Tomas Muñoz Estrada
Expediente 654/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Tomas Muñoz Estrada
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, la razón de estrados de trece de octubre de dos mil veinte, fijada por la actuaria judicial adscrita a este Órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar que notificó el proveído de tres de septiembre actual, a la parte quejosa, lo que se toma del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
agréguese la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante la cual asentó su imposibilidad para notificar al quejoso ***, el acuerdo de tres de septiembre del año en curso, en virtud de que el mismo fue puesto en libertad absoluta .En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el referido acuerdo, y aún los subsecuentes, por medio de lista que se fije en las instalaciones de esta sede constitucional.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE NUEVE DE OCTUBRE ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO PROVEIDO DE TRES DE SEPTEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE CITA. téngase por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, en el que, a su vez, remite copia certificada del escrito inicial de demanda promovido por **, contra actos del Gobernador del Estado de Morelos y otras autoridades. Lo anterior, toda vez que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, separó la demanda de amparo en virtud de que promueven diversos quejosos con diferentes padecimientos, y por su naturaleza, el juzgador mencionado consideró que deben estudiarse de manera separada ya que cada promovente requiere atención médica especializada, así como para que les suministren los medicamentos necesarios. Consecuentemente, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 654/2020-D-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el suscrito ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del Juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En ese sentido, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las siguientes razones. En el caso, de un análisis del escrito de demanda, se desprende que los actos reclamados que hace valer el quejoso se traducen en esencia en una inadecuada atención médica respecto de diversos padecimientos que presenta. Sin embargo, respecto de dichos actos de molestia, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal que debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo. En efecto, los artículos 107 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contemplan el procedimiento administrativo previo de referencia, el cual se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme con lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. "Artículo 107. Peticiones administrativas --- Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación --- Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: --- I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; --- II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; --- III. Los visitantes; --- IV. Los defensores públicos o privados; --- V. El Ministerio Público; --- VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y --- VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones --- Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. --- Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.". "Artículo 110. Formulación de la petición --- Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. --- La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. --- En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas.". "Artículo 111. Acuerdo de inicio --- Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. --- En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.". "Artículo 112. Trámite del procedimiento --- Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. --- La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición.". "Artículo 113. Acumulación de peticiones --- Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado.". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas --- El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. --- Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. --- Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. --- La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito.". Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige la forma en que deben sustanciarse las peticiones, a saber: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3. Una vez admitida, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por su parte, en el artículo 115 de dicha ley se contemplan los casos urgentes, ante los cuales la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). Hipótesis en que la mencionada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva, en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Lo expuesto pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la falta de atención médica adecuada sobre los padecimientos que presenta, los cuales se estiman ágiles y eficaces para que la interna pueda ver satisfechas sus necesidades. En consecuencia, se llega a la conclusión de que los actos reclamados, entre ellos, la falta de atención médica, es un acto que compromete los derechos el cual el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad; sin embargo, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos ágiles y eficaces para salvaguardar dichos derechos, por tanto, el justiciable debe acudir a ellos a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no se estima excepcionado, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, puesto que, como ya se dijo, la legislación aludida también regula la atención de ese tipo de casos apremiantes. Máxime, que en el caso no se está ante una situación apremiante y de extrema urgencia, razón por la cual se estima que previo a la promoción de este juicio de amparo debe acudir a exponer los actos que pretende combatir ante el juez de ejecución, tal como lo contempla el procedimiento descrito en párrafos precedentes conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata, de acuerdo con los numerales en consulta.
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