Tomasa Corona Martínez
Expediente 1277/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- Tomasa Corona Martínez
- Ministerio Publico adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación precedente, se evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto (artículo 21, párrafo primero, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. VISTA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, personalmente o por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento que exhibió en el presente asunto a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio mediante el cual la representante legal del Titular, del Presidente del Comité de Pensiones y del Departamento de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rinde informe justificado y remite copias del oficio 207C04001520101L/dP/1601/2022, de nueve de septiembre del cursante dirigido a la aquí quejosa Tomasa Corona Martínez, así como del diagnóstico de seguro por fallecimiento del servidor público Mauricio Vega Hernández, donde informa que el veintiuno de septiembre del mismo año, se realizó el pago por el monto de ** en favor de la impetrante por concepto de seguro por fallecimiento. De conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que fueron anexadas a su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación." SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta oportuno precisar que de las constancias allegadas a los autos y del escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado por la quejosa en esta instancia constitucional, lo constituye: La omisión de dar respuesta a la solicitud 7747-43101 del seguro de vida por fallecimiento presentada ante la autoridad responsable el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, una vez analizadas las documentales que en copias certificadas remite la responsable con su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Por tanto tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, la omisión de dar respuesta a la solicitud 7747-43101 del seguro de vida por fallecimiento presentada ante la autoridad responsable el diez de septiembre de dos mil veintiuno, ha cesado sus efectos, toda vez que de las copias que remitió la referida responsable, se advierte que en atención a la solicitud 7747-43101 del seguro por fallecimiento, mediante oficio 207C04001520101L/dP/1601/2022, de nueve de septiembre del cursante, hace del conocimiento a la aquí quejosa Tomasa Corona Martínez, que la fecha de autorización de pago por concepto del citado seguro es a partir del veintiuno de septiembre del año en curso, asimismo, del diagnóstico de seguro por fallecimiento del servidor público Mauricio Vega Hernández, se desprende que el monto a pagar a la impetrante es por el monto de setenta mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N. (70,850.00). En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a la quejosa en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Al respecto se destaca que si bien, no se anexa la constancia de notificación a la aquí quejosa, al notificarle la presente determinación y el oficio que se provee, se impondrá del diagnóstico de seguro por fallecimiento y del pago del mismo a través del presente juicio de amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las once horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de octubre de dos mil veintidós. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO Y USUARIO ELECTRÓNICO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito signado por la quejosa Tomasa Corona Martínez, mediante el cual designa autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y solicita el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones por este medio. En consecuencia, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Horteales Sánchez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. USUARIO ELECTRÓNICO. Dada la certificación secretarial que antecede, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "JaHortealesS", por lo que, se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. Ahora bien, en atención a lo solicitado por la quejosa y toda vez que se ha designado usuario electrónico; con fundamento en el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "JaHortealesS", con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia, y no así las listas para evitar la duplicidad de notificaciones. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO. Vista la certificación que antecede, así como el estado de los autos, se advierte que el seis de octubre del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda de amparo en cuanto a la autoridad responsable Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin embargo, no obra su informe justificado, ni el acuse de recibo del oficio por el que se le requirió tal informe, Por tanto, con el propósito de respetar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de dicha audiencia, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-Cov2, que produce la enfermedad denominada COVID19, en relación con el periodo de vigencia. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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