TOMASA HUERTA ESCUDERO y Otros.
Expediente 370/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tomasa Huerta Escudero
- TOMASA HUERTA ESCUDERO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
MESA VI A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
MESA VIA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el trece de agosto de dos mil diecinueve, que en su oportunidad causó ejecutoria, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que las autoridades responsables, Encargado de la Subdelegación de prestaciones y Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, realizaran lo siguiente: "I. Con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad emitida en esta sentencia, quedan desincorporados de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 51, fracción II, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007, y el artículo 12 fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de su aplicación presente y futura. II. El Encargado de la Subdelegación de prestaciones y Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en el ámbito de su competencia, deberán emitir acuerdo en el cual, dejen sin efectos la carta declaratoria de tres de abril de dos mil diecinueve, en la que se estableció la incompatibilidad de pensión por viudez, que ésta última se entregaría a diversa persona (hija), y suspendiendo la misma, hasta que presentara su baja por renuncia o jubilación; al sustentarse en disposiciones declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales, fueron desincorporados de la esfera jurídica de la interesada. III. Pagar a la impetrante íntegramente la pensión por viudez 1683345, a partir del tres de abril de dos mil diecinueve, fecha en la que se suspendió esa pensión, esto es, no se restringa su derecho a percibir la aludida pensión." Con motivo de ello, las precitadas autoridades responsables mediante oficios SP/DPSHT/JA/303/2019 y SP/DPSHT/JA/304/2019 de trece de diciembre de dos mil diecinueve, los cuales obran en copia certificada en los presentes autos, emitieron resolución en la cual, desincorporaron de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 51, fracción II, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007, y el artículo 12 fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de su aplicación presente y futura. Asimismo, en dichos oficios, dejaron sin efecto la carta declaratoria de tres de abril del año próximo pasado, en la que se estableció la incompatibilidad de pensión por viudez, y que a partir del mes de enero de este año, sería incorporada a nómina. Aunado a lo anterior, mediante oficios SP/DPSHT/JA/337/2020 y SP/DPSHT/JA/338/2020, de tres de agosto de dos mil veinte, el Encargado de la Subdelegación de prestaciones y Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, respectivamente, informaron que, con motivo de la sentencia de amparo, resultó a favor de la quejosa la cantidad de $42,561.40, cantidad que se encuentra a su disposición en la caja de la Delegación, la cual será pagada a través de transferencia bancaria, por lo que la quejosa deberá presentarse con identificación oficial, y un estado de cuenta bancario con clave interbancaria, circunstancias, que ya hicieron del conocimiento de la parte quejosa mediante la notificación correspondiente, la cual, anexaron en copia certificada a los aludidos oficios. Además, mediante oficios SP/DPSHT/JA/422/2020 y SP/DPSHT/JA/421/2020, de catorce de septiembre de dos mil veinte, las precitadas autoridades responsables, con motivo del requerimiento formulado en atención a las manifestaciones realizadas por la quejosa, señalaron que el referido pago no está condicionado y reiteraron que éste se encuentra a su disposición desde mayo de dos mil veinte, de lo cual, se dio vista la impetrante de manera personal, sin que hubiere hecho manifestación sobre el particular. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, ponen de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que desincorporaron de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales; dejaron sin efecto la carta declaratoria de tres de abril del año próximo pasado y, realizaron las gestiones conducentes con el objeto de pagar a la quejosa su pensión de viudez 1683345 en términos de la ejecutoria de amparo, resultando a favor de la impetrante la cantidad de $42,561.40, la cual, se encuentra a su disposición en la caja de la Delegación sin condición alguna. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios signados por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y Encargado de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y anexo que acompaña, por los cuales informan el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Hágase del conocimiento de las partes, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, determinó la adscripción y designación como nuevo titular de este Juzgado, a partir del dieciséis de octubre siguiente, al Juez Emmanuel Hernández Alva; lo cual fue comunicado mediante oficio SEADS/487/2020, signado por el Secretario Ejecutivo de la Adscripción. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el escrito suscrito por la quejosa "..... , mediante el cual manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables; se reserva acordar respecto a su contenido hasta en tanto transcurra el término concedido en auto de veinticuatro de diciembre de la presente anualidad, a las autoridades responsables.
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