Tomas Saldivar Camargo

Expediente 44/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
44/2015
Año
2015
Actuaciones
19
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Tomas Saldivar Camargo
  • Juez Ejecutora de Sentencias para el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintinueve de mayo de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión (fojas 39 a 53) 2. Posteriormente, en acuerdo de once de noviembre de dos mil quince (fojas 62 y 63), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al análisis siguiente: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México: "1. Dejar insubsistente la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce. 2. Hecho lo anterior, emita un proveído en el cual, al apreciar la violación procesal cometida en perjuicio del quejoso, bajo los lineamientos de la presente resolución, ordene la reposición del procedimiento, así como la nulidad de lo actuado, a partir del auto de quince de diciembre de dos mil catorce que constituye el acto reclamado por esta vía constitucional; 3. Posteriormente, en el mismo acuerdo, deberá requerir al sentenciado para que dentro del término de tres días, designe defensor que lo asista durante el procedimiento de ejecución, designándole entre tanto, a un diverso defensor de oficio, con objeto de no dejarlo en estado de indefensión, en la inteligencia que si el sentenciado omite designar defensor particular, el de oficio continuará en la defensa de los derechos del sentenciado; y, ordenará realizar todas y cada una de las diligencias necesarias, hasta la total culminación del presente asunto, con la asistencia forzosa del defensor del sentenciado. 4. Luego, la autoridad responsable, deberá ordenar la tramitación del recurso de reconsideración interpuesto directamente por en el asunto de origen, por sus cauces legales, hasta el dictado de la resolución correspondiente, en la que deberá analizar el fondo de la cuestión planteada, con base en la Ley aplicable, determinando la procedencia o improcedencia del otorgamiento de todos y cada uno de los beneficios (tales como la remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y libertad condicional) previstos en la ley más favorable, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a derecho proceda; tomando todas las medidas necesarias para obtener los informes correspondientes del Consejo Técnico Interdisciplinario, así como las constancias necesarias y exigidas por la ley, para estar en aptitud de resolver sobre lo peticionado, en la inteligencia que primero deberá analizar el beneficio de remisión parcial de la pena por ser complementario de los restantes beneficios, a través de la remisión parcial de la pena [de considerarse procedente] se podrá se podrá completar la temporalidad para acceder a los beneficios preliberaciones." En ese tenor, mediante oficio 4479 presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el dieciocho de noviembre de dos mil quince, la autoridad responsable supracitada, remitió copias certificadas de las constancias que acreditan las actuaciones siguientes: - Oficio número 4479, por medio del cual dejó insubsistente el auto de quince de diciembre de dos mil catorce (foja 96). - Acuerdo de treinta de junio de dos mi quince, a través del cual requirió al quejoso para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, manifestara si era su deseo designar defensor particular y entre tanto, le asignó a la defensora pública habilitada por la Defensoría Pública del Estado de México (foja 128). - Diligencia realizada mediante cédula de notificación, practicada al sentenciado Tomás Saldivar Camargo, en la que manifestó aceptar a la defensora pública asignada (foja 130). - Hecho lo anterior, emitió el proveído de trece de noviembre de dos mil quince, en el cual al apreciar la violación procesal cometida en perjuicio del quejoso, ordenó la reposición del procedimiento, así como la nulidad de lo actuado, a partir del acuerdo de quince de diciembre de dos mil catorce, en autos del expediente de ejecución 134/2014 (fojas 73 a 75). - Posteriormente, en el mismo acuerdo, ordenó la admisión del recurso de reconsideración interpuesto y el dictado de la resolución correspondiente; asimismo, previo a la emisión de la resolución, consideró las medidas necesarias para obtener los informes correspondientes del Consejo Técnico Interdisciplinario (foja 108 y 167), así como las constancias necesarias y exigidas por la ley, como lo fue la pericial en materia de psicología practicada al aquí quejoso (fojas 136 a 139) y el escrito emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la autoridad responsable (fojas 144 y 145), así como las diversas constancias valoradas (fojas 149 a 166). - Luego, mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil quince, resolvió: "PRIMERO. AL RESULTAR INFUNDADOS LOS AGRAVIOS expuestos por el recurrente ES INOPERANTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por el interno TOMÁS SALDIVAR CAMRGO, impugnando la resolución de fecha VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, donde se negó al sentenciado el beneficio de la libertad condicional y la remisión parcial de la pena ordenándose continuar y reforzar el tratamiento readaptatorio al interno de referencia, debiendo intensificar el tratamiento de los especialistas con mayor frecuencia y mejorar los aspectos psicológicos y sociológicos que coadyuven en el mejoramiento integral del estudiado y para alcanzar dicho objetivo se ordenó que el sentenciado fuera revalorado en el mes de junio de dos mil quince, POR LO QUE: SEGUNDO. SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, donde se negó al sentenciado el beneficio de la libertad condicional y la remisión parcial de la pena ordenándose continuar y reforzar el tratamiento readaptatorio al interno de referencia, debiendo intensificar el tratamiento de los especialistas con mayor frecuencia y mejorar los aspectos psicológicos y sociológicos que coadyuven