Tomas Zurita Garcia
Expediente 809/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Tomas Zurita Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese el comunicado del Juez responsable, mediante el cual informa lo actuado en vías de cumplimiento al fallo protector y remite las constancias que indica. Asimismo, solicita se le tenga por cumplida la ejecutoria de amparo en razón de que las partes no han realizado las gestiones necesarias para el desahogo de la prueba consistente en un estudio socioeconómico, aunado a que el A quo ha enviado diversos exhortos para su diligenciación. Ahora, a fin de proveer lo conducente, es necesario referir que, mediante sentencia definitiva dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés, se concedió la protección de la justicia federal para el siguiente efecto: "En tales condiciones, es evidente que se ha configurado una dilación excesiva del procedimiento natural, misma que se traduce en una auténtica dilación abierta en el juicio, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez responsable: Observe las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y realice las acciones necesarias y efectivas, de oficio, para que se desahogue el caudal probatorio en el proceso natural. En el entendido de que el cumplimiento de esta sentencia podrá calificarse hasta en tanto el juez responsable recabe todas las pruebas ordenadas en el proceso; diligencie los comunicados y exhortos respectivos para ello; y hecho esto, de oficio, cite a las partes para dictar sentencia." En efecto, de la transcripción que antecede se advierte que este juzgado de distrito determinó que el cumplimiento de la sentencia de amparo podría calificarse hasta en tanto se recaben todas las pruebas y se cite a las partes para sentencia. Por tanto, no ha lugar a tener por cumplida la ejecutoria de amparo, debido a que a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente es necesario la observancia de la resolución definitiva en sus términos, esto es, que el juez de origen lleve a cabo el desahogo de las pruebas -sin incurrir en dilaciones excesivas-, realizando las actuaciones que se requieran, de forma oficiosa, y cite para sentencia. En razón de lo anterior, se le requiere para que continúe comunicando semanalmente las gestiones que efectúe para acatar la ejecutoria, subsistiendo el apercibimiento con que se le conminó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo para recurrir en revisión la sentencia dictada que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causó ejecutoria. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente auto informen sobre el cumplimiento que den a la resolución de referencia, remitiendo copia certificada de las constancias respectivas con las que lo acrediten, en las que se advierta el nombre y firma de los servidores públicos que intervinieron en su emisión, así como el sello de publicación debidamente requisitado. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Amén que de no acatar lo señalado, se procederá en términos del artículo 192 párrafo segundo del ordenamiento legal citado. Por otro lado, tomando en consideración que la Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE LA TERCERA INTERESADA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO, EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 809/2023, promovido por ...; contra actos del Juez Vigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra una dilación en un procedimiento de naturaleza familiar en el que el quejoso es parte, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. La dilación de concluir el periodo probatorio que se ordenó abrir en la controversia del orden familiar ..., del índice del Juzgado Vigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México, y como consecuencia el que no se dicte sentencia en el proceso natural. TERCERO. Existencia. El Juez responsable negó los actos reclamados; sin embargo, ello se encuentra desvirtuado atendiendo a sus propias manifestaciones en las que indica que se ha retrasado el proceso por encontrarse en desahogo de pruebas, lo cual no es una causa imputable a él. Cobra aplicación la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, ... por propio derecho y en representación de su menor hija inició controversia de orden familiar contra ... II. Proceso que se admitió el ocho de noviembre de ese año, donde se indicó que solo se fijaría alimentos por lo que respecta a la hija de las partes, por no haberse acreditado el carácter de concubina de la promovente, asimismo ordenó el emplazamiento del deudor y fijó como pensión alimenticia provisional el equivalente al quince por ciento mensual de su sueldo, y demás percepciones ordinarias y extraordinarias. De igual forma indicó que se reservaba el señalamiento para la celebración de la audiencia de ley hasta en tanto obrara la contestación de la parte demandada. III. Después de diversas cuestiones y requerimientos en el proceso el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el a quo ordenó requerir nuevamente al accionante de amparo para que proporcionara su domicilio actual a fin de que se efectuara un estudio socioeconómico. La dilación en este proceso constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a. La autoridad debe administrar justicia y acatar lo dispuesto en el precepto 17 citado, así como emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, pues el derecho fundamental de impartición de justicia tiene como fin que las autoridades resuelvan sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento; máxime cuando están involucrados los alimentos de una niña. a.1. Desde el dos mil dieciocho se abrió el juicio a prueba, por lo que han transcurrido más de cinco años para concluir con el desahogo de las pruebas, entre ellas el estudio socioeconómico que se ordenó, así como recabar constancias de diverso Juzgado. Los conceptos de violación expresados son fundados, por los motivos que se expondrán a continuación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto referido, se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva; estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio de controversia del orden familiar. Así, conviene indicar que una de las características esenciales del juicio familiar es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas; en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo; lo que, aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expeditez en la tramitación y la resolución de los juicios. Conforme a lo anterior y el precepto constitucional en análisis, en función del procedimiento de origen, puede decirse que los Juzgados faltarán a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramiten ni resuelvan los juicios en los plazos y términos precisados en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. En ese sentido, la consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. La violación en referencia se manifiesta a través de dos vertientes: a) La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, b) La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. Por tanto, basta que la omisión o el retardo de la autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivo, para actualizar la violación del derecho a la impartición de justicia pronta; lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado: que se emita la sentencia, a través del cual, los derechos de las partes encuentren definición. De modo que, aun cuando el retraso o la omisión se concreten respecto de actos o etapas previas y específicas, ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque desde una perspectiva integral, es inminente que una vez salido de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce que continúe el incumplimiento de la garantía en cuestión, que sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de igual manera. La administración de justicia pronta, en el caso que se analiza, está reconocida en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, cuyo precepto 1022 estatuye: "Artículo 1022. El Juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga, bajo este principio y atendiendo a la naturaleza del juicio, el Juez, podrá subsanar sus resoluciones, con el objeto de mantener la debida substanciación del procedimiento, guardar el equilibrio procesal. Para hacer cumplir sus determinaciones, el Juez, podrá emplear cualquiera de los medios de apremio a que se refiere el artículo 73 de este Código." Por su parte el artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en esta Ciudad establece: "Artículo 83.- Los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, salvo los casos previstos por la ley." Bajo este panorama, del artículo 17 constitucional, en vinculación estrecha con el citado dispositivo secundario reproducido, se obtiene que el Juez deberá administrar e impartir justicia expedita, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, además conforme al segundo precepto los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, salvo casos que prevea la ley. Así, en términos de ese dispositivo, el Juez tiene la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, que de forma oportuna dicte los acuerdos y realice la diligencia que se ordena dentro de los parámetros legales y lo haga del conocimiento de las partes, pues sólo de esa manera podrá cumplir con la garantía a que alude el artículo 17 Constitucional y los principios que establece el artículo 1022 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. En el caso, de las constancias que se allegaron al presente sumario constitucional, se advierte que la autoridad responsable incurre en violación al derecho a la impartición de justicia de manera pronta y expedita, en contra de la parte quejosa. Se sostiene lo anterior, en razón de que, en diversas etapas el proceso se ha quedado sin impulso, como se demostrará a continuación: I. El veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, .. por propio derecho y en representación de su menor hija inició controversia de orden familiar contra ... . II. Proceso que se admitió el ocho de noviembre de ese año, donde se indicó que solo se fijaría alimentos por lo que respecta a la hija de las partes, por no haberse acreditado el carácter de concubina de la promovente, asimismo ordenó el emplazamiento del deudor y fijó como pensión alimenticia provisional el equivalente al quince por ciento