Tomás Rodríguez Trejo
Expediente 717/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2017
Partes del expediente
- Tomás Rodríguez Trejo
Actuaciones
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Tomás Rodríguez Trejo, por su propio derecho y en representación de su menor hija Michelle Rodríguez Trejo, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....VI
- Principal
REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***** por su propio derecho y en representación de su menor hija *-*****, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro y otra autoridad, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 717/2017-VI, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, no obstante que se advierte como irregularidad en la demanda de amparo, la relativa a que el promovente no acredita su personalidad, como representante del menor, sin embargo, en aras de privilegiar el imperativo constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es administrar justicia pronta en vez de requerir a la parte promovente, para que subsane tal irregularidad, pues en caso de desahogarla satisfactoriamente, se llegaría al mismo resultado que enseguida se establece. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese contexto, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que regulan el juicio de amparo. Tales preceptos legales establecen: "Artículo 61.- . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación), e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 334092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejos causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de surte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Ahora bien, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite la titularidad de un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que reclama y su ejecución. En efecto, constituye un presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o la ley reclamada en un juicio de garantías cause perjuicio al quejoso. En el caso concreto los actos que en esta vía constitucional se reclaman no causan un agravio directo e inmediato en la esfera jurídica de la parte peticionaria de garantías, puesto que un acto reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar perjuicio a una persona ya sea física o moral mediante la lesión directa de sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es sólo hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de incoar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, pero de ninguna forma como acontece en la especie, toda vez que el promovente TOMÁS RODRÍGUEZ TREJO, aduce en los antecedentes de su demanda, las siguientes consideraciones: Que en días anteriores se presentaron a su domicilio a notificarle una orden girada por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, en que le otorga cinco días, para desocupar el bien inmueble ubicado en calle Cerro Escondido, número 143, Colonia Colinas del Cimatario, con residencia en esta ciudad. Lo anterior derivado de un juicio promovido por Moisés Alejandro Rodríguez Velázquez, respecto a la terminación del contrato de comodato en contra de los quejosos de mérito. Que el dueño del bien inmueble es Jorge Castellanos Caballero, al haberlo adquirido de María Dolores Velázquez Velázquez, en su carácter de apoderada legal de Rosa Elsa López Carrillo, quien fuera dueña del bien materia del presente juicio. Con motivo de un contrato de arrendamiento celebrado hace más de nueve años, entre el promovente con Jorge Castellanos Caballero, y el promovente del amparo, es por ello que habitan dicho inmueble, del cual se pretende la desocupación y entrega. De lo anterior se arriba a la conclusión de que, es indudable que por el momento, dicha situación solo puede afectar a Jorge Castellanos Caballero, por ser el único legitimado para promover el amparo contra la determinación señalada. Así se considera, porque el propio impetrante, refiere que el inmueble en cuestión, le fue dado en arrendamiento (sin acreditarlo) por parte de Jorge Castellanos Caballero, quien es el propietario del citado bien raíz, e inclusive, refiere que también habita en la casa, aun cuando solamente ocupa una habitación, lo que demuestra, que dicha persona detenta la posesión del mismo, lo que pone de manifiesto que, el acto reclamado, no le afecta en modo directo a la parte peticionaria de garantías, sino a persona diversa a él, de ahí entonces que, ésta sola circunstancia no actualiza el perjuicio para instar en la vía constitucional a través del amparo biinstancial del cual conoce esta potestad federal. Tiene aplicación al particular, en lo que cabe, la tesis CXIX, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 958, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ARRENDATARIO, DEFENSA DE LA POSESION DEL. Si una sucesión tiene la posesión derivada de un inmueble, en su carácter de arrendatario, el arrendador no podrá ejercitar la acción que se deriva del mismo contrato, contra un tercero usurpador de la posesión de dicho inmueble, pues el ejercicio de esta acción compete en todo caso al arrendatario, para obligar al detentador a que le entregue el inmueble. En efecto, ello en razón de que en todo caso, como ya se precisó, la pretendida desposesión del bien inmueble antes aludido, hasta este momento, le resulta perjudicial en forma directa al propietario del inmueble multirreferido, por ser quien tiene también la posesión del mismo y no al aquí quejoso, habida cuenta de que, no obstante de que aduce que el citado domicilio le fue dado en arrendamiento por Jorge Castellanos Caballero, lo cierto es que hasta este momento, no está acreditada dicha situación. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios siguientes: La jurisprudencia 26, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, página 17 del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4º de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder seguramente se le causará". Por las razones que la informan, la tesis II. 2o. 214 K, consultable en la página 259, Tomo XIV, Septiembre de 1994, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo precisada por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 en relación con el 120, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo lega...VI NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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