Tomás Munive Osorno
Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Tomás Munive Osorno
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 649/2020-III. Desechamiento de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 203196 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis de la demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, porque el escrito de mérito carece de firma electrónica del quejoso, lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley" Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107, fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, al señalar que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, lo cual rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego, pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Por otra parte, se precisa que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En ese tenor, es destacable lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se estima como un aspecto relevante precisamente para brindar mayor certeza a los justiciables y permita el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces sucede lo mismo respecto a la firma electrónica que produce ese efecto. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la demanda fue presentada en línea, en cuya parte final aparece una firma en el nombre del promovente; sin embargo, no se encuentra firmada electrónicamente por ella, sino que aparece como firmante **********, como se aprecia de la evidencia criptográfica anexa al escrito recibido. Respecto a ello, es importante mencionar que de la demanda de amparo que se analiza, se aprecia la especificación de que el titular de la firma electrónica es Hugo René Temoltzin Carreto. Empero, tal circunstancia no actualiza el requisito de procedencia del juicio de amparo al que nos hemos venido refiriendo, atinente al principio de instancia de parte, al ser evidente que no se puede suplir la voluntad de los directamente afectados por los actos reclamados,. Por tanto, es evidente que aun y cuando la demanda de amparo cuente con la rúbrica del quejoso y con una firma electrónica, lo cierto es que ésta última no corresponde a la del quejoso y, por ello, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario. En consecuencia, si la demanda no se encuentra suscrita electrónicamente por el interesado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente, sin que obste para ello que cuente con el estampado de firma en su nombre, pues la demanda se recibió en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, empleando para ello el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Ante estas circunstancias, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia P. J. 32/2018 (10 a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2018943 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2018 (10a.) Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Máxime que no se reclaman actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que no se está en el supuesto de prescindir de la firma electrónica de la agraviada para proceder a la admisión de la demanda; además de que no se observa narrativa alguna que haga referencia a que esté imposibilitada para presentarla de manera física. Es aplicable a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: "Época: Décima Época Registro: 2019715 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 26 de abril de 2019 10:30 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 8/2019 (10a.)" "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por TOMÁS MUNIVE OSORNO. Autorizados en términos amplios. En diverso orden de ideas, no ha lugar a tener a los profesionistas que refiere como delegados, toda vez que de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, esa es una facultad exclusiva de las autoridades responsables. No obstante ello, se tiene como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados Hugo René Temoltzin Carreto, Erica Sánchez Hernández y Ana Karen Herrera Leal, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que indica. Autorización para consulta de expediente electrónico. Ahora bien, como lo solicita el ocursante, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se permite la consulta al expediente electrónico, del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia Hugo René Temoltzin Carreto, así como que las notificaciones que emanen del presente sumario se realicen por esa vía con el usuario huteca. Por tanto, se comisiona a la Analista Juri´dica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el alta correspondiente en el sistema. Proporciona correo y número telefónico. No obstante lo anterior, se le tiene por señalados los correos electrónicos huteca.12@gmail.com y consultoriaintegrallegalhm@gmail.com, así como el número telefónico 246 490 08 29; como una forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Asimismo, se especifica que en caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ( Transparencia y datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese vía electrónica con efectos de notificación personal. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Mercedes Salazar Ávila, que autoriza. Doy fe.KDFS
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