mensual de su sueldo, y demás percepciones ordinarias y extraordinarias. De igual forma indicó que se reservaba el señalamiento para la celebración de la audiencia de ley hasta en tanto obrara la contestación de la parte demandada. III. El doce de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso dio contestación a la demanda instaurada en su contra; lo cual se acordó favorable el quince de ese mes y año, donde además se señaló como fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley las diez horas del veintitrés de abril de esa anualidad. IV. En audiencia de ley se tuvieron por recibidas diversas probanzas, entre ellas la confesional a cargo de la actora, asimismo se aprobó el convenio al que llegaron las partes respecto de la infanta únicamente por lo que hace a su guarda y custodia, y se señaló nuevamente fecha para su continuación, a saber las doce horas de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. V. En la data indicada, se procedió a recabar el deposado de los atestes ofrecidos por las partes, asimismo respecto de una diversa testigo se ordenó girar exhorto para recabar el testimonio, por lo que se ordenó diferir nuevamente la audiencia para el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. VI. En la fecha aludida, se recibieron diversas pruebas y se requirió de nueva cuenta a la ateste vía exhorto para que compareciera, por lo que se fijaron las diez horas del seis de noviembre de esa anualidad para que tuviera verificativo la audiencia. VII. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó recabar sendas probanzas y se dio vista al quejoso para que se pronunciara sobre los estudios en trabajo social ofrecidos por su contraria. VIII. El nueve de enero de dos mil diecinueve, se ordenó girar exhorto al Juez competente y con jurisdicción en Nezahualcóyotl, Estado de México, a fin de que requiriera copias de todo lo actuado en el juicio ..., del índice del Juzgado Primero Familiar de esta entidad y estado. IX. En catorce de octubre de esa anualidad, se ordenó nuevamente dar vista al quejoso para que se pronunciara sobre el estudio en trabajo social que solicitó. X. El ocho de noviembre posterior, ante el desahogo de la vista otorgada, se ordenó requerir a las partes para que proporcionaran domicilios completos y exactos, números telefónicos y copias de sus identificaciones. XI. Desahogado que fue el requerimiento por las partes, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la prueba en trabajo social, por lo que se ordenó girar exhorto para que se practicara el relativo al demandado, en razón de que proporcionó un domicilio en el estado de Puebla; comunicación oficial que se puso a su disposición de la interesada el diecisiete de marzo de dos mil veinte. XII. El cuatro de agosto de dos mil veinte, se fijó como fecha para la continuación de la audiencia de ley, las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinte. XIII. Llegada la fecha, ordenó girar oficio al Juez Trigésimo Primero Familiar de esta Ciudad para que informara el estado procesal del juicio ..., de su índice. XIV. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido sin dilig enciar el exhorto ordenado para la práctica del estudio socioeconómico al demandado, por no estar ajustado a derecho. XV. El veintitrés de noviembre de esa anualidad, se ordenó girar nuevamente exhorto al Juez competente y con jurisdicción en Nezahualcóyotl, Estado de México, en los términos del auto de nueve de enero de dos mil diecinueve. XVI. En primero de julio de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, ordenó girar nuevamente exhorto al Juez competente y con jurisdicción en Nezahualcóyotl, Estado de México, a fin de que requiriera copias de todo lo actuado en el juicio ..., del índice del Juzgado Primero Familiar de esta entidad y estado. XVII. El trece de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista al accionante de amparo con la petición de su contraparte de ordenar nuevamente el exhorto al juez del Estado de Puebla. XVIII. El diez de septiembre de dos mil veintiuno y dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó girar exhorto al juez con jurisdicción en el Estado de México; el cual se regresó el nueve de marzo mil veintidós, por estar mal dirigido. XIX. El cinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó librar nuevamente la comunicación oficial al juez con jurisdicción en el Estado de México. XX. El veinticuatro de junio posterior, se ordenó librar nuevamente la comunicación oficial al juez con jurisdicción en el Estado de México, asimismo requirió al quejoso para que exhibiera el comprobante de pago ante el órgano exhortado para que fueran expedidas las copias que se peticionaron. XXI. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, el accionante de amparo solicitó se girara oficio a su fuente de trabajó para que se realizara el descuento del 12% por pensión alimenticia conforme la resolución emitida en el incidente de inconformidad con la pensión alimenticia provisional; a lo que le recayó el auto de primero de julio de ese año, donde se le precisó que debía de dirigir su promoción al cuaderno respectivo. XXII. