Tomas Santiago Cruz Medina
Expediente 874/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Tomas Santiago Cruz Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la segunda de las certificaciones secretariales que anteceden, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196 párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cuatro de abril de la anualidad que transcurre recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en representación de dicha Junta, informó el cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a las partes para que realizaran manifestación en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que procede pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). [.....]" En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ****, para los efectos siguientes: "En el término de cuarenta y ocho horas siguientes a que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del escrito presentado por la parte actora [aquí quejoso] el veintisiete de noviembre de dos mil quince, en el juicio DI-218/2014 de su índice. De inmediato distribuya entre cada uno de los miembros de la Junta el proyecto de laudo elaborado, otorgándoles un término de cinco días en el cual, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; 2.1 En caso de que se hubiera solicitado la práctica de diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días; 2.2 Transcurrido el término de cinco días concedido a los integrantes de la Junta o, el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el Presidente de la Junta citará a una audiencia para la discusión y votación del proyecto de laudo, la cual se deberá realizar dentro de los diez días siguientes, en la que se fallará el asunto." Por oficio de STyPS/SSTZS/JLCA/170/2016 de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis (foja 44), la Junta responsable remitió constancias certificadas que acreditaban haber cumplido con el primer efecto del fallo protector, esto es, el auto de veintidós de febrero de mismo año, reservándose esta autoridad hasta que causara ejecutoria dicho fallo. En proveído de siete de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió el cumplimiento total del fallo a la autoridad responsable. Por lo que por oficio STyPS/SSTZS/JLCA/272/2016 de catorce de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable remitió copia autorizada de la resolución en forma de laudo de once de marzo del año actual. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable, respecto del efecto I, se desprende lo siguiente: El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en representación de dicha Junta, se pronunció respecto del escrito presentado por el quejoso el veintisiete de noviembre de dos mil quince, en los términos siguientes: "CUENTA: En fecha Veintidós de Febrero de Dos Mil Dieciséis, se rinde cuenta al Pleno de esta Junta Local, con la promoción presentada ante la Oficialía de Partes en fecha Veintisiete de Noviembre del año Dos Mil Quince a las Doce horas con Veintiséis minutos y anexo consistente en copias simples del acuerdo de fecha Diez de Agosto del Dos Mil Quince emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo dentro del expediente a su índice con número DIT-129/2014.- Conste.- El Secretario.- Chetumal, Quintana Roo a Veintidós de Febrero de Dos Mil Dieciséis. AUTO: VISTAS las documentales de cuenta y en relación a su contenido.- EL PLENO DE LA JUNTA LOCAL SE PRONUNCIA Y ACUERDA: En atención a lo plasmado al cuerpo de las documentales de cuenta por FERNANDO ISRAEL OLAIS QUIÑONES cuya calidad de apoderado legal de la pare actora se encuentra reconocida en autos es de decirse que:-- 1).- se desconoce si TOMÁS SANTIAGO CRUZ MEDINA interpuso demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo ya que como se advierte de autos dicho ciudadano presento por conducto de PEDRO PECH demanda ante esta Autoridad en fecha Cuatro de Agosto del año Dos mil Catorce sin que dicho escrito fuera remitido por alguna autoridad diversa.- 2).- que no es posible acordar la acumulación de procesos que solicita ya que en primera instancia, una de las demandas que señala fue radicada con el número DIT-128/2014 ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo como refiere en el escrito de cuenta, sin embargo exhibe una copia simple de un acuerdo dictado el Diez de Agosto de Dos Mil Quince pronunciado dentro del expediente DIT-129/214 por el referido Tribunal existiendo discrepancia en lo que refiere al cuerpo de la documental de cuenta y lo que se advierte de la copia simple del acuerdo en mención, puesto que el promovente indica que TOMAS SANTIAGO CRUZ MEDINA interpuso demanda ante un Tribunal y que la asignó como número de expediente DIT-128/2014 pero la documental que exhibe en copia simple relativo a un acuerdo, hace referencia al expediente DIT-129/2014.- 3).- Que la acumulación que solicita deviene improcedente ya que su solicitud no se ajusta a ninguno de los extremos que precisa el numeral 766 de la Ley Federal del Trabajo en vigor ya que ante esta autoridad no existe en los libros de registro otra demanda instaurada por TOMAS SANTIAGO CRUZ MEDINA con excepción de la indicada al rubro. [.] En fecha Veintidós de Febrero de Dos Mil Dieciséis se efectuó la publicación de la actuación que antecede vía lista de acuerdos fijada en los tableros de esta Autoridad. Conste.- El secretario.-". De igual forma, respecto a los diversos efectos, se advierte que el diecisiete de marzo del año actual, en los autos del expediente laboral DI-218/2014, la autoridad responsable distribuyo entre cada uno de los miembros de la Junta copia del proyecto de laudo elaborado, otorgándose un término de cinco días a cualquiera de los miembros de la Junta para hacer uso de los derechos que otorga el numeral 886 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, sin hacer observación alguna por los integrantes de la Junta responsable en dicho proyecto, no se solicitó la práctica de alguna diligencia, por lo que se convocó a la audiencia de discusión y votación para las diez horas del día once de marzo del mismo año, lo que resultó elevar el proyecto a la categoría de laudo, en los términos siguientes: "PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE la ACCIÓN de PAGO de ANTIGÜEDAD interpuesta por el ciudadano TOMAS SANTIAGO CRUZ MEDINA en contra del SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO, dado los argumentos expuestos en la presente resolución.-------------------------------------- SEGUNDO: Se ABSUELVE al demandado SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO, a pagar a favor del ciudadano TOMAS SANTIAGO CRUZ MEDINA la prestación citada en el CONSIDERANDO VII de esta resolución.---------------- TERCERO: Se comisiona al Ciudadano Actuario Adscrito a este Honorable Junta Laboral, para que notifique personalmente la presente resolución a las partes en sus domicilios establecidos en autos o por conducto de sus apoderados legales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE [.] En la fecha 14 DE MARZO DE 2016 se publicó el Laudo que nos ocupa por Lista de Estrados de esta Junta Laboral. El secretario General "A" de Asunto (sic) Individuales. Conste. Doy Fe.-.". En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo al satisfacer sus efectos y, con ello, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental contemplado en artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Luego, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dese vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la primera certificación secretarial de cuenta, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del suscrito Juez Aarón Alberto Pereira Lizama, como titular de este órgano de control constitucional, a partir del uno de marzo del año en curso. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, Vista la certificación de cuenta, así como del estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, que concedió el amparo y protección de la Justica Federal a la parte quejosa, sin que hayan hecho valer el recurso en comento; se declara que la resolución dictada en este asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente den cumplimiento a la sentencia; apercibidos con multa en caso de no acatar lo anterior y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y su consignación.
- Principal
Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, mediante el cual remite la copia certificada del auto de veintidós de febrero de dos mil dieciséis que recayó al escrito presentado por el aquí quejoso el veintisiete de noviembre de dos mil quince dentro del juicio laboral DI-218/2014 de su índice. De lo anterior, esta autoridad federal se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada el diecisiete de febrero del año actual.
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