Tomás Reynel Silva
Expediente 806/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tomás Reynel Silva
- Belén Berónica Reynel Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio por el cual se le devolvió el toca I-203/2020 Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 806/2020, un tomo de pruebas; asimismo, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión civil 54/2021, de la que se advierte que se confirmó la resolución recurrida en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por los quejosos ********************y ********************todos de apellidos********************, mediante el cual interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la parte tercera interesada y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 806/2020, promovido por Tomás, Belén Berónica, Pablo, Miguel y Rocío, todos de apellidos Reynel Silva, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la autoridad responsable, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, Tomás, Belén Berónica, Pablo, Miguel y Rocío, todos de apellidos Reynel Silva, en su carácter de coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de Ramiro Reynel Silva, por su propio derecho solicitaron amparo directo contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por lo que la demanda y sus anexos fue turnada al tribunal colegiado en turno. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, el veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, determinó que la resolución reclamada no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que mediante oficio 3067/2020 de la propia fecha, ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la oficialía de correspondencia común. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 806/2020 y, previo cumplimiento a la prevención formulada, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite; y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De igual forma, se estimó innecesario requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, toda vez que ya obra en las constancias que remitió el tribunal colegiado, por lo que se dio vista con el mismo a las partes; asimismo, que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se convalidó el emplazamiento realizado por la autoridad responsable al tercero interesado Fiscal del Estado de Michoacán, a quien se declaró heredero en el juicio sucesorio de origen. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, pronunciada dentro del toca número 203/2020, formado con motivo del recurso de apelación que interpusieron los quejosos contra la interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veinte, dictada dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 734/2019, radicado a bienes de Ramiro Reynel Silva. Acto que atribuyen al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en el original del toca de apelación 203/2020 y testimonio autorizado de las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario 734/2019 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador la advierte de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de realizar el estudio de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, se considera necesario destacar los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes y turno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el siete de agosto de dos mil veinte, Tomás Reynel Silva, compareció a radicar juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ramiro Reynel Silva; 2. Previo cumplimiento a la prevención formulada, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, admitió dicho juicio en auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, bajo el número 491/2009, y seguido el trámite respectivo, el nueve de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia interlocutoria para resolver la primera sección, misma que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto. SEGUNDO. Ha procedido la PRIMERA SECCIÓN del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ramiro Reynel Silva. TERCERO. Conforme a las consideraciones vertidas en este asunto, se declara al Fisco del Estado como único y universal heredero de todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y que hayan pertenecido al autor de la herencia. CUARTO. Se designa albacea definitivo al representante del Fisco del Estado, cargo que se le manda hacer saber mediante notificación personal, para que dentro del término de tres días comparezca a aceptar y protestar el cargo conferido en autos. [.]" 3. Inconformes con la anterior determinación, Tomás, Belén Berónica, Pablo, Miguel y Rocío, todos de apellidos Reynel Silva, -aquí quejosos- interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dentro del toca número 203/2020, dictó resolución en la que confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria impugnada; resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, los quejosos en sus dos conceptos de violación, argumentan esencialmente lo siguiente: Señalan que no están de acuerdo con la determinación del magistrado responsable, quien violó en su perjuicio el contenido de los artículos 484, 768, 770, 771, 791 y 801 del Código Civil del Estado, así como 343, 572, 573, 574, 575, 579, 1004, 1005 y del 1030 al 1036 del Código Procesal Civil, al concluir en la resolución reclamada que no se presentó el acta de nacimiento del autor de la herencia Ramiro Reynel Silva, porque sí la exhibieron tanto en primera como en segunda instancia y con ello demostraron el parentesco entre dicho autor de la herencia y los promoventes del amparo, por lo que debe prevalecer la justicia sobre todo cuando se ve que se trata de errores cometidos por el Registro Civil y no de fondo. Que la autoridad responsable viola sus derechos humanos contenidos en los artículos 452, 453, 484 y 470, así como en el numeral 801 del Código Civil que establece que a falta de herederos sucederá el Fisco, y en el caso que nos ocupa sí hay herederos; que por error el Juez del Registro Civil asentó en una de las actas que su progenitora se llama Felícitas, en otra asentó Felisa y en una más, Feliza, y por ello tienen que soportar los errores del citado Registro Civil; además de que señaló el magistrado responsable que no se acreditó que tengan los mismos progenitores, vulnerando sus derechos porque exhibieron sus actas de nacimiento y todos llevan los apellidos Reynel Silva, de donde se desprende que sí son hermanos. Precisado lo anterior, dichos motivos de inconformidad devienen inoperantes. Es así porque, de la simple lectura de la resolución reclamada, en su considerando tercero, se desprende que el magistrado responsable después