Tomasa Consolación Mata Medrano

Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
198/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Tomasa Consolación Mata Medrano
  • Ministerio Público Federal Adscrita

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, del que se advierte que dicho tribunal no insistió en declinar competencia a este juzgado para conocer del asunto que dio origen al juicio de amparo en que se actúa y remitió dicho expediente al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a fin de que dicha autoridad continúe con la substanciación del asunto de referencia. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se ordena archivo del cuaderno de antecedentes. Ahora bien, en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, billete, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "(V) TRIBUNAL NO INSISTE EN LA COMPETENCIA PLANTEADA, SE ARCHIVA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de febrero de dos mil veintitrés. Recepción Téngase por recibido el expediente 29/224/2022, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en atención al oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual, ordenó devolver dicho asunto a fin de que se turne como demanda nueva. Registro de la demanda Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 198/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis del asunto remitido Ahora bien, de la revisión que se realiza a los autos se advierte que mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no aceptó la competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, en turno. No se comparte criterio y se devuelve los autos Al respecto, este juzgado de distrito no comparte el criterio que sostiene el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por lo siguiente: De los autos del expediente ***, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se advierte que *****, en su carácter de cónyuge supérstite, promovió juicio en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en el cual demandó el pago de diversas prestaciones así como la declaración de beneficiaria de la pensión otorgada a favor del de cujus *****; motivo por el cual, mediante resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, el referido tribunal señaló que únicamente es competente para conocer de conflictos individuales originados entre un Poder Estatal o Municipal con sus trabajadores, no así de los que devienen de un decreto de pensión, motivo por el cual ordenó la remisión del citado asunto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Derivado de ello, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, determinó no aceptar la competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del expediente 29/224/22 y ordenó remitir los autos a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, argumentando que la competencia para conocer del conflicto derivado de las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), corresponde a un Juez de Distrito. Lo anterior, tomando en consideración el criterio jurisprudencial 2a./J. 153/2009, cuyo rubro señala "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN". En ese sentido, como se dijo, este juzgado no comparte dicho criterio, en razón de que el origen del conflicto suscitado entre dichos tribunales, consiste en determinar a quién le corresponde conocer de las prestaciones reclamadas por Tomasa Consolación Mata Medrano, derivadas del otorgamiento de su pensión de viudez otorgada como cónyuge supérstite del de cujus Andrés rodríguez Chaparro, motivo por el cual, este juzgado no puede conocer de conflictos individuales, ya que para ello existen tribunales laborales competentes. No se inadvierte la jurisprudencia que al efecto refiere la autoridad oficiante para remitir el asunto a este Juzgado, sin embargo, es de hacer notar que el referido criterio reseña la competencia de los juzgados de distrito cuando en un juicio de amparo se reclame la cuantificación de las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, no así, respecto a las prestaciones reclamadas por los trabajadores o sus beneficiarios y, en el caso concreto, el expediente de origen versa sobre un conflicto de reconocimiento de prestaciones de seguridad social, no así de un asunto que sea materia de competencia de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, respetuosamente, este juzgado federal considera que no puede conocer del presente asunto, máxime que en el caso no resulta procedente la remisión directa por parte de la autoridad oficiante de la demanda que dio origen al expediente 29/224/222 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a fin de que se tramite ante esta potestad. Lo anterior, porque no se está en presencia de una problemática de una simple competencia jurisdiccional, sino constitucional, entendida esta desde la perspectiva de que las leyes aplicables a la resolución del conflicto son distintas, es decir, la normativa para el trámite y resolución de los asuntos en materia laboral o administrativa en sede común es distinta a la que debe aplicar este juzgado federal. Sirve sustento a lo anterior la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXIX, Primera Parte, página 9, perteneciente a la Sexta Época, con registro digital 257883, con rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, FORMAS DE. Por competencia ha de entenderse, en términos generales, la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer y decidir sobre determinadas materias. Cabe distinguir, desde luego, entre competencia constitucional y competencia jurisdiccional. Por la primera se entiende la capacidad que, de acuerdo con su ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros fueros judiciales, sobre cuestiones litigiosas de determinada índole (común, federal, laboral, civil, militar, etcétera). Con la segunda, en cambio, se alude a la capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir, con exclusión de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial (tribunales comunes, Juntas de Conciliación y Arbitraje, tribunales militares, tribunales federales, etcétera), sobre un determinado asunto. Ahora bien, la competencia constitucional deriva o se genera automáticamente de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por tanto, la competencia constitucional es originaria para los tribunales de los distintos fueros y sólo pueden suscitarse conflictos respecto de ella cuando el titular de una acción pretenda ejercitarla ante un tribunal de fuero distinto del que corresponde a la naturaleza de las prestaciones que reclame y de los preceptos legales que invoque como fundatorios de su demanda o querella, o a la condición jurídica (federal o común) de las partes en litigio. La competencia jurisdiccional, en cambio, nace o se genera de las disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales de las reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante éstos, y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio planteado. Consecuentemente, es respecto de este tipo de competencia que normalmente deben de plantearse las llamadas cuestiones o conflictos competenciales, o sea aquellas controversias que se susciten entre dos autoridades jurisdicentes para conocer o para no conocer de un determinado asunto litigioso. Generalmente, pues, tales cuestiones competenciales surgen entre órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo fuero o cuerpo judicial y, casi siempre, está en juego en ellas la razón de lugar o territorio, dentro de cuya jurisdicción consideran los tribunales competidores que radica o debe radicar el asunto litigioso a debate. Esta última conclusión se deduce fácilmente tan sólo de la consulta de las disposiciones que, sobre "Competencia" y "Sustanciación de las competencias", contienen los diversos códigos u ordenamientos procesales de los distintos fueros (códigos comunes de procedimientos, códigos federales de procedimientos, Ley Federal del Trabajo, Código de Justicia Militar, etcétera). Ahora bien, debe decidirse que se está claramente ante un conflicto competencial de carácter constitucional, si está a discusión el fuero, laboral o civil, a que debe corresponder el conocimiento y decisión sobre la acción ejercitada por el actor ante una Junta Municipal Permanente de Conciliación y que ha sido objetada mediante una competencia por inhibitoria promovida por la demandada, ante un Juez de lo Civil. Para resolver dicha cuestión competencial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no debe entrar en el estudio de la naturaleza real de la relación jurídica existente entre el actor y la demandada, ya que esta es una cuestión de fondo de que corresponde conocer y juzgar, previos los trámites de ley, a la autoridad jurisdicente ante la cual el actor ha planteado su demanda y que, es la mencionada Junta de Conciliación, puesto que la naturaleza de las prestaciones que en ella se reclaman (indemnización por despido injustificado) y los preceptos jurídicos que se invocan en su apoyo (Ley Federal del Trabajo), surten la competencia constitucional en favor de dicha Junta. El hecho de que la empresa demandada niegue indirectamente al plantear la inhibitoria la existencia de la relación laboral entre ella y el actor, sosteniendo en cambio su naturaleza mercantil, es materia de defensa o de excepción que la mencionada empresa debe hacer valer en el procedimiento laboral en que ha sido emplazada, y en el cual, si logra demostrar los elementos de su negativa, obtendrá laudo absolutorio, pero tal negativa no puede dar base, por la simple vía de la inhibitoria, para cambiar el fuero laboral del negocio que ha quedado fijado, como se indica, por los términos mismos de la demanda propuesta." En esas condiciones, previa formación del cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena devolver el expediente de que se trata a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para que en su caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "(a) NO SE ACEPTA COMPETENCIA PLANTEADA, SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS DE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA", para los efectos legales conducentes. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de origen, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades restringidas En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos a las personas designadas, en razón de que no acreditaron tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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