Toni Renee Victoria Navarrete
Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Toni Renee Victoria Navarrete
Actuaciones
- Principal
Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 158/2022-V, orden 821, enviado para el efecto de notificar al quejoso el auto de siete de junio del presente año. Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que la notificación a la parte quejosa se realizó el veinte de junio del presente año. En razón de lo anterior, se observa que feneció el plazo de cinco días, para que el quejoso recurriera el auto de siete de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Toni-Renee Victoria Navarrete, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 792/2022-V. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual debe considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, por lo que se desecha la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se explica. La admisión y trámite del juicio de amparo se justifica si cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2067, Materia(s): Común, registro 2021644, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio". En el caso, el acto reclamado es la autorización y contratación de personal (médicos y enfermeras), de nacionalidad cubana, para trabajar en México en la prestación del servicio público de salud, así como la asignación del presupuesto relativo. Sin embargo, si bien el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, ese interés legítimo radica en un agravio diferenciado que sufre una persona a virtud de su especial situación que tiene en el orden jurídico, esto es, se trata de un interés personal -de carácter individual o colectivo- que es cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 33/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , página 1309, Materias Constitucional, Común, Registro digital: 2023821, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE MATRIMONIO O CONCUBINATO IGUALITARIO, NO DEBE CONFUNDIRSE EL CONCEPTO DE INTERÉS LEGÍTIMO CON LOS CONCEPTOS DE INTERÉS INDIVIDUAL O COLECTIVO/DIFUSO. Hechos: El quince de julio de dos mil diecinueve, mediante la imposición de un mecanismo de votación por cédula secreta, el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán desechó por mayoría de votos un dictamen de reforma a la Constitución Local, mediante el cual se pretendía derogar la definición del matrimonio y el concubinato como la unión entre una mujer y un hombre. En desacuerdo, un conjunto de personas, quienes manifestaron ser residentes en el Estado de Yucatán e integrantes de la comunidad LGBTI+ o familiares de personas de dicha comunidad, promovieron juicio de amparo indirecto, alegando que la imposición y ejecución de dicha votación por cédula violaba, entre otros, el derecho a participar activamente en la dirección de los asuntos públicos del Estado, en relación con la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que la parte quejosa no acreditó su interés legítimo. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que al momento de analizar la afectación de un acto reclamado, no deben confundirse los conceptos de interés individual o colectivo/difuso con el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Justificación: El interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que la parte quejosa ocupa frente al ordenamiento jurídico; lo cual permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Así, el interés legítimo radica en un agravio diferenciado que sufre una persona por virtud de su especial situación que tiene en el orden jurídico. Se trata, pues, de un interés personal -de carácter individual o colectivo- que es cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Interés que debe estar garantizado por un derecho objetivo y que implica una afectación en cierta esfera jurídica de la persona (entendida en sentido amplio) apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad; por lo que la concesión del amparo se traducirá en un beneficio positivo en la esfera jurídica de la parte quejosa actual o futuro pero cierto. Sin que puedan confundirse los conceptos de interés individual o colectivo/difuso con el interés legítimo. Un aspecto es el concepto de interés atendiendo al número de personas que se ven afectadas (interés individual o colectivo/difuso) y otro muy distinto el concepto de interés atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de que se trate (interés simple, legítimo o jurídico). El interés legítimo no es sinónimo ni puede equipararse al interés colectivo/difuso. Hay interés legítimo de carácter individual; aunque, para efectos de algunos juicios de amparo y de acuerdo al alcance de los derechos humanos involucrados, es también común que el interés legítimo de una persona responda a un interés colectivo o difuso. En ese sentido, tratándose del caso que nos ocupa, ante la estigmatización que causa una norma que prohíbe el matrimonio y el concubinato igualitario, lo relevante es la autodeterminación y basta la afirmación bajo protesta de decir verdad de las personas físicas que interpusieron la acción de amparo para que se tenga por satisfecha. A partir de esto, es que se desprende un interés personal de los quejosos para impugnar los actos del Congreso del Estado de Yucatán, en el que comulga un interés tanto individual como colectivo: a saber, el interés legítimo que se acredita en este caso por las y los quejosos se da en razón de un interés individual y un interés colectivo". En la especie, el quejoso Toni-Renee Victoria Navarrete no se encuentra en una situación especial o distinta a la que se encuentra la población en general, esto es, su interés personal -de carácter individual o colectivo- no es cualificado. En efecto, el quejoso manifiesta que cuenta con interés legítimo "por ser un ciudadano mexicano y tener el derecho de reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos para servir al pueblo de México" (foja cinco de la demanda). Sin embargo, conforme a la fracción I, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, para promover el juicio constitucional no basta un interés genérico, sino que debe ser cualificado, como sí ocurriría, por ejemplo, en tratándose de un médico que aspire a ser contratado por el gobierno federal. En efecto, el quejoso no afirma, bajo protesta de decir verdad, ser médico y aspirar a ser contratado por el gobierno federal o bien encontrarse en una situación análoga, de ahí que ese hecho no manifestado no es susceptible de ser objeto de prueba. Entonces, toda vez que el interés del quejoso no encuadra en el contemplado en la fracción I, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo, lo cual se advierte desde ahora y no depende de prueba, se itera, procede el desechamiento de la demanda, pues el juicio de amparo es improcedente, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso (artículo 61, fracción XII). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, Materia Común, registro 2014433, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Azuela, 8, A-1, colonia Santa María la Ribera, delegación Cuauhtémoc, código postal 06050, en la Ciudad de México. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios a Valente Arizabalo Priego, Edmundo A. Vite, Ruperto Martínez Gómez, del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a Alejandro Romel Martínez, Miguel Ángel Amaro Martagón y Diana Gutiérrez García, por no contar con tal registro. Notificación al quejoso. Ahora, toda vez que este acuerdo debe notificarse de manera personal a la quejosa, en vista de que el domicilio señalado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional tenga a bien comisionar a quien corresponda para el efecto de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en calle Mariano Azuela, 8, A-1, Colonia Santa María la Ribera Delegación Cuauhtémoc, código postal 06050, de la Ciudad de México, para que le notifique el presente auto corriéndole traslado con la copia que se anexa. Asimismo, el actuario encargado de llevar a cabo la notificación deberá requerirla para que durante la diligencia o dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante este órgano jurisdiccional en Irapuato, Guanajuato; apercibido que de no hacerlo en el término indicado para ello, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se les harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, de conformidad con el numeral 27, fracción lII, inciso a), de la Ley de Amparo. Se faculta al juez a quien corresponda conocer de la comunicación enviada para que habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.
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