Tonantzin Morales Torres

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Tonantzin Morales Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo vigente, para inconformarse contra la citada determinación diecisiete de marzo de dos mil veintidós, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    PERSONAL dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intenta dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo y en caso de así considerarlo, manifieste en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia ejecutoria. Apercibida

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la AUTO de fecha 17/MARZO/2022, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. AUTO cuyo contenido es: "Ciudad de México; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juezde Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "[.] Por tanto, resulta fundado el concepto de violación en estudio y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el Alcalde y Subdirectora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, ambos de la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México: ? Atiendan por escrito o través de los medios digitales institucionales autorizados, de manera fundada, motivada, congruente, completa y rápida la solicitud presentada elveintinueve de agosto de dos mil veintiuno , a través de la página electrónica https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/, a la que se le asignó el folio SUAC 2908211031302, en el entendido, que deberá dar a conocer a la hoy parte quejosa la respuesta correspondiente en el domicilio que para tal efecto hubiese señalado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1738 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo III, de rubro siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Determinación que adopta este órgano jurisdiccional, atento al principio pro persona previsto en el artículo 1º, de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No es óbice a lo determinado por esta juzgadora, la manifestación hecha por el Alcalde en Coyoacán al momento de rendir informe justificado, en el sentido de que en la fecha en que la hoy parte quejosa formuló la solicitud materia del presente juicio de amparo, no ejercía funciones de alcalde, pues su periodo inició el uno de octubre del año en curso. Pues, con independencia de la fecha en que el Alcalde de Coyoacán señala inicio su encargo, la parte quejosa acreditó haber formulado una solicitud en términos del artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una páginaelectrónica, a un funcionario en calidad de autoridad; máxime, que dicha cuestión fue aceptada por el propio Alcalde de Coyoacán, al señalar que no ha fenecido el término previsto en la normatividad que indica para su atención. Máxime, que esta juzgadora estima que el hecho de que haya tomado posesión del cargo con fecha posterior a la presentación del escrito de petición, no lo exime de la obligación de atenderlo, pues como se indicó, la parte quejosa acreditó que ejerció su derecho fundamental en términos del aludido precepto constitucional. En efecto, esta juzgadora estima que la autoridad responsable al estar dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, se encuentra obligada como tal, a dar contestación por escrito o a través de los medios electrónicos institucionales autorizados y en breve término al gobernado, a la solicitud que realizó en ejercicio de un derecho público subjetivo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 126 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, de rubro y texto siguientes: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguardarequieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. De igual forma, se invoca la jurisprudencia de los XXI.1o.P.A. J/27 de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está enlibertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Igual forma, no es óbice a la determinación adoptada las diversas manifestaciones que hicieron las autoridades responsables, tocantes a que no ha fenecido el término para atender la solicitud formulada el veintinueve de agosto pasado; lo anterior, puesto que la hoy quejosa eligió la presente vía constitucional para lograr que sea respetado su derecho público subjetivo y quedó demostrado que ejerció su derecho de petición, en tanto que, no quedó acreditado que la solicitud respectiva hubiese sido atendida en breve término, en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 136/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 245 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, que dice: PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición. En el mismo orden, se invoca la jurisprudencia I.1o.A. J/2 de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 663, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, que establece lo siguiente: NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra. [.]" Del análisis a lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente:  Se atienda por escrito o través de los medios digitales institucionales autorizados, de manera fundada, motivada, congruente, completa y rápida, la solicitud presentada el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, a través de la página electrónica https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/, a la que se le asignó el folio SUAC-2908211031302, en el entendido, que deberá dar a conocer a la hoy parte quejosa la respuesta correspondiente en el domicilio que para tal efecto hubiese señalado. Ahora bien, en proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se determinó que la ejecutoria de amparo no había sido cumplida, toda vez que si bien la responsable exhibió las documentales de las cuales se desprende que el once de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Departamental de Obras Peatonales y Viales, realizó el bacheo en asfalto en 88.44 m2 (ochenta y ocho punto cuarenta y cuatro metros cuadrados). Asimismo, con el oficio DGOPSU/DEOP/SMC/ OPV/021/2022 de trece de enero de dos mil veintidós, la Jefa de la Unidad Departamental de Obras Peatonales y Viales, informó al Subdirector de Mantenimiento y Construcción, que una vez revisada la zona solicitada por la peticionaria del amparo, no ameritaba trabajos de reencarpetamiento, por lo queel ocho y diez de noviembre de dos mil veintiuno, fue atendido la petición formulada en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) número 2908211031302, realizando únicamente en zonas afectadas, trabajos de bacheo por fatiga del asfalto "acocodrilado" con pérdida de material fino y hundimientos, en una superficie de 88.44 m2 (ochenta y ocho punto cuarenta y cuatro metros cuadrados), de la calle Tres entre las calles Dos y Cuatro, Colonia Espartaco, Alcaldía Coyoacán. Sin embargo, de un análisis de las constancias remitidas, se advertía que la responsable no dio a conocer a la impetrante la respuesta correspondiente en el domicilio que para tal efecto hubiese señalado; razón por la cual se requirió el acatamiento de la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos de marzo de dos mil veintidós, el Apoderado de la Alcaldía de Coyoacán, remitió el siguiente documento: ? Oficio DGOPSU/DEOP/SMC/084/2022 de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, notificado a la peticionaria del amparo el veintiocho del mismo mes y año. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicialde la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dicha constancia se dio vista a la parte quejosa en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós para que en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que NO realizó. Ahora bien, el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, fue hecho del conocimiento de la parte amparista el nueve de marzo de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la constancia que obra en autos. De un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal, así como del auto de dos de febrero de dos mil veintidós, y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte que la autoridad responsable emitió el oficio DGOPSU/DEOP/SMC/084/2022 de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el cual dio respuesta a la solicitud presentada por la impetrante el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, a través de la página electrónica https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/, a la que se le asignó el folio SUAC-2908211031302, la cual le fue notificada a la amparista el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Cabe precisar que los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que este Juzgado Federal, en el procedimiento de ejecución del fallo protector, puedaexaminar los motivos o fundamentos que sustentan el oficio emitido, lo que, en su caso, deberá ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra del oficio dictado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis: 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, consultable en su página 203, cuyo texto precisa: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Más aun tomando en cuenta que este juzgado de Distrito en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 196, ambos de la Ley de Amparo vigente, se encuentra limitado a verificar si se cumplió o no la ejecutoria sin excesos ni defectos, cotejándola con los actos de las responsables, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/2001, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página trescientos sesenta y seis, cuyo rubro y tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en susfunciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, delTribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Por lo tanto, es evidente que cesaron las causas y motivos que llevaron a la parte impetrante a promover el juicio de amparo, y por consiguiente, se le restituyó en goce de sus derechos afectados. Atento a lo anterior y, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cualesdeberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles."

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