Tomasa Cruz Reyes
Expediente 560/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tomasa Cruz Reyes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 560/2022. Consideración previa. Como cuestión previa, es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la parte inconforme en esencia reclama lo siguiente: La omisión de inscribirla al programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores debido a la suspensión de ese trámite con motivo de la veda electoral. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, una vez presentada la demanda, debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa, esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende de la demanda y sus anexos se dicta la determinación siguiente: Se desecha de plano la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda promovida por Tomasa Cruz Reyes, porque con relación al acto reclamado de la autoridad de mérito, consistente en la omisión de inscribirla al programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores debido a la suspensión de suspensión de ese trámite con motivo de la veda electoral, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional contemplada en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de amparo, la cual, a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; [.]" Al respecto, conviene establecer que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS", sostuvo que la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos electorales surge por el contenido material de la norma, acto o resolución que se impugna. De acuerdo con el criterio mencionado, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, se requiere que el contenido del acto reclamado sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos su validez bebe cuestionarse mediante la acción de inconstitucionalidad, si se trata de normas generales, o a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de actos o resoluciones, con la excepción de las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal, que en cualquier caso son inatacables mediante el juicio de amparo. Por otro lado, el Alto Tribunal determinó que el juicio de amparo es procedente, excepcionalmente, cuando se reclamen violaciones a derechos políticos y a la vez se impugnen leyes o actos que impliquen transgresión a otros derechos fundamentales, siempre que no incidan totalmente sobre cuestiones electorales. Así lo sostuvo en la tesis aislada de rubro: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES" Ahora, en este caso se considera que el acto reclamado es de contenido electoral, y por tanto, no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto. De acuerdo con los antecedentes narrados en un apartado precedente de esta resolución, no ha podido iniciar su trámite de inscripción al programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores debido a la suspensión de ese trámite con motivo de la veda electoral por la realización de los comicios a realizarse el cinco de junio de dos mil veintidós. Esta suspensión versa indudablemente respecto de actos que tienen carácter electoral, ya que la autoridad que conozca del asunto deberá analizar el debido cumplimiento de las reglas aplicables a los comicios. De esta manera, las posibles violaciones a los derechos de la quejosa no podrían analizarse independientemente del acto que les dio origen; es decir, el asunto requiere estudiar la posible violación al principio de equidad aplicable a los comicios, en relación con los derechos de los beneficiarios de los programas, ya que ambos temas están vinculados. Cabe señalar que en términos del artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, constitucional, el Tribunal Electoral es competente para resolver las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. "Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. (.) Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: (.) IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos". En términos de lo que establece el precepto constitucional antes transcrito, se considera que el análisis de la suspensión de los programas sociales debe hacerse a través de los medios de impugnación establecidos en materia electoral, por derivar de una controversia que puede resultar determinante para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Se estima necesario mencionar que existen precedentes en los que el Tribunal Electoral ya se ha pronunciado respecto a la utilización de programas o beneficios durante periodos electorales. La Sala Superior, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-384/2016, señaló que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, ya sean federales o locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, se debe suspender la difusión en medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental de cualquier ente público. Ello, con la finalidad de evitar influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político. La Sala Superior indicó que esa medida tiene la finalidad de salvaguardar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, rectores de los procesos comiciales. Manifestó que la prohibición de realizar actividades proselitistas tiene por objeto evitar aquellos actos que tienen como fin ganar adeptos para una determinada posición política, a través de la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social; pero que no se prohíbe la entrega de elementos que forman parte de programas gubernamentales, sino que con ellos se haga proselitismo. La Sala Superior señaló que la mencionada prohibición debe analizarse a la luz de los derechos de la población de ver satisfechas sus necesidades, pues tratándose de programas asistenciales o de gestión y desarrollo social, estos se presumen impostergables, por lo cual, el legislador cuidó de que los beneficios colectivos que se otorgan a través de diversos programas no se detuvieran, sino solamente la indebida ventaja electoral que de su entrega se puede derivar. De las consideraciones del precedente mencionado, se infiere que la posible violación a las necesidades de los beneficiarios de los programas deben ser estudiadas de forma conjunta con los aspectos que dieron origen a la utilización de los programas sociales, y ello debe hacerlo la autoridad competente en materia electoral, pues la cuestión aquí planteada debe analizarse a partir del alcance de los principios aplicables en materia electoral; sin que pueda examinarse en el juicio de amparo de manera independiente la afectación que ello pudiera generar en la población, pues ante una eventual concesión de la protección constitucional para que se sigan otorgando los beneficios de los programas sociales, sería como prejuzgar sobre un tema que es de competencia de la autoridad electoral. De esta manera, es claro que el acto reclamado es de contenido meramente electoral, lo que actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, y por ello impone a este juzgado a desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Corolario a lo anterior, con independencia de que el acto reclamado verse o no sobre aspectos electorales, aún en el caso de que pudiera considerar que con su emisión y ejecución se afectan los derechos de los beneficiarios de los programas sociales que fueron suspendidos, la quejosa no acredita tener el interés jurídico o legítimo para acudir al amparo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)", sostuvo que de acuerdo con el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En este caso, la parte quejosa no demostró ser la titular de un derecho público subjetivo, ni que se le cause un perjuicio por la especial situación que pudiere guardar respecto de la suspensión de los programas sociales de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, susceptible de ser defendido en el juicio de amparo. La quejosa no acreditó ser beneficiaria de los programas sociales, o que tuviera la expectativa de formar parte del padrón de beneficiarios, para que se pudiera estimar que con la suspensión de los mismos se le impidió recibir beneficios a los que tiene derecho, puesto que sólo ofreció como pruebas la copia de su credencial para votar, recibo de luz, CURP, y acta de nacimiento, pero de esas constancias no se advierte el derecho de acceso a sus beneficios. De los documentos exhibidos no se advierte que la quejosa con anterioridad a la suspensión que reclama, se le haya otorgado el beneficio que solicita, puesto que con ninguno de ellos acredita que la autoridad responsable haya emitió alguna determinación en la que reconociera a la quejosa la calidad de beneficiada. Además, las constancias exhibidas por la quejosa obran sólo en copia simple, las cuales, al no estar adminiculadas con algún otro medio de prueba, carecen de valor probatorio, en términos de la jurisprudencia de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS". Circunstancia, esta última que marca la diferencia entre el presente asunto, y el diverso 401/2020 de la estadística de este juzgado que refiere, en razón que en aquel, la impetrante del amparo, ya contaba con el derecho reconocido por parte de la responsable y lo que reclamó es la suspensión de pagos de ese beneficio. Por otro lado, en relación al diverso juicio 401/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el que refiere fue admitido; con independencia de que no acredita esa circunstancia, dígase que cada juzgador tiene independencia judicial para adoptar, conforme al caso concreto, la determinación que corresponda, y que si bien, los criterios de los demás juzgadores puede ser orientativos, no son absolutos. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a la promovente del amparo, en razón que tal y como se mencionó, puede cuestionar la legalidad del acto ante la autoridad competente, o bien, esperar a que concluya la veda electoral e iniciar el trámite del apoyo social que refiere. Notificación electrónica. Ahora, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 62, 64 y demás relativos del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autorizan las notificación de manera electrónica a través del usuario "8951616". Así también, se autoriza el uso del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el referido usuario "8951616", por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Se tiene a la quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Ángel Reynaldo Cruz Reyes, También, téngasele proporcionando el correo electrónico y número de teléfono que indica, únicamente para facilitar su localización en caso de ser necesario. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes o apoderados legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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