Tomas Ricardo Luzanilla Delgado

Expediente 17/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
17/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Tomas Ricardo Luzanilla Delgado
  • Lic. Ana Isabel Flores Plascencia, Juez de Ejecucion del Poder Judicial del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de mayo de dos mil veintiuno. Imposibilidad de notificación. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial de la adscripción para notificar personalmente al quejoso Tomás Ricardo Luzanilla Delgado, los proveídos de dieciséis y veintiséis de abril del año en curso, en razón de que le informaron que el antes nombrado fue trasladado al Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California. Se comisiona a actuaria. En consecuencia, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción con el fin de que se constituya en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California, y notifique los proveídos de dieciséis y veintiséis de abril del año en curso, al quejoso Tomás Ricardo Luzanilla Delgado, así como las subsecuentes notificaciones que de manera personal se ordene realizar a éste. Notifíquese; y personalmente al quejoso Tomás Ricardo Luzanilla Delgado.

  2. Principal

    Certificación. En Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintiuno, Tania Aguilar Herrera, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, certifica: - Que el oficio registrado con folio 4438, se recibió en el correo electrónico institucional. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. Cuenta. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación que antecede y el oficio registrado con el número 4438. Conste.Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Designa defensores públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Coordinadora del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Tomás Ricardo Luzanilla Delgado. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese; personalmente al quejoso, así como a sus defensores públicos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles que se otorgó al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Penal en esta ciudad, mediante oficio 4563/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que asignara al quejoso Tomás Ricardo Luzanilla Delgado un defensor público; sin que lo hubiere hecho. Requerimiento. En consecuencia, previo a decretar la imposición de multa, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele de nueva cuenta al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Penal, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, computado legalmente, asigne al quejoso Tomás Ricardo Luzanilla Delgado un defensor público, a efecto de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a), de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Apercibimiento. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo el expediente no está debidamente integrado para dictar sentencia, toda vez que la parte quejosa no cuenta con defensor que lo patrocine en el presente juicio de amparo, no obstante que se le requirió para tal efecto, sin que hubiese dado cumplimiento con ello dentro del plazo de tres días. Designación de defensor. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones y a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de 25/10/21 19:54:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.45.f4 TANIA AGUILAR HERRERAindefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Penal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro del plazo de tres días hábiles, computado legalmente, asigne al quejoso Tomás Ricardo Luzanilla Delgado, un defensor público a efecto de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a)1 , de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de 1 Sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495. amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Apercibimiento. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

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