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio a la fuente de trabajo del quejoso a fin de que se le realizara el descuento correspondiente. XXIII. El dieciocho de agosto siguiente, se le tuvo a la tercera interesada informando la cuenta a donde se debía de depositar la pensión alimenticia. XXIV. El nueve de septiembre posterior, se ordenó girar exhorto al juez del Estado de Puebla a fin de que ordenara practicar el estudio socioeconómico al demandado. XXV. El quejoso solicitó se cerrara la etapa probatoria y se abriera la de alegatos; a lo que le recayó el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, donde se le indicó que no era procedente su petición, porque aún no obraba el resultado de la prueba pericial en trabajo social. XXVI. El treinta de enero de esta anualidad, se ordenó girar oficio al juez Trigésimo Primero Familiar de esta Ciudad para que informara sobre la existencia de un convenio sobre los alimentos en el expediente 1643/2015. XXVII. El cuatro de agosto pasado, se ordenó requerir al accionante de amparo para que proporcionara su domicilio actual a fin de que se efectuara el estudio socioeconómico ordenado. Como se adelantó, de lo anterior, se observa que la autoridad responsable incurre en violación al derecho a la impartición de justicia de manera pronta y expedita, puesto que el a quo no ha llevado una continuidad en el proceso natural de momento a momento, en razón de que desde el año dos mil dieciocho se admitió la prueba en trabajo social y en dos mil diecinueve, se ordenó girar oficio y exhorto para recabar diversas documentales, sin que de las constancias del juicio de origen se advierta el desahogo de esas probanzas, como se verá a continuación: Respecto a la prueba de trabajo social. Desde el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable abrió el juicio a prueba, para la preparación y desahogo de las mismas, se fijó la audiencia de ley correspondiente; después de varios diferimientos, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, el a quo ordenó recabar diversas probanzas, en las que se encontraba la de trabajo social, con la que se dio vista a las partes. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, esto es, once meses después, se ordenó nuevamente dar vista al quejoso para que se pronunciara al respecto; el ocho de noviembre de ese año, desahogada que fue la vista, se pidió a las partes proporcionaran domicilios completos exactos, números telefónicos y copias de sus identificaciones. Desahogado que fue el requerimiento, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la prueba en trabajo social, por lo que se ordenó girar exhorto a Puebla para que se practicara el relativo al demandado, por lo que se puso a disposición de su contraria, mismo que se regresó el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por no estar ajustado a derecho. El trece de julio de dos mil veintiuno, diez meses después de que se recibió la comunicación en comento, se ordenó dar vista al quejoso con la petición de su contraria para que se girara nuevamente el exhorto. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, más de un año posterior de la vista otorgada, se ordenó girar nuevamente la comunicación oficial a Puebla para que se practicara el estudio de trabajo social. Sin que se diligenciara el exhorto en comento y ante la manifestación de la actora de que el demandado tiene una nueva residencia en el estado de Veracruz, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, casi once meses después, el juez responsable ordenó requerir nuevamente al quejoso proporcionara su domicilio actual para la práctica del estudio en comento. 2. Con relación a las constancias solicitadas al Juez Trigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad que conoce del proceso ordenó girar oficio a su homólogo Trigésimo Primero Familiar de esta entidad, para que informara el estado procesal del juicio ... . El primero de octubre de dos mil veinte, más de un año después, se requirió al demandado para que realizara el pago de las constancias peticionadas para que fueran remitidas, lo cual tenía que acreditar en el proceso natural. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, la parte actora solicitó girar nuevamente oficio al juez en comento para que únicamente informara como quedó pactada la pensión alimenticia a favor de ..., en el convenio de seis de enero de dos mil dieciséis; comunicación que se recibió por el órgano jurisdiccional requerido el dieciocho de abril de dos mil veintidós. El treinta de enero de esta anualidad, se ordenó nuevamente girar el oficio respectivo. 