Tomás Sánchez Hernández
Expediente 1055/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Tomás Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia..., se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo...; para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal..., se determina que el presente asunto no es de relevancia documental..., en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción.. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el (SISE); así como en la carátula del mismo...., con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por Tomás Sánchez Hernández, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado Estatal en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1055/2020-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." II. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior, dado que el acto que reclama el quejoso al Delegado Estatal en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien para los efectos del juicio de amparo en que se actúa, no tiene el carácter de autoridad responsable. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", y para ello, se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tales consideraciones encuentran sustento en la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 39, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2001, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Precisado lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo, la omisión a dar respuesta a la petición que presentó el seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó en su calidad de derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social "la cancelación de los descuentos al pago de mi pensión con número de seguridad social 3775904017, que mensualmente me realiza ese Instituto, por la cantidad de $2,218.84 pesos para entregárselos a la financiera Opcipres, S.A. de C.V., SFOME, ER." Pues bien, atendiendo a la naturaleza y contenido de los actos reclamados, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso concreto, actúa como ente asegurador frente al quejoso, en relación con prestaciones de seguridad social que establece la Ley del Seguro Social; de ahí que en ese sentido no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que si bien es verdad que dicho ente puede determinar sobre la procedencia de realizar o no los descuentos a la pensión otorgada al aquí quejoso, también lo es que no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades. Ello es así, por una parte, porque la relación entre el quejoso y el instituto es de igualdad, es decir, se encuentran en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, pues al resolver sobre ese tópico o petición sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social (vigente a partir de su última publicación en el Diario Oficial de la Federación, dos de abril de dos mil catorce), establece que las controversias que se susciten entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; juicio al que desde luego no acude como autoridad, sino como parte procesal. Por ende, la acción constitucional que se endereza en contra del instituto resulta improcedente, en atención a que, de conformidad con el invocado artículo 1°, fracción I, de la Ley de la materia, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, siendo que en el presente asunto dicho extremo no se encuentra justificado en los términos en que se encuentra planteada la demanda de derechos, lo que torna improcedente el juicio de amparo que en la vía indirecta se promueve. A saber, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Desde esa perspectiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son dos las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige, y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. Esa apreciación encuentra sustento en la tesis de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida: más cuando el aludido instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el departamento jurídico del propio instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el instituto del seguro social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y lo., fracción 1o., de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal". Como corolario a lo anterior debe decirse entonces que el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en relación a omisiones atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social por no dar contestación a solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal, debe atender al caso particular, es decir, al tipo de planteamiento o solicitud que se eleve a dicho instituto, pues conforme a lo explicado en líneas precedentes, depende del carácter con el que se solicite al instituto que actúe como deberá determinarse si la omisión de referencia puede considerase o no como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es: a) Si se eleva una solicitud al Instituto Mexicano del Seguro Social, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal, para que éste la responda en su carácter de organismo fiscal autónomo, la omisión que en su caso se reclame en el juicio de amparo sí debe ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo; b) Pero si dicha solicitud se formula para que dicho instituto la responda en su carácter de asegurador, la omisión que en su caso se reclame en el juicio de garantías no debe ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo. Ello dado que en el primer supuesto actúa revestido de imperio frente al particular, más en la última hipótesis, la relación entre el instituto y el asegurado, se da en un plano de igualdad, puesto que el primero sustituye en sus obligaciones al patrón, por lo que no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, se reitera que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal considera que el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en relación a omisiones atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social por no dar contestación a solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal, debe atender al caso particular, es decir, al tipo de planteamiento o solicitud que se eleve a dicho instituto, pues conforme a lo explicado en líneas precedentes, depende del carácter con el que se le solicite que actúe, como deberá determinarse si la omisión de referencia puede considerarse o no como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, resulta válido llegar a la conclusión de que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite responder una solicitud que se le formula con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Federal, cuando actúa en su carácter de organismo fiscal autónomo, pues con dicha omisión se lesionan los derechos fundamentales del particular solicitante, específicamente el previsto en el artículo constitucional suprarreferido. Sin embargo, en contra de la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador no procede el juicio biinstancial, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que el referido instituto actúa en sustitución del patrón por lo que no está investido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene aplicación el criterio 211/2009 sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación con registro 165782, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 303, Novena Época, que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, rige con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, que a la letra dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.- El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Tomás Sánchez González, contra actos del Delegado Estatal en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia vigente y por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, toda vez que se encontró registro de sus cédulas en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene a la parte quejosa designado el medio en línea para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como para su consulta, a través de los usuarios "menesesmaricruz" y "joviana.esparza", lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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