Tomás Muñoz Cuevas
Expediente 655/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Tomás Muñoz Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de julio de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de diez de junio de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, el expediente 460/2018, de su índice, constante de dos tomos, remitidas como apoyo a su informe justificado. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de junio de dos mil veintidós. Informes justificados Agréguense los oficios signados por la Diligenciaria y Juez, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes justificados. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se ordenan formar tomos de pruebas Se ordenan integrar las constancias que remite la autoridad oficiante, en dos tomos por separado en los cuales deberá elaborarse la carátula respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación el numeral artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". De la interpretación literal de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio, cuando se pida por personas extrañas a dicho procedimiento. Por lo que, al realizar una aplicación, a contrario sensu, del artículo citado, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve con ese carácter, en realidad, no es persona extraña al juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo título y contenido es: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. Ahora bien, para arribar a lo anterior conclusión, es necesario determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, o bien, a un procedimiento seguido en forma de juicio, en virtud de que en la especie debe dilucidarse si cuando la parte quejosa invoca el juicio de amparo ostentándose como persona extraña por equiparación, como así se pretende hacer valer en el presente asunto, pero de las constancias que se ordenó agregar copia certificada se aprecia de autos que compareció al mismo, o bien, que el procedimiento relativo no ha concluido, se debe sobreseer el juicio de amparo. En efecto, la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas." Tanto la doctrina, como la jurisprudencia, utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas, el concepto de persona extraña al juicio, o bien, a un procedimiento seguido en forma de juicio, es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo, o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otro lado, importa destacar que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque, cuando se sigue un juicio sin llamar a las personas que son titulares de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, o bien, no se les emplaza en forma correcta al juicio, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16, otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En relación con los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso garantizados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido los criterios siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Como se aprecia, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue interpretado por nuestro más alto tribunal, en el sentido de que el derecho de previa audiencia consiste en que nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; Se le otorgue la oportunidad de formular alegatos; y, La autoridad deberá dictar una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, quien acude al juicio de amparo como tercero extraño a una contienda de carácter judicial, pretende desvincular sus derechos jurídicamente adquiridos, bienes ahí afectados y que afirma le pertenecen o posee bajo determinado título, o estima, que debe ser incluido en la relación procesal surgida al considerar que se encuentra legitimado por ser parte sustancial en el juicio que ahí se ventila. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados. En tales condiciones, cuando dentro del juicio o dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, se controvierte un derecho jurídicamente adquirido respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el procedimiento, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Al respecto, se destaca que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa tenía conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio natural, aunque no haya comparecido a él, toda vez que sabía en qué juzgado estaba radicado, el número de expediente y el tipo de juicio de que se trataba; de tal suerte que no puede equiparársele a una persona extraña a juicio, máxime que dicha instancia, no ha concluido por virtud de sentencia definitiva. Establecido lo anterior, importa destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, estimó que el carácter de tercero extraño se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, en el que no se ha dictado sentencia definitiva, aún sin la comparecencia del quejoso al proceso judicial, ya que textualmente, consideró lo siguiente: ".debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adicional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial.". En consonancia con lo anterior, importa destacar el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo título y contenido es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De igual manera, se cita la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De lo anterior, se colige que cuando la parte quejosa conoce de la existencia del juicio a pesar de no haber sido llamada al procedimiento, se desvirtúa su carácter de persona extraña, en tanto que se encuentra en posibilidad de acudir al juicio en defensa de sus intereses. En el caso, del análisis íntegro de la demanda de garantías, así como de las constancias relativas al expediente 460/2018, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, que remitió el Juez responsable, puede colegirse que el impetrante del amparo acude al presente juicio de amparo a reclamar, en esencia: El dictado de la resolución correspondiente a la segunda sección denominado de inventario y avaluó dentro del expediente 460/2018 de los del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, así como, la falta de notificación de manera personal al quejoso Tomás Muñoz Cuevas, y la remisión del juicio natural a la Notaría Pública número Tres sin agotar el procedimiento. Al respecto, la parte quejosa sostiene que las autoridades responsables han violado su derecho fundamental de audiencia, ya que en ningún momento se le permitió defenderse en el juicio, porque no fue llamado a comparecer a dicho juicio, tal como lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, que efectuó bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, se pueden apreciar los siguientes datos: Aduce que fue notificado de manera ilegal por personal del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, con residencia en Calpulalpan, Tlaxcala, sobre la tramitación del juicio 460/2018 de su índice, apersonándose y deduciendo sus derechos en el juicio de mérito; y, que desde entonces hasta la fecha de presentación de su demanda ante este órgano jurisdiccional, no se le ha practicado ninguna notificación, a pesar de haber señalado domicilio. Refiere que desconoce la fecha de emisión del auto que declara procedente la separación del procedimiento y la remisión de los autos de la Notaria Pública número tres, sin consentimiento del aquí quejoso y sin encontrarse agotadas las etapas que forman el Juicio Sucesorio Intestamentario. Dichas manifestaciones son aseveraciones voluntarias y espontáneas del peticionario de garantías que constituye una confesión expresa que en términos de los artículos 95, 197 y 201, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen pleno valor probatorio, pues produce el efecto de una presunción, sin que exista otra prueba que la contradiga. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del tomo XII, diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el del siguiente tenor: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa.". También es aplicable la tesis aislada I.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Asimismo, del análisis de los informes justificados de cuenta, se advierte que las autoridades responsables exponen lo siguiente: ". Es cierto el acto reclamado. toda vez que en este Juzgado se encuentra radicado el expediente número 460/2018, relativo al Juicio Intestamentario a bienes de Bernardina Cuevas Herrera y/o Bernanrdina Cuevas y Pedro Muñoz Cuevas y Rubén Muñoz Cuevas, juicio que se agotó en las diversas etapas; sin embargo, mediante diligencia de fecha once de octubre del año dos mil dieciocho, al hoy quejoso se le hizo saber de la tramitación de la presente intestamentaria, para que se apersonara si a sus interese convenía; promoviendo el hoy quejoso amparo indirecto ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, recayendo el número 959/2018-V, el cual se sobresee el dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, asimismo el siete de noviembre del año en cita, el hoy quejoso promovió Incidente de Nulidad de Actuaciones, el que se declaró improcedente por resolución interlocutoria de dieciséis de abril de año dos mil diecinueve; asimismo por escrito presentado en el Oficialía de Partes de este Juzgado, se apersono al presente Juicio, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; por resolución de cuatro de marzo del año dos mil veinte, se declaró únicos y universales herederos a Noelia, Rubén y Tomas todos de apellidos Muñoz Cuevas, y se nombró albacea definitivo; asimismo por auto de veintinueve de octubre del año dos mil veinte, se formó por cuerda separada la segunda sección el cual fue debidamente notificado el trece de abril del año dos mil veintiuno, la que se resolvió el veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno, aprobándose el inventario y avaluó, misma que fue notificada el veintiocho de septiembre del año en cita." Lo anterior, se corrobora con el juicio natural y cuaderno correspondiente a la segunda sección del Juicio Intestamentario a bienes de Bernardina Cuevas Herrera y/o Bernanrdina Cuevas y Pedro Muñoz Cuevas y Rubén Muñoz Cuevas, que remitió el Juez responsable, de las cuales no se advierte que en el mismo, a la fecha de la presente determinación, se haya dictado sentencia, pues se finalizó la segunda sección de dicho juicio sucesorio. Documentales públicas aludidas que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo. En tales condiciones, al no haber concluido el juicio sucesorio intestamentario, es razón suficiente para desvirtuar el carácter de persona extraña con la que se ostenta el quejoso, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento antes de que hubiere concluido el juicio. Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio antes de que concluyera, opta por intentar la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña a éste, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu. En efecto, por una parte, el impetrante de garantías se ostenta como persona extraña al aludido juicio sucesorio intestamentario y a través de la tramitación y resolución del presente juicio pretende figurar en la relación jurídica procesal, pues estima que le afectan las determinaciones que se están dictando dentro de dicho juicio; sin embargo, de los datos obtenidos de la demanda de garantías y de las copias certificadas que remitieron las autoridades responsables como anexo a su informe con justificación, este órgano de control constitucional advierte que, contrario a lo que aduce, no le reviste carácter de tercero extraño, ya que el juicio de origen se admitió el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el cual aún se encuentra en trámite y no se ha dictado la sentencia definitiva, por lo que, se arriba a la conclusión de que el juicio sucesorio intestamentario que ahí se ventila no se encuentra concluido y se encuentra en aptitud de comparecer a dicho procedimiento para hacer valer lo que a su derecho convenga. En tales condiciones, no es dable que Tomas Muñoz Cuevas, acuda al juicio de garantías como tercero extraño al juicio sucesorio intestamentario en comento, porque se enteró de su tramitación sin que en este se haya dictado sentencia que le haya puesto fin, por lo que el promovente de amparo está en aptitud de acudir a dicho procedimiento en defensa de sus derechos, esto es, a ejercer su garantía de audiencia. Máxime que como refieren las autoridades responsables el quejoso Tomas Muñoz Cuevas, promovió amparo indirecto, mismo que tocó conocer por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, radicándose con número 959/2018-V, el cual se sobreseyó fuera de audiencia el dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, respecto de los actos reclamados; por lo que, en vía de consecuencia, se sobresee en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De igual manera, se cita la tesis VI.2o.C.597 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." Por lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas ocho minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de junio de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese el oficio signado por el Notario Público Número Tres de la Demarcación de Ocampo, Calpulapan, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de junio de dos mil veintidós. Parte quejosa señala autorizado en términos amplios. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Tomas Muñoz Cuevas, en atención a su contenido, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Martínez Robledo, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
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