3. Por lo que hace a las documentales peticionadas al Juez Primero Familiar de Nezahualcóyotl, Estado de México. El nueve de enero de dos mil diecinueve, se ordenó girar exhorto al Juez competente y con jurisdicción en Nezahualcóyotl, Estado de México, a fin de que requiriera copias de todo lo actuado en el juicio ..., del índice del Juzgado Primero Familiar de esta entidad y estado. El veintitrés de noviembre siguiente, más de diez meses después; el primero de julio de dos mil veintiuno, siete meses posteriores; el diez de septiembre de dos mil veintiuno, dos meses después; el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, cinco meses siguientes; el cinco de abril de dos mil veintidós, un mes después; y el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se ordenó girar nuevamente la comunicación en comento, sin que se advierta su diligenciación en el proceso. Bajo este panorama, como lo indica el accionante de amparo, se advierte una violación al artículo 17 Constitucional, pues la autoridad ha dejado de actuar, por meses y en ocasiones por años, para darle un verdadero impulso al desahogo de pruebas que se ordenaron recabar, por lo que se ha aplazado y dilatado el proceso para continuar con el dictado de la sentencia que resuelva la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." Ello, porque en términos del dispositivo constitucional citado, el Juez tiene la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, que de forma oportuna dicte los acuerdos y realice las diligencias que ordena dentro de los parámetros legales, pues sólo de esa manera podrá cumplir con la garantía constitucional en comento y los principios que establece el numeral 1022 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Sin embargo, en el proceso natural se advierte una actitud pasiva por parte del a quo frente a los requerimientos que ha realizado para el desahogo del caudal probatorio, en razón de que una vez que las hace, no se observan actuaciones para diligenciar los comunicados o exhortos, o bien que dicte los acuerdos y lleve acabo las diligencias necesarias para su desahogo, no obstante que en los asuntos que afecten a la familia está facultado para intervenir de oficio, como lo es en el caso de la controversia de origen. Para abonar a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el juez responsable está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, decretando las medidas que tiendan a preservarla y proteger a sus miembros, así como a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. Por su parte el numeral 942 del citado ordenamiento, señala que no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de las diferencias que surjan entre cónyuges en todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. Ahora bien, en su informe justificado el juez responsable refiere que la omisión de dictar sentencia y cerrar el periodo probatorio es por encontrarse el proceso en el desahogo de pruebas por lo que no es una causa imputable a él. Sin embargo, las constancias del proceso demuestran que ha habido diversos lapsos de tiempo (meses o años) donde el desahogo de pruebas no se ha realizado en los términos establecidos en la ley, pues emite resoluciones sin ordenar, de oficio, mandar los comunicados o entregar los exhortos correspondientes, dejándolos a disposición de las partes, cuando los artículos 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, refiere lo contrario, esto es, que la autoridad está facultada para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, como en el caso es el proceso de origen, en donde se intenta definir lo relativo a los alimentos de la hija de las partes, así como a suplir la deficiencia en sus planteamientos de derecho, aunado a que no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar. Por lo que, se considera que se ha vulnerado en perjuicio del peticionario del amparo el artículo 17 Constitucional, puesto que, como se vio en líneas que anteceden, de conformidad con lo dispuesto en el Código Adjetivo Civil para esta Ciudad, los jueces de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, lo que no ha realizado el juez responsable en el proceso natural en razón de que se ha mantenido en una actitud pasiva frente a los requerimientos que ha realizado para el desahogo de las pruebas. Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la tesis I.4o.C.322 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro 162789, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2349, que a la letra dice: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado". En tales condiciones, es evidente que se ha configurado una dilación excesiva del procedimiento natural, misma que se traduce en una auténtica dilación abierta en el juicio, por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez responsable: Observe las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y realice las acciones necesarias y efectivas, de oficio, para que se desahogue el caudal probatorio en el proceso natural. En el entendido de que el cumplimiento de esta sentencia podrá calificarse hasta en tanto el juez responsable recabe todas las pruebas ordenadas en el proceso; diligencie los comunicados y exhortos respectivos para ello; y hecho esto, de oficio, cite a las partes para dictar sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ...; contra actos del Juez Vigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
Por recibido el oficio proveniente de la Décima Sala Civil de la Ciudad de México, en atención a su contenido, infórmesele que por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió la ejecutoria del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de nueve de octubre del mismo año, que desechó la demanda de amparo, por lo que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.
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