de analizar los agravios que hicieron valer los quejosos, entre ellos los mismos aquí expuestos en sus conceptos de violación, los calificó como infundados. A continuación, expuso dicha autoridad que fue correcto que la juez del conocimiento concluyera que María del Rocío, Miguel, Belén Berónica, Tomás y Pablo, de apellidos Reynel Silva, no demostraron el parentesco de consanguinidad que dijeron tener con el auto de la herencia, debido a que fueron omisos en allegar la partida de nacimiento de éste, con la que se justificara que son parientes colaterales en primer grado de éste último; y que tampoco obra medio de convicción que justifique quiénes son o fueron los progenitores del autor de la sucesión, menos aun, que sus padres fueron Miguel Reynel Guzmán y/o Miguel Reynel G. y Felícitas Silva Villagómez y/o Felisa Silva V. y/o Feliza Silva Villagómez, ya que únicamente fueron aportadas al sumario copias certificadas de las actas de nacimiento de quienes comparecieron a deducir derechos, mas no del autor de la herencia, y que el acta de defunción de éste último no contiene los nombres de los padres de aquél, incumpliendo con la carga probatoria a que se refiere el artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles. También, destacó el magistrado responsable que si en el caso, el autor de la sucesión falleció sin haber otorgado disposición testamentaria como así lo señaló la resolutora de origen en la interlocutoria redargüida, sus bienes deberán transmitirse con la prelación y el orden que prevé el artículo 768 del Código Civil. Por lo anterior, -sostuvo el magistrado responsable- es que la determinación de la juez natural de no declarar a los apelantes herederos legítimos de la sucesión a bienes de Ramiro Reynel Silva, obedeció a que si bien, de conformidad con los artículos 484 y 770 del Código Civil para el Estado, todas las personas tienen capacidad para heredar y que los parientes próximos excluyen a los remotos, lo que significa que la sucesión legítima o intestamentaria está constituida solamente por un grupo especial de parientes consanguíneos considerados por la ley para acceder a la herencia, es imprescindible que el parentesco consanguíneo quede debidamente evidenciado para que se pueda acceder a ese tipo de sucesiones. Asimismo, determinó el tribunal de alzada que, -contrario a lo que aseguran los disidentes- las actas de nacimiento aportadas al escrito de denuncia, son insuficientes para tener por evidenciado el parentesco consanguíneo que aseguran tener con el autor de la herencia, toda vez que en términos del artículo 28 del Código Familiar del Estado, el estado civil de las personas sólo se comprueba con las actas y certificaciones del Registro Civil, esto es, dichas documentales únicamente acreditan la identidad y vínculo filial ente los registrados con sus ascendientes paterno y materna, no así el vínculo filial del autor de la herencia con sus padres, pues para ello debió aportarse al juicio la partida natal del acaecido, a efecto de estar en condiciones de determinar si los progenitores del fallecido son o eran, los mismos que los de los comparecientes, ello con independencia de si los nombres de pila de los ascendientes coinciden o no, pues esta era una condición que únicamente podía analizarse al realizar el estudio de esa partida natal. Luego, concluyó la autoridad responsable, que no puede tenerse como verídico lo señalado por los apelantes en el sentido de que la partida natal del autor de la herencia desapareció de autos, pues en relación con dicho argumento el tribunal de alzada se pronunció en el sentido de que, del sello de recibido del juzgado, visible en la foja uno del escrito de denuncia, se aprecia que éste fue recibido únicamente con once anexos, mismos que se integran por el certificado negativo de testamento, el aviso al representante del Fisco del Estado, las nueve partidas natales de los presuntos herederos y el acta de defunción del autor de la sucesión; aunado a que tampoco es factible considerar las pruebas aportadas por los apelantes con sus escrito de agravios, dado que la legislación civil no contempla la posibilidad de que se ofrezcan medios de prueba en segunda instancia, pues el recurso de apelación únicamente se sustanciará con el escrito de expresión de agravios del apelante y el de contestación del contrario. En el mismo sentido, concluyó el tribunal de alzada que los quejosos no acreditaron su entroncamiento con el autor de la sucesión y con ello, su derecho a heredar, sin que ello signifique que se les esté restringiendo o violentando algún derecho humano, pues lo anterior se debió a la carencia de elementos demostrativos que justificaran el parentesco con el autor de la herencia, por tanto, decidió confirmar en sus términos la interlocutoria de primer grado. De suerte que, en sus conceptos de violación los impetrantes del amparo no exponen razonamiento alguno tendente a exponer, cómo o de qué manera la autoridad responsable violó en su perjuicio el contenido de los artículos 452, 453, 484, 470, 768, 770, 771, 791 y 801 del Código Civil del Estado, así como los diversos 343, 572, 573, 574, 575, 579, 1004, 1005 y del 1030 al 1036 del Código Procesal Civil, o cuál es la interpretación que, en su concepto, debió darse a los numerales en comento, por lo que en esas condiciones este juzgador no puede realizar el análisis correspondiente. Más porque, tampoco combaten en modo alguno los razonamientos en los que se apoyó el magistrado responsable para declarar infundados sus agravios y dar sustento a su determinación, por lo que bien o mal, dichas consideraciones deberán seguir rigiendo la resolución reclamada. Apoya lo antes determinado, la tesis visible en la página 187 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, registro 231145 que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. LA REPETICION DE LOS AGRAVIOS NO PUEDE CONSIDERARSE COMO TALES. Si los conceptos de violación sustancialmente repiten los agravios que se hicieron valer ante el tribunal responsable, pero se olvidan de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos resultan inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino de si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías, y si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo los de la sentencia que se reclama." En las relatadas circunstancias, ante la inoperancia de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Tomás, Belén Berónica, Pablo, Miguel y Rocío, todos de apellidos Reynel Silva, por su propio derecho, respecto del acto y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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