Tomasa Contreras Alfonso
Expediente 961/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 37 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 26/05/2023
Partes del expediente
- Tomasa Contreras Alfonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido el auto dictado el tres de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De una revisión efectuada a los presentes autos, se aprecia que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días a que alude el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado José Prieto Martínez, así como acreditar haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación, ni manifestó el impedimento legal o material que tuviera para hacerlo, no obstante haber sido notificado oportunamente para ello, según se puede apreciar de la constancia de notificación correspondiente al acuerdo de referencia. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, ni haber manifestado alguna imposibilidad para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de En efecto, en la especie se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo, e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE1 .- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 1 Integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Por otro lado, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento es la figura jurídica procesal en la que el Juez de Distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación constitucional imputada por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por el peticionario de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al Juez de Distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, previa razón en autos del diligenciante, se dará cuenta al Juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, y así, éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que, si como en el caso sucede, la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, o bien, expresar los motivos que lo imposibilitaran para tal efecto, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados, en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor2 : "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es 2 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 211, julio de 2002, Tomo XVI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De igual manera tiene aplicación la Tesis P./J. 23/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio 1 respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DOCE HORAS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De una revisión efectuada a los presentes autos, así como a la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días otorgado a la parte quejosa para que cumpla con lo requerido mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, ya que se le notifico dicho auto por medio de lista el treinta de noviembre pasado. Así, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. ...
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio que antecede, mediante el cual, en atención al oficio 26245/2022, la entidad informa que no se localizó domicilio alguno a nombre de la parte tercera interesada José Prieto Martínez, dentro de sus datos y sistemas. En atención a lo anterior, se levantan las reservas decretadas mediante proveídos de cuatro, seis y dieciocho de julio, así como de cuatro y doce de agosto, todos de dos mil veintidós. Asimismo, de autos se desprende que en auto de doce de agosto de dos mil veintidós, el Instituto Nacional Electoral, en atención al oficio 29495/2022, informó un domicilio donde puede ser emplazado el tercero interesado, sin embargo, el mismo ya fue agotado, como se desprende de las constancias recibidas en diverso auto de once de febrero de dos mil veintidós. En consecuencia, toda vez que para la correcta integración del sumario en que se actúa es indispensable que la totalidad de las partes se encuentren emplazadas y, considerando que este juzgado de Distrito efectuó una exhaustiva búsqueda para llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado ****************, sin éxito alguno, se ordena hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós y se ordena su llamamiento a este juicio por medio de edictos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y su diverso 22 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del término de veinte días legalmente computado, realice lo siguiente: (i) Comparezca ante este juzgado de Distrito a recoger los edictos referentes al llamamiento a juicio de la parte tercera interesada *********************. (ii) Haga entrega de los mismos para su publicación. (iii) Acredite ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Una vez que se realicen las publicaciones, deberá exhibir un tanto de éstas a este órgano jurisdiccional, a fin de realizar el conteo del término respectivo. Para lo cual deberá exhibir a este juzgado los comprobantes correspondientes; la anterior prevención es con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, o bien, de no manifestar y acreditar las causas que le impidan hacerlo, se procederá a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo que nos ocupa, de conformidad con el citado canon 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que incumple con un presupuesto procesal que se rige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, apercibimiento que subsiste para el caso de no agotar las demás obligaciones impuestas. ... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. ...
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