORAL DE LA REGION JUDICIAL 09, CENTRO, TABASCO que origino este juicio de amparo, para efecto de que se le de curso a la demanda de amparo en lo principal y a la suspensión solicitada en el incidente de amparo." Por lo que se tiene por cumplida la prevención. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.13o.A. J 6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4 95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Al analizar la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destaca como actos reclamados, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro del proceso penal *** del índice del Juzgado de Control de Juicio Oral Región Nueve de Centro, Tabasco, por los delitos de violencia familiar y pederastia, así la medida cautelar consistente en prisión preventiva. Ahora bien, en el escrito inicial de demanda, el quejoso, manifestó que los actos que reclama, le fueron notificados el tres de abril de dos mil diecinueve, ya que al efecto indica: ".RECLAMO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN CONTRA DEL SUSCRITO ******, DENTRO DE LOS AUTOS DEL PROCESO PENAL *** DEL ÍNDICE DEL JUEZ DE CONTROL DE JUICIO ORAL ADSCRITO A LA REGION 09 CENTRO, TABASCO, POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PEDERASTIA ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 208 Bis PÁRRAFO SEGUNDO Y ARTÍCULO 327 DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO QUE ME FUERA NOTIFICADO EL DÍA 3 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO." -Lo subrayado no es de origen-. En ese sentido, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese contexto, del estudio realizado a los actos reclamados es apropiado decir que en el presente caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, conforme lo establecido en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. El referido dispositivo legal prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". -Lo subrayado no es de origen-. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." -Lo subrayado no es de origen-. Se dice lo anterior, en atención a lo manifestado por la parte quejosa en su demanda en que bajo protesta de decir verdad, señaló que los actos que reclama le fueron notificados el tres de abril de dos mil diecinueve, misma fecha de la audiencia en que se emitieron y en la que estuvo presente el ahora promovente del amparo y su defensor. Es aplicable al caso, por su idea jurídica, la Jurisprudencia P. J.27 96 , con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente, toda vez que atendiendo a lo manifestado por la parte quejosa, el plazo de quince días para la presentación de la demanda, empezó a correr a partir del cinco de abril de dos mil diecinueve (día hábil siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación que se realizó de los actos que reclama), y feneció el treinta de ese mismo mes, descontando los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril por ser sábados y domingos, así como diecisiete, dieciocho y diecinueve de abril por haber sido declarados como inhábiles por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la "Semana Santa". De ahí que, al diez de mayo de la presente anualidad, fecha en que el quejoso presentó la demanda de amparo que da origen al presente juicio, había transcurrido con exceso el término de quince días que tenía para impugnar los actos que reclama, según lo dispone el citado artículo 17 de la Ley de Amparo; actualizándose de ese modo, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la circunstancia de no haberse promovido el juicio biinstancial contra los actos reclamados dentro del término que prevé el invocado numeral, se traduce en el consentimiento tácito de los actos que tilda de inconstitucionales. Haciendo la aclaración, que el presente asunto no se encuentra en alguno de los casos de excepción que prevé el citado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por su contenido, la jurisprudencia 1a./J. 48/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona." En las narradas condiciones, es evidente que el juicio de amparo que promueve el quejoso Tony Laureano Acosta Cámara, resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, obliga a este órgano constitucional a desechar de plano la demanda, atento a lo establecido en el artículo 113 de la propia ley. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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