Tomasa Cruz Rivero

Expediente 29/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
29/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Tomasa Cruz Rivero
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Tomasa Cruz Rivero, por su propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio que signa la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y anexo, atento a su contenido, téngasele desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de febrero del año en curso. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y constancias que adjunta en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que, en el día de la fecha se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de febrero del año en curso y se dio vista con las constancias allegadas. A fin de dar margen a que trascurra el plazo de ocho establecidos en el artículo 117 de la ley de Amparo, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Al respecto, es aplicable la Tesis II.1o.P.37 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que indica: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA INICIALMENTE PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA SEÑALADA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO SE TUVO CONOCIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA, DEBEN MEDIAR OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que el Juez o la autoridad que conozca del juicio de garantías biinstancial debe diferir, oficiosamente y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional cuando la autoridad responsable no presente su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar el contenido de aquél. De esa manera, si la parte quejosa no tuvo conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable con la anticipación a que se refiere el numeral en comento, es decir, ocho días, pues entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la que se programó para que de nueva cuenta tuviera verificativo mediaron menos de ocho días hábiles, es patente que la audiencia constitucional se celebró sin otorgar cabalmente al quejoso su derecho de defensa, o sea, la oportunidad de imponerse del contenido del informe con justificación y, por tanto, la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimara convenientes. Esto es, entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que se señale con motivo de su diferimiento deben mediar ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así puede el quejoso ajustarse a los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción del informe justificado, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de equilibrar procesalmente a las partes." Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las partes procesales por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio que signa la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y anexo, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado; con su contenido y constancia que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. En otro orden, y dado que resulta necesario para el estudio del fondo del asunto, contar con copias certificadas de la totalidad de constancias que obren agregadas al expediente laboral 38/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ello, a partir del auto de ejecución, hasta la última actuación, incluyendo promociones, y notificaciones de cada auto dictado, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidenta, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las documentales antes señaladas. Tiene aplicación al caso concreto la tesis P./J. 17/97, visible a página 108, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano