Tomasa Dolores Dirzo Muñoz
Expediente 462/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tomasa Dolores Dirzo Muñoz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de dieciocho de mayo del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Jefe del Departamento de Supervisión, Afiliación-Vigencia de la Delegación Estatal Guerrero de dicho Instituto, en esta ciudad, recibido vía electrónica con evidencia criptográfica, mediante el cual rinde informe justificado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; y, en relación al correo electrónico que proporciona, no ha lugar a realizar notificaciones a través de ese medio, toda vez que esa opción se estableció como transitorio en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 cuya vigencia ya feneció y el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en vigor no contempla esa posibilidad, sino sólo para cuestiones no procesales. Por otra parte, con apoyo en el arábigo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que refiere el oficiante, sin perjuicio de hacer relación de ellas y tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Desde otro aspecto, por lo que ve a las causas de improcedencia y sobreseimiento que hace valer, éstas serán analizadas, en términos de lo dispuesto por los numerales 62 y 65 del referido ordenamiento legal, toda vez que, la primera debe actualizarse de manera manifiesta e indudable sin que ninguna prueba la desvirtúe, y la segunda sólo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización. Como lo solicita, y toda vez que proporciona el usuario: "RogelioCarrisoza", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal. Ahora bien, del análisis integral de las constancias recibidas, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que, en el caso, como lo propone el oficiante, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrar que operan los supuestos de improcedencia enunciados, es imperativo destacar el contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Fracción normativa de la que se desprende la obligación a cargo del Juzgador Federal, de analizar, de oficio, y en cualquier etapa en la que se encuentre, la actualización de alguna de las hipótesis que se prevén para la improcedencia del juicio de protección de los derechos humanos. Asimismo, la primera porción normativa citada dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, han cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explica. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Conforme al texto legal citado, el juicio de amparo es improcedente en caso de que el acto reclamado, aun siendo existente al momento de la instauración del propio juicio constitucional, cese en sus efectos durante la secuela de éste, pues en tal evento el impetrante de la tutela constitucional deja de verse afectado en su esfera jurídica, lo que a la postre hace innecesario examinar la constitucionalidad del acto reclamado, precisamente porque ningún efecto legal produce este último. Así, se tiene que por escrito depositado en el buzón judicial el nueve de mayo de dos mil veintitrés, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Tomasa Dolores Dirzo Muñoz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es el C. JORGE PONCE SERVÍN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, AFILIACIÓN-VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. IV. ACTOS RECLAMADOS: A la autoridad señalada como responsable se le reclama: 1. La omisión en dar respuesta a la petición que de manera pacífica y respetuosa le formule por escrito de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, petición que fue recibida de manera directa en las oficinas del ahora demandado ese mismo día trece de marzo de dos mil veintitrés, según consta en sello fechador estampado en el anverso del escrito de petición y que se agrega a la presente como Anexo 1." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, expuso el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como vulnerados los artículos 8° 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que en este asunto la quejosa reclamó: La omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su escrito fechado y presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la documental de mérito, a la que previamente se otorgó valor probatorio pleno, se advierte que el quince de mayo del año en curso, se emitió el oficio 12 91 04 910 110/0719/2023, signado por el Titular de la Subdelegación Zihuatanejo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, a través del cual se dio contestación al ocurso presentado el trece de marzo de esta anualidad por la aquí quejosa Tomasa Dolores Dirzo Muñoz, en el cual se advierte la firma de recibido de la citada impetrante. Por ello, es evidente que tal determinación y su notificación trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, en términos del precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que autoriza a sobreseer fuera de audiencia, sin necesidad de esperar la data señalada para esa diligencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ídem; máxime, que ese motivo de improcedencia es manifiesto e indudable y está demostrado con documento público. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página setenta y uno, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La anterior determinación también encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente cuando el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar que este órgano jurisdiccional no pasa por alto lo que establece el numeral 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en el sentido de dar vista a la parte quejosa cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia, ya que al actualizarse de modo manifiesto e indudable, resultaría ocioso diferir el presente juicio de garantías por esa cuestión, porque el sentido del fallo no cambiaría, es decir, sería el mismo, y lo anterior, contravendría lo que estatuye el numeral 17 constitucional, por cuanto hace a la administración de justicia pronta y expedita. De igual manera, se precisa que el suscrito no desatiende lo establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 334 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.", ya que la contestación emitida por el Titular de la Subdelegación Zihuatanejo del Instituto Mexicano del Seguro Social, no constituye un nuevo acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues dicho Instituto actúa como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, es decir, bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido Instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aplica al caso en concreto la Jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sostenida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 898 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época, que a continuación se reproduce: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." [Énfasis añadido] Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
se admite dicha demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de que la parte quejosa no lo solicita y no se está dentro de los supuestos de los ordinales 125 y 126, de la ley de la materia, para que este tribunal se pronuncie respecto de la medida cautelar. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de dicha legislación, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS... Por otra parte, con apoyo en el ordinal 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana a que alude, sin perjuicio de hacer relación de éstas y tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Conforme a lo establecido en el numeral 5º, fracción IV, de la ley de mérito, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional... Notifíquese.
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