Tomás Solís Cortez

Expediente 438/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
438/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Tomás Solís Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    1. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva en el presente incidente, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 5. Devolución de constancias. Hágase devolución del disco en versión digital que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal Especializado en Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, acompañó en apoyo a su informe previo, solicitando el acuse de recibo respectivo.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal convenga sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Materia de Ejecución del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede el análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia consistió en: El auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Materia de Ejecución del Distrito Judicial de Río Grande, dentro de la causa penal 111/2020, expedientillo auxiliar de ejecución 10/2021, en el que se impone al quejoso una multa de 100 unidades de medida y actualización diaria vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos). La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Única. La justicia de la unión ampara y protege a Tomás Solís Cortez, contra el acto que reclamó al Juez de Primera Instancia en Materia Penal Especializado en Ejecución del Sistema Acusatorio y Oral de esta ciudad, consistente en la multa emitida en su contra el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, para los efectos siguientes: i) Deje insubsistente la determinación de veintiuno de abril del año en curso, dictada dentro de la causa penal 111/2020, expedientillo auxiliar de ejecución 10/2021, por lo que hace a la medida de apremio consistente en multa, reclamada en este juicio de amparo por la parte quejosa; y, ii) De estimarse necesario, con plenitud de jurisdicción y cubriendo los requisitos legales de fundamentación y motivación, dicte otro acuerdo para hacer cumplir sus determinaciones, desde luego, purgando los vicios formales señalados en esta sentencia. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Materia de Ejecución del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, remitió el oficio relacionado con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Con ello, mediante proveído de once de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiera señalado nada al respecto. 3.1 Primer efecto. Del oficio remitido, se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el siete de octubre de dos mil veintiuno, la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Materia de Ejecución del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la medida de apremio consistente en la multa de cien unidades de medida y actualización diaria vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, impuesta al aquí quejoso dentro de la causa penal 111/2020, expedientillo auxiliar de ejecución 10/2021. 3.2 Segundo efecto. Respecto del segundo efecto de la concesión de amparo, dicha autoridad responsable manifestó que no existe necesidad de resolver o imponer diversa medida de apremio alguna, por los motivos ahí expuestos. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y del oficio remitido por la citada autoridad responsable, se concluye que la misma atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 181 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original.

  3. Principal

    1. Promoción. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral Especializada en materia de Ejecución del Distrito Judicial de Rio Grande, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. 2. Vista a las partes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dése vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga.

  4. Principal

    1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Requerimiento de cumplimiento. Requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal Especializado en Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguiente a la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la concesión del Amparo otorgada en la ejecutoria de referencia e informe a este Juzgado de Distrito de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. 1.2 Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el diverso 258 de la propia ley; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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