Tomas Pérez Calderon

Expediente 600/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
600/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Tomas Pérez Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado actual de los presentes autos, de los cuales se desprende que el quejoso, no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida el nueve de marzo de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede a calificar el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "1. Se cobre a la parte quejosa únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional), por concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, respecto de los recibos de pago con números de operación y , expedidos por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la aquí quejosa. 2. Se reintegre la parte que cubrió en exceso. Por lo que, al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita.". EJECUTORIA DE LA SENTENCIA. El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. CUMPLIMIENTO. Mediante oficio número el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitió copia autorizada del cheque de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de expedido a favor del quejoso Motivo por el cual, mediante proveídos de catorce y veinticuatro de febrero, ambos del año en curso, se requirió a la parte agraviada para que compareciera ante dicha dependencia a recoger el documento en cuestión; sin que a la fecha haya acreditado dicha circunstancia, aun y cuando en autos obra constancias de que fue notificada el dieciséis de febrero y dos de marzo, de la anualidad que transcurre. Acto seguido, mediante proveído de nueve de los actuales se dio vista a la parte quejosa, sin que haya desahogado la misma. Así, se tiene que la autoridad vinculada con el cumplimiento autorizó la devolución por la cantidad de ******************** (veintisiete mil setecientos pesos 04/100 moneda nacional); numerario que resulta de restar $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional) -importe estipulado para el derecho recibido- a la tarifa de $16,104.67 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 67/100 moneda nacional) -cobro realizado por el derecho declarado inconstitucional-; multiplicado por dos, que fueron los servicios prestados al quejoso. En consecuencia, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. ARCHIVO Y VALORACIÓN DOCUMENTAL. En esa tesitura, archívese el presente juicio como asunto concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de depuración; en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como, del capítulo Séptimo, punto 7.1, subpunto 7.1.1 y punto 7.3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Finalmente, se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Notario Público Número Ocho del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, sin que surta efecto legal alguno, toda vez que por proveído de nueve del mes y año en curso, se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Cúmplase

  3. Principal

    Visto el estado actual de los autos de los que se advierte que el Director General del Registro Público de la Propiedad y Notariado en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, ha sido omiso en dar cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de ocho de febrero del año en curso, pese a que obra constancia de notificación en autos. En consecuencia, con copia de la demanda requiérasele nuevamente, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para que precise si efectivamente los certificados de pago con número de operación indicados, aparecen a nombre de la parte la parte quejosa y en caso afirmativo, ante que notaria se realizó el tramite respectivo, debiendo adjuntar la boleta y/o boletas de inscripción correspondientes. Bajo el apercibimiento, para el supuesto de no cumplir estrictamente con lo anteriormente descrito dentro del plazo indicado para ello; o bien, de ser el caso, no comunicar la imposibilidad legal o material debidamente justificada que tenga al respecto, el titular de la autoridad en comento, se hará acreedor a una multa por el equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, con fundamento en el contenido de los arábigos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, de acuerdo con lo que se insta en el numeral 4°, fracción I, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con lo que se establece en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal. Cobra aplicación al particular, la Jurisprudencia 1a./J. 163/2005, que resolvió la Contradicción de Tesis 121/2003-PS, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Página 319, Novena Época, Materia Común, (registro digital: 176291), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Además, la Jurisprudencia P./J. 17/97, que resolvió la Contradicción de Tesis 8/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Página 108, Novena Época, Materia Común, (registro digital: 199454), de voz: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." También, la Jurisprudencia 1. 2o. A. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Página 643, Octava Época, Materia Común, (registro digital: 230765), de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA RECABAR DE OFICIO EL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA, ATENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO." Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad, ante qué Notaría Pública se protocolizó el acto traslativo de dominio que manifiesta en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional, pueda integrar debidamente el sumario del juicio en el que se actúa y se cuente con los elementos necesarios y suficientes para emitir la resolución del presente asunto en estricto apego a derecho. Ello, sin que pase inadvertido para este Juzgado, la existencia de la jurisprudencia PC.XVII. J/5 A (11a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ESTÁ JUSTIFICADO QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE PRECISE LOS DATOS DE LA NOTARÍA, LA FECHA DE LA RETENCIÓN DEL TRIBUTO Y LA ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA, CUANDO RECLAMA LA NORMA GENERAL QUE ESTABLECE EL COBRO DEL DERECHO POR LA INSCRIPCIÓN TRASLATIVA DE DOMINIO DE PROPIEDAD INMUEBLE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SI LA PARTE QUEJOSA MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PAGÓ LA CONTRIBUCIÓN EN UNA FECHA DETERMINADA ANTE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA." Sin embargo, en el caso en concreto, no se está previniendo a la parte quejosa, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues en el caso la demanda ya se encuentra admitida. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento precisado en este apartado, se le podrá imponer como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, según lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, ello sin perjuicio de que, se pudiera configurar algún tipo penal en caso de incurrir en falsedad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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