Tomasa Hernández Díaz
Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tomasa Hernández Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General; en términos de lo establecido en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 629/2023, promovido por Tomasa Hernández Díaz contra actos del Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Tomasa Hernández Díaz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSTercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Actuario."La omisión de acordar el escrito presentado en fecha 22 de febrero de 2023, bajo el número de folio 002509,." SEGUNDO. El once de mayo de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 629/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, con folio 002509, la en el juicio laboral 01/54/2023. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que acompañó el Presidente y Tercer Arbitro, responsable; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en ese tenor, se les tiene por cierto el mismo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que también hacen valer las autoridades responsables, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal afirmación, ya que la parte actora aquí quejosa Tomasa Hernández Díaz, reclamó de las autoridades responsables, la omisión de proveer el escrito presentado veintidós de febrero de dos mil veintitrés, registrado con el folio 002509, relativo al expediente laboral 01/54/2023; sin embargo, como ya se estableció la autoridad responsable el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dio respuesta al escrito petitorio señalado, dentro del referido expediente laboral, y, lo notificó personalmente a la actora el ocho de junio siguiente, de los cuales la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (ocho de mayo de dos mil veintitrés), el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no había dictado el acuerdo a la promoción de veintidós de febrero de dos mil veintitrés; lo que ocurrió el dieciséis de mayo de la anualidad, y, fue notificado por el actuario responsable el ocho de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el dieciséis de mayo de la anualidad, las autoridades responsables acordaron la promoción presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés con folio 002509, el cual fue notificado a la quejosa el ocho de junio del año en curso. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Sin que sea el caso de analizar la causal de improcedencia propuesta por las autoridades responsables, pues en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio con anexo signado por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; al respecto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Norman Arabit del Campo, Delegado de la Tesorera del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante el cual informa que se puso a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad de ********************, por concepto de devolución de la actualización genera del pago de periodo de dos mil veintiuno, por concepto del cobro del derecho de alumbrado. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído de cumplimiento a lo siguiente: Acredite haber realizado la transferencia de la cantidad de ********************, en favor de la parte quejosa. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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