en el mejoramiento integral del estudiado y para alcanzar dicho objetivo, lo que se ordena hacer del conocimiento y efectos legales a que haya lugar. TERCERO. SE NIEGA AL SENTENCIADO TOMÁS SALDIVAR CAMRGO, EL TRATAMIENTO DE PRELIBERTAD Y EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CONDICIONADA AL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y RASTREO (BRAZALETE) POR EXISTIR RESTRICCIÓN EXPRESA EN LA LEY; ASÍ MISMO SE NIEGA AL SENTENCIADO EL BENEFICIO DE LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA ASÍ COMO LA LIBERTAD CONDICIONAL, con efecto que permanezcan las cosas en el estado que guarden en relación al interno. CUARTO. Se exhorta al sentenciado TOMÁS SALDIVAR CAMRGO para que participe en el tratamiento institucional regularmente en las áreas técnicas y asistenciales, por lo que el presente asunto será valorado en el mes de febrero de dos mil dieciséis, periodo que se considera conforme para intensificar el tratamiento por los especialistas de todas y cada una de las áreas, en especial psicología y sociológica que coadyuven en el mejoramiento integral del estudiado, para lo cual sobre todo la terapia psicológica y sociológica se aplicarán una vez por semana, debiendo los titulares de dichas áreas agregar a su opinión los documentos que acrediten el seguimiento de dicho tratamiento." Todo lo anterior, en atención a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Constancia a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Luego, en proveído de siete de marzo de dos mil dieciséis (foja 222), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las razones siguientes: El dieciocho de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México dejó sin efectos el auto de quince de diciembre de dos mil catorce, emitido por la propia autoridad en los autos del expediente de ejecución 134/2014; asimismo, por acuerdo de treinta de junio de dos mi quince, requirió al quejoso para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, manifestara si era su deseo designar defensor particular y entre tanto, le asignó a la defensora pública habilitada por la Defensoría Pública del Estado de México. Después, mediante diligencia de notificación personal practicada al sentenciado Tomás Saldivar Camargo, manifestó designar como su defensora, a la pública asignada; y, por acuerdo de trece de noviembre de dos mil quince, al apreciar la violación procesal cometida en perjuicio del quejoso, ordenó la reposición del procedimiento, así como la nulidad de lo actuado, a partir del proveído de quince de diciembre de dos mil catorce. Luego, en el mismo acuerdo, ordenó la admisión del recurso de reconsideración interpuesto y el dictado de la resolución correspondiente; asimismo, previo a la emisión de la resolución, consideró las medidas para obtener los informes correspondientes del Consejo Técnico Interdisciplinario, así como las constancias necesarias y exigidas por la ley, como lo fue la pericial en materia de psicología practicada al aquí quejoso y el escrito emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la autoridad responsable. Finalmente, emitió resolución de diecisiete de noviembre de dos mil quince, de la que se advierte analizó el fondo de la cuestión planteada, con base en la Ley aplicable, determinando la improcedencia del otorgamiento de todos y cada uno de los beneficios (tales como la remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y libertad condicional) previstos en la ley más favorable, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a derecho. Por tanto, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; en consecuencia, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, las cuales deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    A los autos el oficio de cuenta, signado por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de diversas constancias. Ténganse por hecha del conocimiento de este juzgado la información aportada para los efectos legales a que haya lugar, a lo que se provee: Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de la misiva de cuenta dese vista a *** para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho y representación convenga, en relación con el cumplimiento realizado al fallo protector. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia.

  3. Principal

    HÁGASE DEL CONOCIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO NO PUEDE SER APLAZADA O CONDICIONADA A PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS, SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, APERCIBIDA CON MULTA

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se colige que por oficio de veinte de noviembre de dos mil quince, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, había informado que a la fecha no había recibido la resolución por la que la Jueza de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México, dio cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, comuníquese a la autoridad responsable ejecutora, es decir, al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, que el objetivo de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, en aquellos casos en que, como en el presente, la naturaleza del acto lo permite, considerarlo otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el entendido que debe realizar las gestiones necesarias y de manera coercitiva para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, so pena de hacerle efectivos los apercibimientos necesarios a la demandada. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado (tres días), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia y no hacer efectivos los apercibimientos aplicables, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Ello es así, ya que por el momento no existe justificación para ampliar el plazo de tres días otorgado en esta actuación. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

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